A la Opinión Pública Nacional

La Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa
Cruz (FSUTC-SC), la Federación Sindical de Colonizadores
Productores Agropecuarios de Santa Cruz (FSCPA-SC), Coordinadora
de Integración de las Organizaciones Económicas Campesinas de
Santa Cruz (CIOEC-SC), la Federación Departamental de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa (FDMC-BS), el Movimiento Sin Tierra de
Bolivia (MST-B) y el MST regional Santa Cruz, ante el ACUERDO
CAO- CONFEAGRO y GOBIERNO de fecha 5 de abril de 2004,
denunciamos y declaramos lo siguiente:

El presidente Mesa al asumir el gobierno en octubre de 2003
comprometió erradicar la corrupción instaurada por Sánchez de
Lozada y sus antecesores en la institucionalidad agraria. Sin
embargo, durante estos 6 meses, nunca hubo una voluntad política
clara para reconducir el proceso agrario en su conjunto. La
principal medida planteada por el gobierno para encarrilar el
proceso fue la búsqueda del diálogo y la concertación,
"sinceros", como se nos dijo a través de espacios de diálogo
multisectoriales a partir de la institucionalidad, como las
Comisiones Agrarias Departamentales. Pero no obstante nuestra
activa asistencia a éstas, en ellas fuimos utilizados como parte
de shows mediáticos para engañarnos y prolongar así la
indefinición de los problemas centrales planteados. Por el
contrario, nuestra Plataforma de Demandas presentadas a nivel
nacional, ha sido vergonzosamente respondida, lo que se explica
con la publicación del convenio que estamos denunciando:

1. Sobre el punto 1: "Dejar sin efecto la comunicación interna
No. 009/2004 de 18 de febrero de 2004 emitida por el
Director Nacional del INRA Dr. Alcides Vadillo", referida a
restituir la vigencia de la Constitución y la Ley INRA, en
relación a que el principal medio de establecer el
cumplimiento de la Función Económica y Social en
propiedades, es la comprobación directa en el terreno que
hace el INRA en las Pericias de Campo, desechando las
certificaciones de vacunas y otros papeles como medio idóneo
para consolidar latifundios. En consecuencia, la anulación
de esta comunicación interna viola la Constitución Política,
la Ley 1715, sus reglamentos, y la jurisprudencia del
Tribunal Agrario, constituyéndose en una forma de
corrupción, para consolidar derechos sobre grandes
extensiones de tierras improductivas por parte de supuestos
propietarios. Esta disposición fue una exigencia de los
sectores sociales y comprometida por el Delegado
Presidencial, que ahora borra con el codo lo que estuvo
mediáticamente promoviendo, la restitución de la legalidad
al proceso agrario.

2. Sobre el punto 2: "Crear un mecanismo que permita informar
toda iniciativa de modificación a las normativas vigentes
agrarias para concertarlas con los sectores productivos".
Con este punto se excluye a las organizaciones campesinas e
indígenas para privilegiar acuerdos bilaterales entre
gobierno y supuestos sectores productivos que solo
benefician a latifundistas y traficantes de tierras.

La concertación de políticas agrarias es una propuesta de
nuestras organizaciones precisamente para evitar que se
aprueben normas inconsultas, como los decretos supremos que
favorecen a los madereros (D.S. 27024), FFAA (D.S. 27068),
barraqueros y latifundistas, que fueron emitidos en los
últimos meses de la gestión de Sánchez de Lozada.

3. Sobre el punto 3: "El gobierno se compromete a exigir a la
Cámara de Diputados la inmediata institucionalización de la
Dirección Nacional del INRA, existiendo también el
compromiso de institucionalizar posteriormente todos los
cargos del INRA tanto Nacional como Departamental". Las
organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia, hemos
exigido al gobierno durante muchos años atrás una verdadera
re-institucionalización del INRA Nacional y en todos sus
niveles, por haber sido copado y/o tomado por los grupos de
poder aglutinados en los Comités Cívicos, CONFEAGRO, CAO,
FEGASACRUZ, CAINCO, ANAPO y otros gremios empresariales. Lo
que se pretende con este punto es, con el apoyo del bloque
latifundista del parlamento, restituir a su favor el control
de la institucionalidad agraria. Así se ha comenzado con la
designación interina del Director Departamental del INRA
Santa Cruz, Guillermo Rivero, sin considerar los acuerdos
concertados en la CAD. Esta persona ha gestionado y firmado
las famosas "conciliaciones" por las que varios Pueblos
Indígenas, como el Guarayo, Guaraní y otros han perdido sus
territorios en manos de latifundistas ilegales, de quienes
fue el principal representante en el INRA de la era Salomón.

