A la opinión pública nacional e internacional:

La madrugada del día 12 de noviembre, aproximadamente 400 elementos
de la PJF realizaron un operativo con el objetivo de efectuar 22
ordenes de cateo en la comunidad de los Chorros (Altos de Chiapas),
este operativo ha conseguido crear un escenario de mayor
inestabilidad en el estado; uno de sus resultados es que la población
desplazada desde 1997 en esta zona, ha quedado a merced de las
amenazas paramilitares y sin ninguna garantía de seguridad y
protección por parte de las autoridades gubernamentales. Otra de las
consecuencias con esta "aplicación de la ley", ha sido dejar a la
región al borde de un enfrentamiento generalizado.

La pasividad notoria de los militares frente a la emboscada en el
crucero Majomut a elementos de la PGR por parte de la población
priísta, quienes llegaron a utilizar armas de alto poder, nos lleva a
preguntarnos sobre la posibilidad de pugnas internas y posiciones
antagónicas dentro de la esfera del poder federal, las Fuerzas
Armadas y la PGR para resolver el conflicto en Chiapas.

El argumento con que se valieron las autoridades federales fue
garantizar la tranquilidad en la toma de posesión de Pablo Salazar
como nuevo gobernador el próximo 8 de diciembre. Contario a estos
argumentos, el resultado nos hace pensar que pretenden generar mayor
inestabilidad en el estado para que el cambio de poderes no se lleve
a cabo en un ambiente de distensión.

La Secretaria de Gobernación ha declarado que los elementos de la PFP
que llegaron el 11 de noviembre al estado no participaron en el
operativo, pero hasta ahora no existe ninguna explicación del
paradero y las actividades ha realizar por esta corporación. La
presencia de la PFP contribuye, aún más, a la fuerte militarización y
presencia policiaca en comunidades y municipios del estado,
manteniendo un clima de temor hacia la población indígena.

Las autoridades federales pretenden hacernos creer que están actuando
legítimamente con los operativos realizados por la PGR contra los 11
paramilitares, miembros de Paz y Justicia y contra los paramilitares
de Chenalhó, pero sus resultados han sido poco fructíferos.

Los operativos demuestran que las autoridades federales han aceptado
la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, aunque el
Secretario de Gobernación niega la existencia de dichos grupos
armados en la conferencia de prensa realizada el 13 de noviembre,
contradiciendo lo que el mismo día, el sub Secretario de Gobernación
responde a un reportero cuando se le pregunto "¿De esta forma (con
los operativos) se reconoce que hay grupos paramilitares que operan
en el estado de Chiapas? la respuesta fue: "Por supuesto, hay
inclusive un órgano creado especialmente para sancionarlos..."

En el caso de la detención de los miembros de Paz y Justicia, faltan
muchos por aprehender, no sólo quienes operan en las comunidades. Si
es verdad que la PGR quiere aplicar la ley, debe llegar hasta las
esferas del poder federal y estatal, debe investigar los posibles
nexos de este grupo con Carlos Torres López, Raymundo Trujillo
Hernández, Julio Cesar Ruiz Ferro, Uriel Jarquin, Roberto Albores
Guillen, Areli Tovilla y el General Mario Renán Castillo.

La acción de las autoridades federales contra los 11 miembros de Paz
y Justicia se basa en los actos de despojo ocurridos el pasado 3 de
agosto en la comunidad de El Paraíso municipio de Yajalón, y es en
estos hechos que se inicia la averiguación previa contra los 11
paramilitares, siendo que las acciones ilegales están documentadas y
denunciadas desde hace 5 años, comenzando con el asesinato de Pascual
Sánchez en manos del entonces presidente municipal de Tila, Jesús
Celis Guillen en marzo de 1995; hasta el último asesinato de Juan
López Gómez el 16 de octubre de este año.

La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos humanos ha
documentado una serie de acontecimientos que se han suscitado en
diferentes comunidades de la zona posterior a la detención de los 11
paramilitares, documentados el 9 de noviembre en la prensa nacional.

