Durante los últimos meses grupos armados han protagonizado atropellos contra
la vida, integridad y libertad de miembros de organizaciones campesinas que
mantienen posesiones de tierras en las extensas zonas de bosques húmedos
tropicales del cantón Quinindé, las cuales la empresa maderera Botrosa
recibió por parte del INDA, determinándose que más de 2.000 Há de estas
tierras están ubicadas dentro del patrimonio forestal del Estado, por tanto
no explotables por las compañías madereras.

Además de la destrucción de bosques primarios que ningún proyecto de Manejo
Forestal Sustentable podría reparar, durante los últimos años, las presiones
que la empresa Botrosa (Grupo Durini) ha ejercido ante las autoridades y el
Gobierno hizo que la Ministra de Medio Ambiente, en junio de 1999, solicite
al comandante general del Ejército que disponga que las unidades acantonadas
en el sector brinden apoyo a la guardia forestal y a los presuntos
propietarios de las empresas del Grupo Durini para que los posesionarios sean
reprimidos. Esta y otras presiones determinaron que los campesinos afronten
varios desalojos, juicios, persecución, arrestos arbitrarios, amenazas de
muerte, además de la parcialización de las autoridades y de los jueces.

La situación ha empeorado en el último semestre de este año, debido a la
presencia cada vez mayor en la zona de hombres armados que trabajan para la
compañía de Seguridad Tecnoaces, dando seguridad a Botrosa. A fines de
Agosto, aproximadamente 80 hombres armados, quienes vestían ropa militar y
portaban fusiles, revólveres, machetes y bombas lacrimógenas, secuestraron a
una veintena de campesinos de la Asociación Agrícola y Ganadera "Ecuador
Libre". Amarrados las manos, golpeados despojados de los alimentos que
transportaban, los campesinos fueron llevados al campamento "Nueva Vida" de
la empresa Botrosa, permaneciendo tres días encerrados en un cuarto. Uno de
los agraviados denunció ante el Juez IV de lo Penal de Esmeraldas:
"Utilizando una carabina, uno de los captores me introdujo el cañón en la
boca y me obligó a fumar mariguana, amenazándome de muerte". Algunos
campesinos dijeron que fueron sumergidos en una fosa de agua hasta
provocarles estados de asfixia; luego las personas secuestradas fueron
liberadas por presión de los habitantes de Hoja Blanca. La diligencia médico
legal que se practicó a los agraviados determinó en uno de los casos
incapacidad física de 40 días; otros 11 miembros de la Asociación quedaron
inhabilitados para el trabajo, entre 8 y 21 días. Algunos presentaban
escoriaciones circulares con equímosis en las muñecas y en un caso una
equímosis por golpe de machete.

La anuencia de las autoridades a favor de la impunidad hizo que durante la
última semana de octubre, hombres armados que según la denuncia cumplían
órdenes del jefe de operaciones de la empresa de seguridad Tecnoaces,
participaran en nuevos sucesos que derivaron en hechos de violencia que
afectan a lambas partes del conflicto e incluso a personas por el sólo hecho
de vivir en el sector en disputa. El 24 de octubre, hombres armados
cubiertos el rostro con pasamontañas mediante disparos realizados cerca de la
vivienda amedrentaron a José Aguilar, pequeño propietario de un lote ubicado
2 horas de la población de Hoja Blanca. Al siguiente día, José Aguilar, Luis
Alfonso Macas y su hijo Jorge fueron secuestrados por los hombres armados.
Amarrados con cabos, éstos fueron llevados hasta la montaña; ahí
permanecieron hasta el 27 de octubre cuando los dejaron libres. Una de las
personas que los custodiaba era Miguel Padilla, quien había participado en
hechos similares denunciados a las autoridades. Mientras esto ocurría,
hombres del mismo grupo armado se llevaron las pertenencias de las casas de
los secuestrados. En igual forma, la señora Esperanza Maldonado, esposa del
señor Macas, sufrió agresiones físicas; además su cama fue incendiada. José
Aguilar fue golpeado en la cara con el mango de un machete y aún sufre
secuelas de dolor y limitación de movimientos de la mandíbula; Macas sufre
dolor de espalda a causa de los planazos de machete; además recibió un
impacto de bala y perdigones. Adicionalmente, José Aguilar denunció que
mientras lo mantenían secuestrado, los hombres armados le pidieron una
elevada suma de dólares, sus vacas y que salgan de la propiedad porque ésta
será para la empresa maderera Botrosa.

Según la denuncia, entre los atacantes también fueron reconocidos seis
"guardabosques" de Botrosa. Posteriormente, uno de causantes del atropello
acusó a José Aguilar de ser cómplice de los supuestos "invasores" porque
éstos supuestamente "se refugian en su propiedad". Ante la amenaza por parte
de los grupos armados que dan seguridad a Botrosa de que en los próximos días
éstos volverán para quemar su vivienda, José Aguilar viajó a Quito para pedir
a las autoridades que tomen medidas tendientes a cautelar su integridad
física y la de su familia, también para que se proteja su propiedad y sus
pocos bienes logrados durante toda su vida.

La CEDHU ha solicitado a las autoridades del Gobierno que se investigue la
presencia de grupos armados que aseguran que trabajan para la empresa de
seguridad "debidamente legalizada y autorizada para portar armas y dar
protección a la Cía Botrosa". Exige que se ponga freno a este tipo de abusos
que se cometen a nombre de la promoción de la inversión nacional y extranjera
en una zona en que la pobreza de sus habitantes contrasta con los grandes
recursos que se extraen de sus bosques. Estos hechos comprometen la
necesaria imparcialidad de la Justicia y deterioran el Estado de Derecho. En
igual forma, alerta sobre la gravedad de hechos de esta naturaleza que tienen
como deplorable antecedente similares sucesos que en escalada hace algunos
años derivaron en el asesinato de Julio Cabascango, dirigente indígena de la
comunidad de Huaycopungo. Señala que la presencia en el Gabinete de Gobierno
del Ingeniero Roberto Peña Durini, principal accionista de la empresa
maderera Botrosa, no puede ser un factor que aliente la impunidad de los
grupos armados y las compañías de seguridad privada que brindan protección a
esta empresa.

Quito, 6 de noviembre de 2000

Hna. Elsie Monge,
Directora Ejecutiva de la CEDHU,
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos