La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERÚ), dentro del uso de los derechos contemplados en la Constitución Política del Perú y en observancia de respeto irrestricto del marco constitucional del estado peruano, se dirige a la opinión pública para expresar lo siguiente:
Considerando que los conflictos socio ambientales en diversos escenarios del interior del Perú, son pasivos heredados del anterior régimen, que están latentes y a punto de surgir en una escalada nacional, en su  mayor parte originado por la presencia de industrias extractivas como la minería.
Éstas están estrechamente vinculadas a la propiedad territorial y el uso de los recursos hídricos, por lo que las comunidades afectadas por la minería, las poblaciones locales y los productores agropecuarios ven con suma preocupación la contaminación de sus fuentes de agua y la cada vez mayor escasez del líquido elemento.
Considerando que los gobiernos anteriores al presente han actuado favoreciendo la actividad minera sin que se haya cautelado mecanismos de control efectivos y reguladores, adecuados y suficientes, para preservar la protección del ambiente, desarrollo en armonía con otras actividades económicas y no vulnere los derechos de los pueblos y comunidades afectadas.
Por tanto:
Desde CONACAMI PERÚ,  condenamos toda forma de violencia venga de donde venga, principalmente aquella que violenta a la persona humana, su dignidad, sus derechos, la libertad personal, la seguridad, la supervivencia y los derechos colectivos, todos ellos amparados en las normas nacionales e internacionales.
Rechazamos categóricamente el estigma peyorativo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo de insistir en señalar como “pequeños grupos violentistas” a humildes campesinos, y autoridades locales que ante la desidia al diálogo e impunidad en el ingreso a sus territorios, ejercen su derecho a ser escuchados.
Exhortamos que  la intervención del Estado y sus órganos correspondientes ponderen primero  la protección de la vida de las personas como fin supremo de la sociedad y que desde el ejecutivo se aperture canales de diálogo sincero y respetuoso de igual a igual entre las comunidades afectadas y las empresas extractivas.
Afirmamos que no se puede privilegiar los intereses económicos sobre los derechos fundamentales de la persona humana, y le recordamos al presidente Humala honre su palabra empeñada  de cautelar la sostenibilidad de la vida y la soberanía nacional,  cuando dijo en Cajamarca: “¿Qué es más importante, el agua o el oro?”; “He visto un conjunto de lagunas y me dicen que las quieren vender. ¿Ustedes quieren vender su agua?”.
CONACAMI PERÚ exige transparencia y honestidad  en las negociaciones y reuniones del gobierno con la Sociedad Nacional de Industria, Petróleo y Minería y la CONFIEP, en el se toman decisiones cruciales como la ley que modificó las regalías, el impuesto especial a la minería y el gravamen minero, políticas tributaria, fiscal, medio ambiental, por lo que exigimos la incorporación de  las comunidades, sus organizaciones y los gobiernos regionales y locales en estos espacios.
Coincidimos con  la preocupación de la