Plataforma Agraria lamenta el trágico fallecimiento de mujeres y hombres que murieron en los deslaves ocurridos como resultado de la mala planificación y construcción de infraestructura vial en nuestro país. Específicamente, manifiesta sus condolencias a las familias de compañeras y compañeros integrantes de la Asociación de Sololatecos Unidos para el Desarrollo Integral (ASUDI), miembros de esta alianza multisectorial, organizados en AGEMA.
 
Rechaza las declaraciones oficiales del presidente de la República, Álvaro Colom, quien atribuye estos acontecimientos a las inclemencias del tiempo, quitando toda responsabilidad al Estado, por su falta de supervisión, a las empresas constructoras de los tramos donde ocurrieron los desastres y aquéllas que por medio de sus actividades de saqueo, han contribuido con el deterioro del ambiente y a la vulnerabilidad de las poblaciones pobres.
 
Plataforma Agraria lamenta que el Ministerio de Agricultura insista en entregar semilla mejorada indiscriminadamente, sin que sus medidas de emergencia garanticen la seguridad alimentaria de las personas afectadas, de acuerdo con sus necesidades y las condiciones de la región donde viven, como lo ha planteado en repetidas ocasiones esta alianza multisectorial con la propuesta de “traje a la medida”.
 
Considera una burla y una ofensa para las comunidades destinar Q530 millones al Ministerio de Comunicaciones y Q400 millones para el pago de contratistas privados que, en su conjunto, representan más del 70% de la ampliación presupuestaria recién aprobada por el Congreso de la República. Denunciamos que ha habido omisión en la atención a los derechos económicos y sociales de la población, puesto que los proyectos no se orientan a la emergencia preventiva y restauradora, sino a la continuidad del trabajo normal de construcción, mantenimiento de la infraestructura y continuidad en políticas asistencialistas y programas ya existentes.
 
Plataforma Agraria exige al presidente Colom deducir responsabilidades económicas, políticas y éticas contra las empresas y funcionarios estatales responsables de estos desastres y que el Estado se encargue de que las familias que perdieron a sus seres queridos sean resarcidas; que el presupuesto asignado para la producción se dirija para el fortalecimiento de las economías indígenas y campesinas y las obras de infraestructura se asignen mediante procesos transparentes, con supervisión y garanticen la seguridad pública de las personas ciudadanas.
 
Como dijo una lideresa campesina: “Esta es la oportunidad de que la población indígena, campesina, pobre, mujeres, jóvenes, podamos luchar y buscar que el nuevo modelo de desarrollo de nuestras comunidades se dirija para buscar justicia, paz y nos dé una vida digna. Este es el momento de impulsar con un sentido más político, más estratégico, el trabajo por el desarrollo para todos y todas”.
 
Guatemala, 9 de septiembre de 2010.