El Servicio de Paz y Justicia en Panamá se dirige a la comunidad nacional e internacional con el fin de expresar su posición en torno a los hechos suscitados en las últimas semanas y que comprometen la vigencia de los derechos humanos y la democracia en nuestro país.
 
En primer lugar, condenamos la represión a la que fue sometida la población de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, que se unió a las demandas laborales de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Afines, iniciadas el pasado 2 de julio, quienes propugnaban por el pago de sus salarios retenidos y el descuento de la cuota sindical por parte de la empresa Bocas Fruit Co., así como la derogación de la Ley 30 de 2010.   Esta represión dio como resultado dos muertos, según la prensa escrita: Antonio Smith y Virgilio Castillo, así como centenares de heridos y detenidos.  El gobierno nacional de manera negligente reconoce una semana después de los hechos, que la empresa incumplió con el Código de Trabajo, y llama a una negociación a la dirigencia sindical.
 
  De igual modo, condenamos el encarcelamiento injusto del periodista Carlos Núñez, las presiones al periodista Paco Nadal, de La Prensa,  el maltrato al periodista Mauricio Valenzuela, del Panamá-América, y hostigamiento a Jean Marcel Chery, del Siglo.
 
En este aspecto deseamos reproducir el pronunciamiento de la Directora de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa, sobre los acontecimientos, quien deploró los hechos de violencia en Changuinola y señaló: “…que de conformidad con los estándares internacionales, el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser restringido y excepcional, guiándose en todo momento por los principios de necesidad y de proporcionalidad, con pleno respeto de los derechos humanos, en particular, el derecho a la vida e integridad personal, los que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia”.
 
En segundo lugar,  cuestionamos las órdenes de allanamiento, conducción y detención, así como las acciones de hecho que han llevado a cabo las autoridades nacionales, llámense Ministerio Público, Departamento de Investigaciones Judiciales (DIJ) o Policía Nacional en contra de dirigentes reconocidos del movimiento social panameño, como Genaro López, Gabriel Castillo, Saúl Méndez, Juan Jované, Damián Espino, entre otros, las cuales son claras muestras de persecución política contra las voces que disienten de las medidas antipopulares adoptadas por el gobierno actual.
 
Como parte de estas medidas se han aprobado las leyes No 14 y 30 de 2010, que afectan seriamente el derecho a la protesta, echan por tierra el derecho a huelga, comprometen  el derecho de sindicación; otorgan excesivos privilegios a las unidades de policía y exoneran de estudios de impacto ambiental a las empresas transnacionales que ejecuten proyectos declarados de “interés social y público” por el Ejecutivo, por lo cual muy diversos sectores de la sociedad panameña han manifestado su fuerte descontento, motivo por el que han sido presentadas múltiples demandas de inconstitucionalidad de dichas leyes.
 
Las autoridades gubernamentales juraron cumplir hace un año, cuando fueron electas, la Constitución y la Ley, las cuales garantizan un Estado de Derecho y las bases de la participación  democrática de la población, la cual no se limita al ejercicio del sufragio cada cinco años, sino que  abarca el ejercicio de  derechos civiles y políticos como la libertad e integridad personal, el derecho de reunión, de asociación –incluyendo la asociación sindical-, de libre expresión –incluyendo el derecho a disentir- y manifestación pública.
 
Consideramos que se está promoviendo un peligroso clima de intolerancia política desde las altas esferas de gobierno, lo cual compromete la vigencia de los valores democráticos y de los derechos humanos en nuestro país. 
 
Hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales a que cese la represión contra el movimiento popular, sean liberados los detenidos políticos, sean investigadas imparcialmente las muertes de Antonio Smith y Virgilio Castillo, derogadas las Leyes 14 y 30 de 2010 y se retorne a la senda del diálogo constructivo, el respeto al disenso y a la legalidad.
 
Panamá, 12 de julio de 2010.