4. Sobre el punto 4: "Constituir una comisión técnica para
elaborar el Reglamento del Plan de Ordenamiento Predial,
establecido en la Disposición Adicional II de la Ley 2493 y
Revisar la implementación del D.S. 27145 referido a plazos y
precios de adjudicación". La Disposición adicional II de la
Ley 2493, introducida en la época de Sánchez de Lozada, ha
sido uno de los más grandes atentados al proceso agrario en
su conjunto. Esta norma, inconsulta e inconstitucional
pretende que las Pericias de Campo que realiza el INRA, como
representante del Estado en el saneamiento con el concurso
de los actores sociales, lo realice un consultor contratado
por el latifundista de turno, con el cual se pondrán de
acuerdo en la consolidación total de su predio, eternizando
la tenencia inequitativa de tierras para latifundistas
improductivos obscureciendo además el desarrollo de todo el
proceso de saneamiento. El Poder Ejecutivo se comprometió a
su abrogación ante el Parlamento, en las instancias de
diálogo conjuntas que se tuvieron, sin embargo, han decidido
responder a sus sostenedores históricos, el agropoder del
Oriente, reglamentando la disposición en lugar de promover
su abrogación. El D.S. 27145 establece un régimen de pago de
precios de adjudicación para medianas y grandes propiedades
a precios de "gallina muerta", el que ahora exigen modificar
pretendiendo que se les "regale" la tierra con los fraudes
obscuramente realizados sin pagar el precio de mercado en
los plazos y precios que establece la ley, como el caso
Petrisevic-Valdez-Pérez-Yoma.

Por todo lo expuesto, y ante el doble y traicionero discurso que
ha venido manejando el Gobierno a través del Prefecto del
Departamento, el Delegado Presidencial, los Ministros y el INRA,
que han terminado doblegándose ante los grupos de poder de
traficantes de tierras ilegales y latifundistas:

1.- Declaramos la RUPTURA TOTAL DE TODO DIÁLOGO CON EL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL respecto al tema tierra.

2.- Rechazamos y desconocemos total y absolutamente el ACUERDO
REUNION GOBIERNO-"SECTORES PRODUCTIVOS" (CAO-CONFEAGRO) de fecha
5 de abril de 2004, por ser violatorio a nuestros Derechos
Humanos fundamentales y violatorio a los acuerdos precedentes con
nuestras organizaciones regionales y nacionales.

3.- Repudiamos y condenamos el doble discurso de las autoridades
de gobierno firmantes de este acuerdo, por haberse parcializado
con los grupos de poder agropecuario y haber traicionado sus
compromisos con el cumplimiento de la Constitución y la Ley a
nombre del Presidente de la República.

4.- Exigimos la inmediata destitución de Guillermo Rivero,
Director Departamental interino del INRA Santa Cruz por ser el
principal gestor de las ventas de tierras en las TCO Guarayos,
TCO del Pueblo Guaraní y otros a favor de traficantes de tierras
y terceros ilegales que no tenían posibilidad de consolidar sus
latifundios, afectando derechos territoriales de comunidades
campesinas e indígenas.

5.- Comunicamos a la opinión pública que las organizaciones
indígenas y campesinas del Bloque Oriente nos declaramos en
estado de emergencia y movilización permanente a partir de la
fecha, en defensa de nuestros derechos territoriales.

Santa Cruz de la Sierra, 7 de abril de 2004.

Manuel Dosapey
Presidente
Coordinadora de Pueblo Étnicos de Santa Cruz

Remberto Gonzáles
Presidente del Tribunal de Honor
Federación Sindical de Colonizadores de Santa Cruz FSCPA-SC

Benigno Vargas
Secretario Ejecutivo
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz

Segundina Flores
Secretaria Ejecutiva
Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa

Silvestre Saisari
Presidente MST-Santa Cruz

Mario Espinoza
Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas
Campesinas-
CIOEC-Santa Cruz

Marisol Solano
Secretaria de Organización CPESC

Carlos Moye
Secretario de Comunicación CPESC

Florencio Orcko
Secretario de Relaciones Internacionales MST-Bolivia

Wilfor Colque
Secretario de Actas
MST-Bolivia

Lidia Choque
Secretaria de Organización FDMCBS