Delegados y Delegadas de Colombia y Venezuela, en
representación de comunidades y organizaciones de pueblos indígenas,
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de
derechos humanos y de la iglesia católica, nos hemos reunido en
Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Venezuela, durante los días
19,20,21 de agosto de 2003 con el objetivo de capacitarnos e
informarnos acerca de la situación de los pueblos indígenas
fronterizos, en el marco de la legislación nacional e que protege
a las poblaciones desplazadas solicitantes de asilo nacional o
refugiadas, los derechos de los pueblos indígenas y de la lucha
contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, y la
defensa de los recursos naturales y culturales. Luego del fructífero
diálogo binacional,

DECLARAMOS QUE:

1.Las experiencias de los pueblos fronterizos e indígenas de Arauca,
Vichada, Vaupés y Guainía de Colombia y de los Estados Apure y
Amazonas de Venezuela indican que éstos están afectados en diverso
grado por la intensificación y degradación del conflicto armado
interno en Colombia, y la implementación del Plan Colombia_. La
autonomía de los pueblos indígenas viene siendo afectada
negativamente por el creciente desconocimiento de ésta por todos los
actores armados: Fuerzas Armadas y de Policía de ambos países,
autoridades civiles, guerrillas y para militares colombianos,
narcotraficantes y contrabandistas, quienes utilizan los territorios
ancestrales como escenarios bélicos y de operaciones en el lado
colombiano; reclutando jóvenes, niños y niñas indígenas.

2. En territorio colombiano persisten graves violaciones de los
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que atacan
la integridad de los pueblos y territorios indígenas, y se expresan
en el deterioro de la cultura propia, la explotación ilegal e
irracional de los recursos naturales y de biodiversidad, la
implementación de políticas públicas en la práctica, que garanticen
la educación, la salud, los servicios básicos, la libre movilización
y calidad de vida; agravado todo esto por los asesinatos selectivos,
los desplazamientos forzados y las amenazas generalizadas,
empeoradas por las llamadas medidas de Seguridad Democrática del
Gobierno de Alvaro Uribe.

3.En Venezuela los pueblos indígenas amazónicos tienen problemas no
resueltos aún como el incremento de acciones de minería, practicadas
por colombianos, venezolanos y brasileros, en contravención a
disposiciones sobre áreas bajo régimen de administración especial,
ABRAE, por ser dichas zonas parques nacionales, acciones ligadas a
redes del narcotráfico y de tráfico de armamentos y combustibles
frente a lo cual el Estado no ha coordinado acciones o lineamientos
puntuales con las organizaciones y comunidades de pueblos indígenas
y fronterizos, sino que su respuesta ha sido una mayor presencia de
fuerzas militares (Ejército y Guardia Nacional) y policiales que se
han desplegado en diversos puntos críticos de la frontera con
Colombia. Esto ha provocado varios fenómenos que van desde su
omisión por el control de una vasta zona del municipio Atabapo y
otros municipios del Estado Amazonas, por poderosos grupos
económicos y transnacionales, que alrededor de la explotación de
minas de oro, han ingresado numerosas dragas a los ríos y zonas
donde hay yacimientos auríferos, en asentamientos de población
indígena. Éstos han establecido un verdadero estado de terror
ejercido por individuos armados a su servicio, que desencadenan
frecuentes asesinatos, que han quedado en la impunidad; impiden el
libre tránsito de las poblaciones indígenas, y producen acciones de
acoso sexual y prostitución de mujeres y adolescentes de la zona y
utilizan sin contrapartida los escasos recursos con los que cuenta
la población indígena.

4. Los pueblos indígenas de la frontera siguen enfrentando serios
problemas ambientales y económicos por el mantenimiento de
depredadores ecológicos que entran en sus territorios con fines
extractivos a través de la explotación de madera, pesca sin
criterios de sostenibilidad y minería a través del despliegue de
dragas en el Parque Natural Yapacana, ubicado en el municipio
autónomo Atabapo, en la confluencia de los ríos Ventuari y Orinoco,
y en el Alto Siapa, municipio autónomo Río Negro, colindante con el
departamento de Guainía y el Estado Amazonas de Brasil.

5.El proceso de demarcación de los territorios indígenas venezolanos
no se ha implementado aún por la falta de voluntad política de la
Comisión Nacional de Demarcación para la búsqueda de los recursos
necesarios, ante el reconocimiento a la territorialidad indígena en
Colombia, con la titulación de resguardos, y plantean un obstáculo
para el ejercicio del derecho de la doble nacionalidad, que se vive
en la práctica con más rigor para familias indígenas colombianas que
cruzan la frontera huyendo de la violencia.

6.No se han activado oportunamente los instrumentos internacionales
de derechos humanos que los Estados venezolano y colombiano se han
comprometido a cumplir, en especial las acciones de prevención de
desplazamiento, la protección de las personas civiles contra ataques
armados y la actuación ante la persistencia de amenazas que no son
investigadas, ni sus autores perseguidos o sancionados.

7.La persistente corrupción administrativa en ambos países
profundiza y agudiza la discriminación racial contra los pueblos
indígenas binacionales e invisibilizar la vulneración de los
derechos económicos, sociales y culturales de estos pueblos.

8.El diseño, puesta en marcha y proyección de mega proyectos de
explotación, exploración, transporte y comercialización de recursos
de la biodiversidad representan una vulneración de todos los
derechos de los pueblos indígenas a su libre determinación,
autonomía cultural y política y ocasionan ataques constantes contra
esta población.

