Está justo por cumplirse el primer año de ejercicio del poder de un nuevo Gobierno. Es momento, por lo tanto, de hacer un alto en el camino y dedicarnos al análisis de su quehacer. Esto nos obliga a romper el silencio y dar por concluido el período de tregua en el que nos hemos visto sumergidos. Van ya 12 meses y, a lo largo de ellos, hemos padecido los mismos males que sufrimos durante los largos años, décadas ya, que antecedieron a quienes hoy nos gobiernan. Las derechas del país siguen marcando el rumbo. Hoy, seguimos reproduciendo, masivamente, la misma miseria que a lo largo de cerca de sesenta años. Pero basta de preámbulos. Veámoslo bien y, si coincidimos, analicemos, entonces, cómo hemos contribuido a ello.
 
1.- En lo económico:
 
Las autoridades de Gobierno dan muestras de estar plenamente dispuestas a continuar con las políticas de sus predecesores. Pero esto no es cosa nueva, de hecho, no es ni más ni menos que lo que cabía esperarse. Que un Gobierno de derechas siga los pasos de quienes lo anteceden, (también de derechas), no resulta en absoluto una novedad. Exactamente igual habría ocurrido si, en vez de Otto Pérez, hubiera ganado Baldizón o cualquier otro. Pero ello no ocurrió, por lo que estos apuntes hacen referencia al actual Gobierno del Partido Patriota. Veámoslo, por ejemplo, en el campo de la política fiscal:
 
Este Gobierno buscó congraciarse con los sectores que detentan el poder real dentro de este país, mediante la aprobación de un paquetazo fiscal que beneficiaba a los de siempre, pero perjudicó a la clase media, (y, por efecto de cascada, a los más pobres),condenándolas al borde mismo de la extinción. Medidas como, por ejemplo, el aumento al cobro del impuesto de circulación de vehículos o el cambio en las políticas de crédito fiscal, afectando las políticas fiscales en perjuicio de los pequeños y medianos contribuyentes, sirven para evidenciar una voluntad de favorecer exclusivamente a los grandes. Este paquete tributario fue aprobado en tiempo récord y muy a la medida del CACIF.
 
Otro tanto hizo en lo referido al campo internacional. Está claro que las poderosas transnacionales, ávidas de dinero y dueñas de un inmenso poder, han tenido que vérselas con los matices de un disfraz de cambios mínimos. Por ejemplo, se elevó el monto de las regalías que deben pagar las empresas mineras extranjeras, pero sin que ello llegue a causarles perjuicio alguno.    Es más, quizá quedó peor la situación, pues ahora es voluntaria la tasa, con lo que se le dice a estas empresas que, de hecho, el país y sus recursos están a su disposición.  En términos reales, la forma en que este (y otros gobiernos anteriores) se pliegan ante el menor vaivén de las transnacionales, es sencillamente vergonzosa. Aquí, es suficiente que uno de los “Jefes” manifieste un deseo, para que corra un tren de serviles en su apoyo. Aquí, basta con que el Pretor exprese su voluntad, para que ello se convierta en ley.
 
Otro aspecto en que hay total pliegue a la voluntad de estas empresas es la forma en que las fuerzas de seguridad del Estado están a su servicio, no solamente protegiéndoles contra cualquier denuncia o protesta de la población, sino amparándoles en la impunidad cada vez que sus personeros, empleados o guardias, cometen cualquier abuso, crimen o violación. La forma en que el Estado brinda la mal llamada seguridad para la inversión de las transnacionales es vergonzosa: No es protegiéndoles contra la delincuencia, pues sabido es que ellas, de todas formas, cuentan con ejércitos privados para su seguridad. Más bien es aplastando cualquier asomo de denuncia contra sus malas prácticas en lo laboral, en lo ambiental y en la soberanía nacional.
 
Ha sido demostrado ampliamente, por diversos informes y estudios de entidades serias, que los efectos de la minería en el medio ambiente son desastrosos. Sin embargo, el Gobierno sigue protegiendo a capa y espada a las empresas depredadoras y sus prácticas nefastas. El incremento de monocultivos, implica la destrucción de amplias áreas anteriormente boscosas, así como la pérdida de amplias zonas agrícolas cultivables que pudieran estar destinadas para la producción de alimentos. En síntesis, ocurre cuanto tiene que ocurrir cuando un territorio se destina a la producción de dólares en vez de alimentos. Bien sabido es que, cuando se dedica la tierra a producir nada más que monedas, debemos resignarnos al hecho lamentable de que la cosecha no es nuestra.  
 
