Santiago, 6 de diciembre de 2011. En respuesta a la carta enviada al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG,  por María Elena Rozas, coordinadora nacional de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile demandando transparentar la ubicación de los cultivos transgénicos de Monsanto, esta organización  recibió finalmente con fecha 29 de noviembre de 2011, el listado de cultivos de maíz y soya transgénicos de esa empresa en la Región de O’Higgins, correspondientes a la temporada 2008/2009. SAG se vio forzado a cumplir la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia en lo relativo a Monsanto, debido a que esta transnacional agroquímica, productora de la mayor cantidad de  transgénicos en el país, se desistió el 16 de noviembre de este año del recurso de ilegalidad planteado contra el Consejo en la causa civil N° 3496. Sin embargo está pendiente aun el fallo de la Corte de Apelaciones sobre el recurso presentado por 25 socios menores de Monsanto, y otros productores que también pretenden mantener el secreto.
 
Todo comenzó en junio de 2009 con la demanda por derecho a saber la ubicación de los cultivos transgénicos planteada por María Elena Rozas, a nombre de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP-Chile. El año 2010 el Consejo para la Transparencia, entonces encabezado por Raúl Urrutia había acogido favorablemente esa demanda en la decisión N°A59-09, ordenando al SAG entregar la información. Pero Monsanto y el resto de los productores de transgénicos apelaron de esa decisión.
 
María Elena Rozas declaró:“Aunque la información a la que accedimos ahora sólo se refiere a los cultivos de Monsanto de dos años atrás, es un punto de partida importante para los apicultores y productor@s orgánicos y convencionales, que estarán así en condiciones de evaluar los posibles efectos de contaminación originados por los transgénicos. Al mismo tiempo, el SAG estará obligado a entregar la información sobre la ubicación de cualquier cultivo transgénico de Monsanto a quienes lo soliciten responsablemente y en forma oficial.”
 
Por más de dos décadas, apicultores y productores agrícolas orgánicos y convencionales han estado en riesgo permanente sin que existiera información oficial disponible al respecto ni posibilidad alguna de reaccionar frente a posibles daños. También los grupos de interés de la sociedad civil organizada estaban impedidos de hacer una fiscalización ciudadana respecto de la posible contaminación de cultivos orgánicos y tradicionales. “Nuestro interés como organización, es la defensa del acceso a información relevante para el resguardo de la biodiversidad y la salud”, agregó María Elena Rozas.
 
SAG y el Ministerio de Agricultura actúan sólo en forma reactiva. Anunciaron recientemente un sistema de georeferenciación que deja en desmedro los intereses de la agricultura orgánica, convencional y la apicultura, a pesar de que estos productores representan la mayor superficie sembrada y parte importante de las actividades agrícolas, incluyendo la agroexportación. Los productores no transgénicos deben ahora reordenar su actividad de acuerdo a la conveniencia de un puñado de  transnacionales productoras de transgénicos. El complejo sistema de información geográfica implementado por SAG ignora la realidad de miles de pequeños apicultores campesinos e indígenas dispersos por el país que son la mayoría pero que no forman parte de asociaciones gremiales y  desarrollan su actividad en forma independiente. Son estos productores los que proveen a las ferias libres y al mercado interno.  
 
Ahora es el turno de la Corte de Apelaciones respecto de la emisión del fallo que defienda la transparencia en Chile, negando las pretensiones de Erik von Baer que encabeza un negocio familiar del que es parte la senadora designada Ena Von Baer. Defienden aun el secreto 25 socios menores de Monsanto, entre los que están Massai, Hytech, GreenSeed y Curimapu Export además de la dinastía de La Designada. Ellos acompañaron originalmente a la transnacional agroquímica en su recurso de ilegalidad ante ese tribunal debido a que parte importante de las semillas utilizadas por ellos son de Monsanto y su producción de transgénicos es vendida mayormente a esta misma transnacional. El fin del secreto y el inicio del control social sobre los transgénicos permitirán enfrentar de mejor manera el objetivo del gobierno del Presidente Piñera de extender estos cultivos al mercado interno, expresado en proyectos de ley radicados en el Senado y cruzados por conflictos de interés, y millones de pesos invertidos en el lobby desatado para influir en políticas públicas.
 
Red de Acción en Plaguicidas Chile (RAP-Chile) secretaria@rapal.cl
 
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