Mujeres en la Minga

Bogotá, abril 12 de 2012. El pasado 31 de marzo los medios de comunicación colombianos informaron que más soldados estadounidenses vendrán a Colombia. Esta información fue publicada con anterioridad en medios estadounidenses y por el servicio de prensa de las Fuerzas Armadas de ese país. El General Martin E. Dempsey, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quien fue Jefe de las tropas de ese país en Afganistán y de las Unidades de Transición en Iraq informó que se enviaría a Colombia a altos oficiales estadounidenses “comandantes de brigada que han estado en Iraq y Afganistán para trabajar con los comandantes de la Fuerza Conjunta” colombiana. Y agregó que “los retos que ellos [el ejército colombiano] tiene no son diferentes a los retos que enfrentamos en Iraq y Afganistán”.
 
Las mujeres de la Ruta Pacífica, desde el feminismo y el pacifismo nos oponemos a toda presencia militar extranjera en nuestro país.  De la  misma manera en que nos opusimos a la presencia estadounidense en siete bases militares en Colombia, esta vez también nos oponemos a que más militares estadounidenses vengan para asesorar o para ser asesorados, ni tampoco los queremos aquí para hacer “intercambio de experiencias”.
 
Nosotras las mujeres colombianas sí sabemos a qué vienen los soldados estadounidenses a Colombia. Nos oponemos a que nuestros territorios y nuestros cuerpos continúen siendo violados por hombres en uniforme que se dicen defender la patria, la democracia y la libertad. Nos oponemos a la cultura de violencia y de guerra que ejércitos como el estadounidense esparcen a donde llegan.
 
La presencia de militares extranjeros se acompaña de un alto índice de delitos sexuales en contra de mujeres y niñas.  De manera generalizada, la casi totalidad de estos delitos queda impune pues normalmente al ingresar personal militar estadounidense a otros países son cobijados por el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) en el cual se establece la inmunidad para el personal estadounidense (militar y civil) y sus familias protegiéndolos contra toda acción legal en el país de acogida.
 
Recordemos que en Colombia hay antecedentes de violaciones sexuales cometidas por militares estadounidenses. El más conocido es un caso en Melgar – Cundinamarca, donde en  el 2006 una madre denunció la violación de su hija, una niña de doce años, por parte de dos militares norteamericanos. Los militares volvieron a EE.UU  y el caso quedó impune. Además se estarían investigando otros treinta y cinco casos parecidos.
 
La militarización incrementa y profundiza las violencias contra la mujer pues la lógica de la guerra en Colombia ha mostrado que la vida y el cuerpo de las mujeres son tomados como territorios de control y poder por las diferentes fuerzas políticas, militares y económicas en confrontación.  En el marco del conflicto armado estas violencias se exacerban pero son invisibilizadas. Hasta la fecha sólo hay 29 procesos de violencia sexual siendo investigados bajo la ley de Justicia y Paz que comenzó a regir en 2005.
 
No queremos alimentar más la lógica de la guerra. No queremos más personal militar extranjero en nuestro territorio. Lo que necesitamos son salidas negociadas entre colombianos y colombianas.
 
Exhortamos al Gobierno Nacional a que sea transparente sobre los tratos y acuerdos militares hechos con otros países.
 
Exhortamos al Gobierno colombiano a que dé a conocer en su totalidad y esencia el convenio de cooperación militar firmado con Estados Unidos.
 
Exigimos establecer una veeduría de la sociedad civil y la comunidad internacional para el seguimiento de los impactos de la presencia militar extranjera  en las mujeres y la zona de influencia donde van a estar.
 
Exigimos al Gobierno Nacional el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de protección a las mujeres y niñas frente a todo tipo de violencias y poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con la violencia de género.