Teniendo en consideración los puntos anteriormente expuestos y en
virtud de los instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales
de Derechos Humanos,

RESOLVEMOS:

1.Afirmar nuestra decisión de atender, como hermanos y hermanas y no
como extraños, a las personas y comunidades indígenas y criollas que
comparten la frontera y que se vean en la situación forzosa de
desplazarse de Colombia a Venezuela por causa de la violencia,
proporcionarles la ayuda y solidaridad que requieran, de acuerdo a
las capacidades de las comunidades receptoras y, demandar a las
instituciones gubernamentales e intergubernamentales, como el ACNUR,
encargadas de la atención humanitaria que cumplan con su mandato.

2.Reiterar nuestra decisión de mantener la autonomía de los pueblos
indígenas frente a los grupos armados y sin involucrarnos ni
individual ni colectivamente con las partes en conflicto,
propendiendo por la realización de diálogos, previa consulta y de
manera conjunta con las organizaciones de los pueblos indígenas.

3.Demandar a los gobiernos de Venezuela y Colombia la
implementación de disposiciones legales inmediatas que pongan en
concordancia la legislación nacional con el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los pueblos
indígenas. En particular, exigir la agilización de procesos de
demarcación y titulación de territorios indígenas, imprescindibles
para la existencia de estos pueblos minoritarios.

4.Demandar a los gobiernos de Colombia y Venezuela la incorporación
de delegados y delegadas indígenas en las Comisiones Binacionales
Fronterizas y en las Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos y
de Integración, para que tomen en cuenta la realidad indígena y la
experiencia de vivencia de los pueblos indígenas que habitan en
ambas zonas.

5.Enfatizar las disposiciones sobre la doble nacionalidad de la
identidad de los indígenas que comparten fronteras, a fin de evitar
acciones de discriminación por parte de las autoridades migratorias
o de control estatales.

6.Exigir a los dos gobiernos, según corresponda, el inmediato
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Respecto de la Convención Internacional sobre los
Refugiados y su Protocolo Adicional, demandar del Estado venezolano
los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones
para la Comisión Nacional sobre Refugiados, Refugiadas, Asilados y
Asiladas, recientemente reglamentada.

7. Asimismo, demandar de los dos países informar sobre la
implementación la Declaración y el Plan de Acción de la III
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y formas conexas de intolerancia, al igual que hacerse
parte del artículo 14 de la Convención Internacional contra la
Discriminación Racial y ratificar otros instrumentos de derechos
humanos, buscando que se aplique justicia en los casos que han
quedado en la impunidad. Solicitar la aprobación de la Declaración
sobre Pueblos Indígenas que se está discutiendo en el seno de la
OEA, así como avanzar en la aprobación del Proyecto de Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones
Indígenas, e invitar a cada uno de nuestros países al Relator
Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas, señor Rodolfo Stavenhagen.

8.Exigir al Estado venezolano la implementación de la Ley Orgánica
para Refugiados y Refugiadas, Asilados y Asiladas; así como
políticas que incorporen los avances de la Declaración de Cartagena
de 1984 la cual permite el absoluto ejercicio de los derechos
humanos para personas que huyen de la violencia en su país de origen
y da por terminada la exclusión y discriminación de que son objeto
los y las solicitantes de refugio, demandando se garantice que las
acciones de la Fuerza Armada y autoridades civiles, estén enfocadas
hacia la defensa, respeto y protección de los derechos de las
personas y comunidades solicitantes de refugio, por ambos lados,
antes que medidas de contención.

9.Solicitar la elaboración de Planes de Contingencia para atender
posibles flujos de población colombiana a territorio venezolano, con
información clara sobre los mecanismos de consulta a las comunidades
indígenas concernidas y los enfoques humanitarios presentes acorde
con el derecho nacional e internacional. Estos planes deben tener en
cuenta consideraciones de cultura, tradición y derechos propios de
los indígenas.

10. Las necesidades de niños, niñas y los{as) jóvenes de la
frontera, incluyendo personas desplazadas internas y solicitantes de
refugio, deben ser atendidas conforme a las disposiciones de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, suscrita y
ratificada por los dos países.

11. Solicitar al gobierno colombiano implementar los planes de vida
de las comunidades indígenas, y al gobierno venezolano el diseño y
ejecución de planes encaminados por un lado a dotarlas de
infraestructura y servicios educativos, salud, vivienda y otros
servicios sociales para responder a las necesidades de esta
población y, por otro lado, apoyando actividades productivas que
afirmen la seguridad y biodiversidad ecológica de la zona.

12. Los pueblos indígenas de Colombia y Venezuela, así como las
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y la
Iglesia Católica, hacen un llamado al Estado colombiano para que
dialogue con todos los actores armados, no solamente con los
paramilitares, para poner fin al prolongado conflicto mediante una
solución política negociada que incluya la participación de la
sociedad civil y el reconocimiento de la diversidad étnica y
cultural existente en el país.

Firmada en Puerto Ayacucho, a los 21 días del mes de agosto del 2003

- Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC
- Vicariato Apostólico de Inirida
- CONIVE (Consejo Nacional Indio de Venezuela)
- ORPIA (Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas
- Servicio Jesuita a Refugiados, SJR Venezuela
- Instituto de Investigación y Defensa Integral Autogestionaria, INDIA
- Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del departamento de Arauca, ASCATIDAR
- Pastoral Social Vicariato Apostólico de Mitú
- Pastoral Social Vicariato Apostólico de Puerto Carreño
- Colectivo de Refugiados Colombianos en Venezuela
- Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
- Consejo Regional Indígena del Guainia, CRIGUA 1
- Organización Multiétnica del Municipio de Inítida, OMETMI
- Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela
- Programa Venezolano de Educación
- Acción en Derechos Humanos, PROVEA
- Fundación Afroamérica, Venezuela
- Observador: Comisión V del Parlamento Andino