Organizaciones sociales documentaron que el díal 17 de octubre hacia
las 20 horas, miembros del ejercito federal a bordo de un vehículo
Hummer se detuvieron en la comunidad de Chinal frente a la casa del
dirigente de Paz y Justicia, Evelio López Montero. En ese momento los
militares entregaron 6 armas G-3 envueltas en una lona y uniformes de
seguridad pública para los miembros de Paz y Justicia. Este hecho
evidencia la complicidad entre militares y grupos paramilitares.

El fallido operativo en Chenalhó el pasado 12 de noviembre y la
detención de sólo algunos de los paramilitares de Paz y Justicia, han
aumentado las tensiones en el estado y reduce aún más la posibilidad
de una solución pacifica al conflicto armado, como también lo
demuestra el decreto presidencial que pretende legalizar el despojo
de 3.5 hectáreas de tierras comunales en en el ejido Amador
Hernández, a favor del ejercito federal para construir la Septima
Compañia de Infantería no Encuadrada, especialista en lucha
antiguerrilla. Confirmando la tendencia política de continuar la
guerra en contra de las comunidades zapatistas violentando las leyes.

Es necesario reflexionar y llegar al fondo de estos actos que se
presentan en tiempos donde existe un vacío de poder y donde los
gobiernos federal y estatal entrantes, aun no dan muestras de un
proyecto claro de solución al conflicto en Chiapas, tampoco de las
iniciativas que pretenden emprender para una posible paz con
justicia.

Por todo lo anterior los abajo firmantes exigimos:

1. Se amplíe la investigación para incorporar las denuncias que han
quedado archivadas desde 1995, pues los 11 paramilitares detenidos el
27 de octubre pretenden escudarse en el membrete de la UCIAF para
deslindarse de Paz y Justicia y quedar libres de los delitos
cometidos desde su fundación.

2. Condiciones y garantías de seguridad para que retornen los
desplazados en la zona Norte, en Chenalhó y en otros puntos del
estado, así como la indemnización de las familias que han sufrido las
atrocidades de Paz y Justicia, de MIRA, los Chinchulines, Alianza San
Bartolomé de los Llanos y los paramilitares de Chenalhó.

3. Garantías de seguridad física para los testigos en estos procesos,
así como quienes coadyuvan para ampliar las denuncias contra los
paramilitares de Paz y justicia es decir, la Red de Defensores
Comunitarios de Derechos Humanos; hacemos responsables a las
autoridades federales y estatales de cualquier agresión física o
psicológica contra su persona.

4. Garantías de seguridad para los desplazados de Chenalhó y los
miembros de la organización de Las Abejas, quienes están amenazados
de muerte por los paramilitares.

5. Que los operativos contra los paramilitares no sean pretexto para
una mayor militarización y agresión contra población civil y bases de
apoyo del EZLN.

6. Que se derogue el decreto expropiatorio de las tierras comunales
del ejido Amador Hernández, exigimos el cabal cumplimiento del
acuerdo 169 de la OIT.

7. Un pronunciamiento público del gobernador electo, Pablo Salazar,
sobre los compromisos y pasos a dar para que se investigue
funcionarios públicos implicados en la guerra sucia emprendida desde
el levantamiento armado en 1994.

8. Del presidente electo, Vicente Fox, la sensibilidad y coherencia
necesaria para dar los pasos necesarios y urgentes, para dar
cumplimiento a las cinco demandas mínimas del EZLN para así poder
pensar en la verdadera realización de un diálogo nacional.

San Cristóbal de las Casas 14 de noviembre de 2000

Firman:

Enlace Civil,
Kinal Antzetik,
COLEM,
Junax,
CIAM,
Chiltak,
FOCA,
Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos,
Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas",
Coordinadora de Contacto Regional de los Altos de Chiapas para la
Consulta Zapatista