Viernes, 16 de Julio de 2010 17:17 Comunicaciones

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Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI) opina sobre el allanamiento a la Ley de Consulta.
 
¿Qué opinión le merece el allanamiento que ha hecho la Comisión de Constitución respecto a las observaciones del Ejecutivo a la Ley de Consulta?
 
Este allanamiento responde a los intereses de inversionistas y transnacionales que quieren explotar los territorios indígenas y que por supuesto perjudican los intereses de pueblos indígenas que son las comunidades campesinas y nativas. Creemos que la legislación no debe estar sometida a intereses particulares sino a reconocer los derechos. Por otro lado, las observaciones que hizo el  Ejecutivo no están bien sustentadas en términos legales, responden más bien a posturas políticas. En ese sentido, lo que hemos planteado a nivel de organización es que el Congreso no debe aprobar en esas condiciones de allanamiento esta Ley de Consulta.
 
¿Significaría esto un retroceso en el objetivo de aprobar la Ley de Consulta?
 
En realidad más allá de que el Congreso esté o no de acuerdo con su aprobación, el problema de fondo es de tipo político. Se legisla para favorecer inversiones de empresas mineras, petroleras multinacionales, perjudicando los derechos de los pueblos en el tema de sus recursos naturales. Un claro ejemplo es lo que viene sucediendo con el gas, con el derrame de petróleo en el rio Marañon o la contaminación del rio Opamayo, Cachi en Huancavelica y Ayacucho. Creemos que no se puede legislar para destruir y contaminar las áreas productivas de las comunidades.
 
¿Qué medidas van a tomar después de esto a nivel de la dirigencia?
 
Somos cinco organizaciones que estamos en constante coordinación: dos organizaciones amazónicas AIDESEP, CONAP y tres organizaciones andinas CCP, CNA y CONACAMI. Estamos analizando las implicancias políticas y según vemos, parece que el gobierno está decidido a aprobar la ley con todas estas observaciones que ha hecho. Si es así, en los próximos días haremos públicas nuestras acciones para evitar que el gobierno se siga burlando de las organizaciones.
 
¿Qué tipo de acciones desarrollarán?
 
Habrá una respuesta a nivel político y una respuesta expresada en movilización social de las comunidades campesinas de los Andes y de las comunidades nativas de la Amazonía. Pero esto tendrá que ser debidamente consultado con nuestras bases ya que nosotros sí desarrollamos procesos de consultas para tomar acuerdos.
 
¿Apelarán a alguna instancia internacional?
 
Como hace 4 años estamos elaborando un informe alternativo que presentaremos a la OIT como respuesta a estas injusticias y dilaciones que hace el gobierno de turno. Por otro lado, como el gobierno también viene aplicando una política racista y discriminatoria, estamos trabajando en un informe para ser enviado a la Comisión Especial contra el Racismo y Discriminación de las Naciones Unidas, donde pondremos nuestro punto de vista de cómo las comunidades venimos siendo maltratadas.
 
¿Qué opina sobre la actuación del Tribunal Constitucional en este tema?
 
Para nosotros el Tribunal Constitucional se dice y se desdice. Sus opiniones son contradictorias. Haremos una demanda cuando se haya concluido el proceso de aprobación de la ley.
 
Finalmente, ¿cuáles cree que serán las consecuencias de todo esto?
 
Creo que hay muy mala fe del gobierno. Igualmente la Comisión de Constitución también nos genera una mala impresión ya que ha tenido la misma actitud. Ha habido un esfuerzo enorme por lograr consenso entre diferentes actores, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones, el Congreso y sectores importantes del propio gobierno apostando a una reconciliación después de los hechos de Bagua, pero las cosas que han sucedido en el último mes rompen ese diálogo alcanzado. Es el mismo gobierno quien empuja una nueva etapa de conflictos sociales. La falta de consulta nos llevará a más conflictos. Esas serán las consecuencias.