La agricultura es el sector donde existe  el mayor potencial para incrementar y dinamizar  la productividad del país, lo que contribuye a una mayor estabilidad de la economía en general y de los precios del abastecimiento alimentario de la población; dicho de otra forma si hay agricultura hay comida.
 
Sin embargo es todo un proceso para que se den los espacios necesarios y esto pasa por un marco jurídico coherente con la realidad del país y el pueblo que desea impulsarlo, ya que las familias campesinas mayoritariamente se dedican a la producción de granos básicos y son los que viven en mayor pobreza, producto de la intromisión de las empresas transnacionales que por décadas nos han impuesto los agroquímicos y que para colmo nos han impuesto los diferentes tipos de semillas que quieren que cultivemos.
 
La agricultura campesina es la de mayor potencial ya que es un sector clave para avanzar hacia la erradicación del hambre e incrementar la productividad procurando la implementación de políticas que permitan el incremento de la producción con la certificación de semillas adecuadas, sin que estas provengan de las transnacionales.
 
En ese sentido el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería propuso a la Honorable Asamblea Legislativa la creación de una ley transitoria para limitar el uso de las semillas hibridas para fomentar la producción nacional de semillas certificadas de primera calidad que cumplan con las especificaciones técnicas e inocuidad requeridas por ese ministerio y bajo la asistencia técnica del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal –CENTA-.
 
Es para las organizaciones campesinas motivo de alegría y ellas felicitan la iniciativa que, después del respectivo estudio en la Asamblea Legislativa, se convirtió en ley transitoria, al contar con el respaldo de casi todas las fracciones legislativas, evidenciando que los mismos de siempre son los que se oponen a la posibilidad de que el agro salvadoreño resurja en estos tiempos de cambio.
 
Con la aprobación del decreto 198 que a solicitud del órgano Ejecutivo aprobó transitoriamente la Honorable Asamblea Legislativa, comenzaron a surgir las voces de entre las personas que dicen representar a la clase trabajadora del campo pero en contra de los pasos iniciales para la construcción de la soberanía alimentaria y que de forma hasta panfletaria dicen que el impulsar los cultivos con semillas nacionales certificadas por el CENTA traería riesgo para las y los productores por la baja en la cantidad de la producción.
 
Los que se pronunciaron inicialmente fueron los representantes de la Asociación de Proveedores Agrícolas –APA-, y la Unión Comunal Salvadoreña –UCS-, que en palabras de su dirigente Ramón Arístides Mendoza aducen que habrá rebaja de producción; como lo hemos manifestado son los que importan los insumos y semillas hibridas y transgénicas que representan los intereses de las transnacionales como Monsanto, Dunlop, Bayer y por supuesto Cristiani Burcal.
 
Estas organizaciones, y sus dirigentes especialmente, se han convertido en títeres del imperio transnacional, buscando las prebendas que les pueda generar el prestarse para defender los agronegocios y sus representantes, como parte de las acciones desesperadas por continuar con la destrucción de la organización campesina.
 
El contexto no podía ser más propicio para que las organizaciones que buscan en la práctica las acciones de soberanía alimentaria externaran su punto de vista y condenaran la acción de esos dirigentes que dicen representar a las y los campesinos que se pronuncian en contra de los avances en beneficio de las y los trabajadores del campo, al mismo tiempo que dan su total respaldo a la acción que se ha desarrollado para darle formación de ley a esa propuesta nacida del ejecutivo.
 
El comunicado de estas organizaciones señala que la intención y voluntad por parte de los gobernantes esta puesta de manifiesto, tiene como propósito el eliminar cualquier indicio que la derecha continúe encontrando los flancos posibles para profundizar la pobreza y agudizar el hambre en la población salvadoreña, ya que los niveles de desnutrición son grandes en América Latina y con la implementación de programas sociales y el marco jurídico que se está creando es posible que permita darle profundización a los cambios que demanda la población.
 
También aclaran que la baja productividad no es producto del uso de semillas nacionales certificadas por el CENTA, ya que es un desafío que el gobierno y los productores deberán de enfrentar al ponerle un alto a las transnacionales que hacen de la alimentación de los pueblos un negocio que les incrementa sus acaudaladas arcas poniendo en duda la calidad de la alimentación de las familias salvadoreñas.
 
Para finalizar, los dirigentes campesinos que dieron una conferencia a los medios informativos en las afueras del palacio legislativo dijeron que se mantendrán vigilantes del accionar de las trasnacionales y de los falsos dirigentes que apoyan la introducción de transgénicos, y manifestaron que estas acciones impiden el desarrollo a las y los productores de cereales específicamente. Al mismo tiempo hacen el llamado a la población a  que apoye este tipo de iniciativas que son en pro de la nutrición de las familias por ser de alta calidad.