Por otro lado, un Estado que tiene dos salarios mínimos establecidos, uno para toda actividad laboral y otro sólo para las industrias maquileras y exportadoras, es el colmo de la inequidad, en detrimento de la propia población a la que debiera servir. 
 
Por si lo anterior fuera poco, todavía las industrias extractivas, no conformes con todas las ventajas que tienen, se auto-ubican, con todo el permiso del Estado, en el renglón de las maquilas para estar así exentas de muchas obligaciones fiscales y pagar salarios de hambre.
 
Lo mismo ocurre con los llamados Call Centers o Centros de Llamadas, que también operan bajo la sombrilla de las maquilas. Son miles de jóvenes los que se ven forzados a trabajar en condiciones de trabajadores de maquilas, aunque su trabajo sea otro. Guatemala es, en lo económico laboral, un paraíso para las empresas y un infierno para los trabajadores y para las comunidades.
 
Si bien es cierto, algunas de estas  condiciones ya se habían implantado en Gobiernos anteriores, lo mencionamos por el simple hecho de que este Gobierno no sólo no ha dado un paso para cambiar esa situación, sino que, en su lugar, amplía privilegios al sector empresarial nacional y extranjero.
 
Aunque sin duda el bolsillo del Estado se ha visto afectado por la crisis internacional que nos golpea, lo cierto es que en términos de presupuesto, el monto general se ha visto incrementado sustantivamente. Hemos pasado de 59.500 millones de quetzales el año anterior a 67.000 millones el actual, es decir, un jugoso aumento del 12.5%. Hay que decir que el presupuesto de la nación se ha orientado, bajo el pretexto de la seguridad, a dar más fondos al Ejército.   En cambio, para salud y educación los presupuestos han sido magros. Y para el desarrollo rural, nada, ni un centavo. Es decir, nada que no favorezca a los oligarcas de siempre.
 
En cuanto a lo estructural y productivo, su política de desarrollo rural es ni más ni menos que el desarrollo rural de las empresas agroexportadoras. Nunca será del desarrollo del pequeño o mediano productor y mucho menos una política acabar con el hambre y la desnutrición mediante la priorización de la producción de alimentos.
 
Esto ha quedado demostrado fehacientemente por la no aprobación de la Ley de Desarrollo Rural. Bastó que los personeros del CACIF somataran la mesa en el Congreso para que esta aprobación se detuviera. Vergonzosamente para nosotros como país ante el mundo, el personero de esta entidad, se dejó decir de manera pública que una de las razones para adversar la ley es que ella, prioriza la producción de alimentos. Dicho esto en un país en donde la mitad de la niñez se muere de hambre no es más que vergüenza y asco.
 
La continuidad de los programas sociales para paliar la crítica situación de hambre y desnutrición que padece la población, (a pesar de haberles duramente criticado durante el gobierno anterior), demuestra su falta de visión de largo y mediano plazo en lo económico en función de las mayorías. Para ellos resulta más cómodo arrojar migajas, mientras se compromete la voluntad de población, que en verdad tener el valor de abordar los problemas de fondo.  El muy cacareado programa Hambre Cero, ha avanzado poco. Es decir, una de las características de las políticas de este Gobierno es el procurar un impacto mediático rimbombante con el anuncio de proyectos, programas y políticas, pero con una implementación, gris, nula o inexistente. A la hora de revisar resultados, sale reprobado. Lo que sí abundan son las excusas, pretextos y supuestas razones para los magros resultados. Mucho ruido y pocas nueces en otras palabras.
 
Este Gobierno, que prometió crear 65 mil nuevos puestos de trabajo, no sólo no ha disminuido las elevadas tasas de desempleo prevalecientes, sino que, peor aún, las ha aumentado, al proceder a despedir a miles y miles de empleados públicos sin causa aparente. El índice nacional de trabajo informal ha crecido en los 12 meses que lleva este Gobierno, desde un 71% hasta un 75%, según datos que esgrime el INE. La cifra ascendente es alarmante.
 
 
2.- En lo político:
 
Las autoridades de Gobierno apuntan hacia un cambio de personalidades, pero nunca hacia una rotación de ideas. Las ideas son las mismas de sus queridos antecesores. Entonces, ciertamente cambian los rostros de quienes nos gobiernan, pero no se mueven, ni para atrás ni para adelante, los añejos principios que determinan su práctica.
 
