SÓLO PARA INDÍGENAS Y CAMPESINOS HAY APLICACIÓN DE LA LEY

EL GOBIERNO GASIFICA A MÁS DE 350 CAMPESINOS SIN TIERRA Y DETIENE A 150
PARA PROTEGER A TERRATENIENTES EXTRANJEROS

El día de hoy fueron desalojados violentamente más de 350 de nuestros
compañeros sin tierra, 150 de los cuales fueron ilegalmente detenidos,
cuando ocupaban pacíficamente unas tierras fiscales en la Provincia Obispo
Santistevan, , reclamadas ilegalmente por el ciudadano brasilero Francisco
Marchett bajo el nombre de "San Cayetano". La extensión total de las
tierras que esta persona pretende acaparar suman un total de 13.500 has.

A partir de la revisión que hicimos el día de hoy de la carpeta de
saneamiento del supuesto predio "San Cayetano", pudimos constatar que el
INRA está intentando consolidarlo ilegalmente mediante la alteración de
documentos e insertando datos que no corresponden a la realidad. Las
fichas catastrales han sido alteradas para aumentar la cantidad de ganado
verificado en el lugar y la extensión de las áreas supuestamente
trabajadas para justificar su consolidación total, siendo que en terreno
ninguna constancia de mejoras, prueba de ello además es que no cursan en
la carpeta ninguna foto de casas o el ganado que dicen tener en cantidad
de más de 800 cabezas.

Nos indigna ver la impresionante rapidez y eficiencia del INRA San Cruz
para este caso. En un solo día, el 14 de julio, fue presentada la
denuncia de San Cayetano, el Director Departamental del INRA solicitó
informes a su asesor jurídico y a la Unidad de SAN SIM, se emitieron ambos
informes, se dispuso la Inspección Ocular, que se la realiza el mismo día
14, viajando a la propiedad por vía aérea, y se intima a los campesinos al
desalojo, todo esto en un solo día. Dos días después, el día 16 de julio,
el Director del INRA emite el informe del estado legal del proceso de
saneamiento y requiere el uso de la fuerza policial para el desalojo de
los campesinos. Hoy 17 de julio de 2003, a horas 11:30 a.m. tropas de la
policía se hacen presente en el predio con el Fiscal, el Ministro de
Gobierno, el Prefecto del Departamento y el Comandante de Policía,
ejecutan el desalojo con la gasificación de los más de 350 compañeros y la
detención de más de 150.

Por su puesto no vemos esta celeridad para casos como el de la Cooperativa
La Unidad en la TCO Monte Verde, que siendo ilegal y no teniendo trabajos
para justificar la propiedad de 15.000 has, durante los años 2001 y 2002
arrasaron más de 800 has. de bosque e ingresaron más de 500 cabezas de
ganado contra expresa prohibición de la Superintendencia Forestal,
provocado daños ambientales irreversibles en el territorio chiquitano. Por
el contrario, ante nuestras denuncias, el Director Departamental INRA,
Fernando Cuellar, se excusó con una carta de todas las denuncias por no
tener competencia en el tema y peor aún, nos conminó a que no "amenacemos"
a los propietarios antes de que termine el saneamiento, puesto que
nuestros derechos serían, según él, "espectaticios", apoyando con ello la
invasión ilegal de tierras por parte de latifundistas.

A los terratenientes e ilegales en la ocupación de tierras, el Gobierno no
les aplica las sanciones dispuestas por la Ley. En el caso de la
Cooperativa La Unidad en la TCO Monte Verde y de varias propiedades en la
TCO Lomerío, no se ejecutan las órdenes de desalojo de la Superintendencia
Forestal y del INRA. Se cometen abiertas irregularidades para favorecer la
consolidación de ocupaciones ilegales como el de Arubaí en cuyo proceso
el INRA ha aceptado como prueba de cumplimiento de Función Económico
Social una declaratoria de Reserva Privada emitida por la Superintendencia
Forestal.

La Constitución Política y la Ley INRA no reconocen y prohíben
expresamente el latifundio improductivo y ordenan a las autoridades
agrarias revertir las tierras que no cumplen la Función Económico Social y
las que han sido adquiridas mediante fraude. En lugar de cumplir con
estas finalidades, el saneamiento está siendo utilizado para legalizar los
fraudes agrarios existentes y consolidar latifundios improductivos a favor
de personas del entorno de los poderes públicos.

