Hombres mujeres jóvenes niños y niñas de las doce comunidades de San Juan Sacatepequez en conjunto con organizaciones indígenas campesinas, de mujeres, de jóvenes, de derechos humanos se unieron para exigir el cese de la militarización en el territorio kaqchikel y a nivel nacional.
 
Con consignas y pancartas los participantes de la marcha condenaron el actuar del gobierno del presidente Otto Pérez Molina de querer militarizar nuevamente el territorio guatemalteco.
 
Los niños exigieron escuelas, cuadernos y lápices y no armas y militares, también señalaron los habitantes que cuentan con sus propias autoridades en cada comunidad y exigieron respeto a sus líderes.
 
Rechazaron la creación de  la Segunda Brigada de Policía Militar General Héctor Alejandro Gramajo Morales, en San Juan Sacatepéquez, y la Especial de Operaciones de Selva Teniente Coronel de Infantería  Víctor Augusto Quilo Ayuso, en Petén.
 
Las comunidades indígenas de San Juan Sacatepéquez en los últimos años han exigido justicia frente a la instalación de un proyecto minero que se ha instalado sin que se consultara a las comunidades “la implementación de una  cementera “Cementos Progreso”, argumentaron que la lucha continúa frente a las nuevas políticas de despojo y militarización que ha implementado el actual gobierno junto a las empresas extractivas las cuales han armado un frente común para mantener control territorial sobre las poblaciones.
 
Los líderes de San Juan Sacatepéquez señalaron que con el apoyo de la fuerza popular y los movimientos campesinos continúan manifestando en contra de la militarización del territorio. Dijeron que la autoridad pública debe estar a cargo de las autoridades civiles tal como está establecido en los Acuerdos de Paz, argumentaron que una brigada militar es para combatir a un enemigo tal como sucedió al conflicto armado interno.
 
Por ello señalaron que el presidente Pérez Molina ha violado los Acuerdos de Paz al militarizar la seguridad pública, se ve el desinterés del gobierno de atender las demandas de los pueblos. Los líderes rechazaron los estados de prevención que son impuestos para criminalizar la lucha de los pueblos organizados.
Las doce comunidades de San Juan Sacatepéquez realizaron una consulta comunitaria en el 2007 haciendo uso del derecho a la consulta manifestado en el convenio 169 de la OIT, donde miles manifestaron su rechazo a la instalación de la cementera.
Desde entonces la  criminalización a la lucha de las comunidades kaqchiqueles que viven alrededor de la finca San José Ocaña continúa por parte los de la empresa cementera y de trabajadores, en la actualidad existen líderes encarcelados y líderes que tienen órdenes de captura por la lucha en defensa de sus  territorios.
 
 CLOC Vía Campesina en Guatemala
viacampesinaguatemala@gmail.com
www.cloc-viacampesina.org
Facebook: La Vía Campesina Guate
Comunicación y periodismo
Por: Rocizela Pérez Gómez