Aunque en el gabinete hay algunos funcionarios con una trayectoria más o menos progresista, como es el caso de Lucy Lainfiesta a la cabeza del Ministerio de Desarrollo, o que incluso provienen de organizaciones sociales, las ideas y las prácticas de derecha no cambian y van en consonancia, muy a su pesar, con el plan de políticas neoliberales. Al fin y al cabo, ese es el plan de los sectores de derecha. Si para algo habría servido la colocación de estos personajes, es para entretener el diálogo mientras se aplica la mano dura contra los sectores sociales. Más que evidente es el fracaso continuo en el abordaje y resolución de la conflictividad social.
 
En cuanto a lo legislativo, fracasó su paquete de reformas a la Constitución, pero no sólo por presión social, sino también porque no era totalmente a la medida del CACIF y porque en el legislativo hay otros intereses de partidos de derecha también, pero diferentes a las intenciones de Pérez Molina. Este estrepitoso fracaso ha permitido apreciar cómo los gobernantes de turno, ceden su paso ante el freno que emana desde las derechas más poderosas del país.
 
El haber hecho la pantomima de querer aprobar la Ley de Desarrollo Rural, pero en la práctica demostrar su total pliegue a los dictados del CACIF, es una muestra más de que no se puede esperar que pretenda abordar de manera seria, uno de los principales e históricos problemas de fondo que aquejan al país.
 
La corrupción sigue marcando el ritmo. Porque, además de los corruptos de ayer, se tienen corruptos nuevos. La falta de transparencia les resulta como anillo al dedo a estos corruptos nuevos. Fraccionamiento de gastos, licitaciones dudosas (que han tenido que suspenderse por eso mismo), y otorgamiento de contratos a familiares, amistades y allegados al partido oficial son hechos constantemente señalados por los medios, pero rara vez seguidos por las entidades responsables de este tipo de control.
 
Existe un marco de total ingobernabilidad en el Congreso de la República. La bancada del Partido Patriota está desarmada, al igual que otras bancadas. El transfuguismo se ha instalado ya como una práctica mediante la cual los diputados se saltan de un partido al otro, sin importarles en lo más mínimo el respeto por sus electores. Nombraron a un Procurador de los Derechos Humanos que es bueno, muy bueno, sólo para no hacer nada. Su paso por la PDH, este año, ha sido como si un fantasma habitara esa posición.  Fue además un nombramiento bajo la directriz del partido oficial, bajo mil argucias, quizá legalistas, pero para nada éticas o legítimas.
 
En otros asuntos de tipo político, de hecho ya el Partido Patriota mostró, desde antes de asumir el poder, cuál sería su tónica: al estilo de “Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata”, usurpó una diputación en Huehuetenango a un partido de izquierda, manipulando datos con el aval del TSE, para otorgar la curul a uno de sus candidatos. Hasta la fecha, aunque la Corte Suprema de Justicia ha dado la razón al otro partido ganador, el TSE no ha hecho efectivo el cambio. Es deseable que proceda, tan pronto como sea posible.
 
 
3.- En lo social:
 
En este Gobierno no hay diálogo, hay confrontación e imposición. Hay un discurso mediático que quiere aparentar diálogo, pero hay una práctica dictatorial.
 
Ven a los movimientos sociales como si fueran sus adversarios. Esto viene a determinar su futuro: a ellos, por cuanto son claros opositores de su gestión, les deja caer el bastón de su experiencia militar, con todo el leño que ello implica.
 
No ha sido capaz de manejar ni resolver la conflictividad social de forma inteligente. La política de criminalización de las organizaciones populares, consistente en hacer caer sobre ellas todo el peso de la crítica destructiva y calumniosa pero ausente de razón, ha cobrado nuevos bríos. A juicio de algunos funcionarios de Gobierno, (avalados por el silencio cómplice de todos), quienes adversan al Gobierno adversan, asimismo, la democracia. Miran a las organizaciones populares como si fueran la mismísima encarnación del demonio. Y actúan, entonces, dejándose llevar por ese espejismo. Esparcen en el imaginario social, igual que gobiernos anteriores, una asociación malévola entre defensor de derechos y terrorista. Riegan la idea de que todo aquel que lucha por un derecho individual o colectivo es comparable con o equivalente a delincuente, criminal, terrorista. Establece por lo tanto, las premisas para justificar la represión, la persecución y hasta la ejecución.
 
El estado de sitio decretado en Santa Elena Barillas fue una muestra de la forma en que se atiende el conflicto social.