Los campesinos, que de acuerdo con la CPE tienen derecho a la dotación de
tierras, no han sido beneficiados hasta el presente por el proceso de
saneamiento y, por el contrario, las reclamaciones de tierras son
aplazadas indefinidamente hasta la identificación de "tierras fiscales
disponibles", las cuales no pueden ser identificadas por la forma
prebendaria y corrupta en que se ejecuta el proceso de saneamiento. Es así
que a casi 7 años de aprobada la Ley INRA, en el Departamento de Santa
Cruz sólo se han dotado 270 has. campesinas en la Provincia de Ichilo.

Aún siendo pobres, los campesinos e indígenas con y sin tierra, hemos sido
respetuosos de la Ley y durante años hemos exigido con movilizaciones su
aplicación estricta e imparcial. Pero está probado que el saneamiento no
identifica tierras fiscales porque legaliza grandes propiedades
improductivas e ilegales, y el INRA dispone procedimientos especiales para
identificar tierras sólo para concesionarios pero no para dotación.
Paralelamente se impide la participación de los campesinos en los procesos
de saneamiento iniciados por el INRA en grandes propiedades, para impedir
que exista vigilancia social sobre los procesos que ejecuta el INRA.

Es por esto que, considerando que la Constitución garantiza la propiedad
privada pero condena el latifundio, los campesinos sin tierra han iniciado
la ocupación de tierras ociosas, que por disposición de la propia
Constitución Política del Estado y de la Ley INRA deben ser revertidos
para su redistribución, el Gobierno de inmediato moviliza Ministros,
Prefecto, Fiscal y grandes contingentes de la policía para su desalojo.

Los indígenas, campesinos y campesinos sin tierra de Santa Cruz,
indignados por la actuación prebendaria y corrupta de las autoridades
gubernamentales y del INRA frente a la distribución de la propiedad
agraria en el Departamento y en el resto del país:

DENUNCIAMOS:

1. Al Ministro de Gobierno Yerko Kucoc, al Prefecto del Departamento, al
Director Departamental del INRA, Fernando Cuéllar y al Comandante de la
Policía Departamental, por los atropellos y violaciones a los derechos
humanos de los más de 350 campesinos sin tierra que ocupaban pacíficamente
un latifundio improductivo.

2. Al INRA por sus actuaciones corruptas dirigidas a favorecer la
concentración de la propiedad agraria en el Departamento y por los fraudes
registrados en el saneamiento de las propiedades San Cayetano y Arubaí.

3. Al Prefecto del Departamento, Mario Justiniano, y al Comandante de la
Policía Coronel Rolando Fernández, por proteger a delincuentes que
ilegalmente ocupan el territorio indígena chiquitano de Monte Verde y
negarse a disponer medidas de protección a los dirigentes indígenas
amenazados por personas armadas que encubren las autoridades locales y
departamentales.

EXIGIMOS:

1. La liberación inmediata de los más de 150 campesinos sin tierra
detenidos arbitrariamente en el operativo realizado en la mañana del día
de hoy.

2. La ejecución inmediata de las resoluciones de desalojo emitidas por el
INRA en el proceso de saneamiento de la TCO Lomerío y del ganado ingresado
ilegalmente a la TCO Monte Verde.

3. Una inmediata revisión pública y completa de los procesos de
saneamiento que ejecuta el INRA en el Departamento de Santa Cruz.

4. Disponer la información pública de los trámites de saneamiento en
propiedades particulares y la participación de las organizaciones
indígenas y campesinas en los mismos para garantizar transparencia y
cumplimiento de la legalidad vigente.

CONVOCAMOS

A los campesinos de Santa Cruz y del país a la movilización y a proseguir
la ocupación legítima de latifundios improductivos y de tierras ocupadas
ilegalmente por los traficantes de tierras.

A las instituciones públicas y privadas relacionadas con la problemática
agraria a conformar junto con nuestras organizaciones indígenas,
campesinas, mujeres campesinas y campesinos sin tierra, una Comisión de
Vigilancia de la legalidad y los derechos humanos en los conflictos de
tierras en el Departamento.

Santa Cruz de la Sierra, 17 de julio de 2003

Severino Franco Florencio Orko
MST-O.SANTISTEVAN SRIO. RR.II. MST-B

Moisés Tórres Manuel Dosapey
PRESIDENTE MST-B PRESIDENTE CPESC

Diego Marquina Uldarico Pinto
SRIO. EJECUTIVO FSUTC-SC SRIO. GRAL. CSUTCB

Bienvenido Sacu Remberto Gonzáles
VICEPRESIDENTE CPESC TRIB HONOR COLONIZADORES-SC

Horacio Rivero Marisol Solano
SRIO. EJECUTIVO FSUTC 4 P.NORTE SRIA. ORG. CPESC