Manifiesto

Como en México y las Américas:
"En Chile el Campo No Aguanta Más"

A 36 años de la promulgación de la Ley N° 16.625 de
Sindicalización Campesina, el día 27 de Abril de 1967; junto con
la Ley de Reforma Agraria, fueron leyes que les dieron dignidad,
justicia social, un lugar importante en el desarrollo económico
del país a los campesinos e inquilinos de la época.
Es decir, se transformaron en actores directos de sus vidas, de la
sociedad, de la producción agropecuaria y del trabajo rural.

Hoy conmemoramos este hecho histórico fundamental para los
campesinos y que también lo fue para Chile.

A través de este Manifiesto, hacemos un llamado a hombres y
mujeres, a productores y consumidores, a los trabajadores y
trabajadoras de la ciudad y a todos los habitantes urbanos; a
unirnos para demandar de las autoridades de gobierno soluciones a
nuestros problemas y recuperar nuestros derechos arrebatados por
la Dictadura.

Exigimos y demandamos del conjunto de la sociedad chilena y del
Estado: Recuperar el espacio perdido y que necesitamos para seguir
existiendo los campesinos, las campesinas, los pequeños
productores y las productoras agrícolas, los medieros, los
arrendatarios y minfundistas, los campesinos y las campesinas sin
tierras y pueblos originarios, sumando también desprotegidos y
vulnerables como son los asalariados agrícolas; los permanentes y
los temporeros y las temporeras, con los profesionales que
valorizan lo rural y conocen de verdad del sector, lanzamos al
país este manifiesto: "El campo no aguanta más".

La Ley 16.625 de Sindicalización Campesina, promovió la
organización en el campo, que de 20.000 afiliados a organizaciones
campesinas antes de marzo de 1967, se llegó a casi 200.000
campesinos organizados en sindicatos comunales y comités
campesinos de Arica a Magallanes; hasta el momento del golpe
militar de septiembre de 1973.

La Ley de Sindicalización Campesina tuvo el mérito de ser un
instrumento legal dinámico para organizar a los campesinos, a los
inquilinos de los fundos y trabajadores de grandes propiedades
agrícolas, agroindustriales y empresas forestales, porque era de
fácil entendimiento, manejo y aplicación por parte de los
dirigentes y de los socios de las organizaciones en todos los
niveles, principalmente en el territorio del sindicato comunal.

Hoy a 30 años del 11 de septiembre de 1973, fecha dolorosa para el
pueblo de Chile y en especialmente para los campesinos, porque se
implantó a sangre y fuego un modelo económico que provocó
retrocesos inmedibles en lo logrado por los campesinos y los
trabajadores agrícolas.

La dictadura militar dejó fuera de la ley a las organizaciones
sindicales campesinas, subdividió la tierra reformada en parcelas
individuales, dejando fuera de la repartición de las tierras a los
dirigentes campesinos de los asentamientos y lo que es peor, el
porcentaje mayor de las tierras fueron devueltas a sus anteriores
"dueños", entregadas instituciones estatales, de las fuerzas
armadas o de beneficencia, con lo cual se produjo el proceso de
contra-reforma agraria y el reinicio de la alta concentración de
la propiedad de la tierra en pocas manos.

Qué pasa en Chile después de 36 años de la dictación de una ley
especial para los campesinos y a casi 30 años del golpe militar
que rompió e hizo trizas un proceso de lucha social y de ascenso
en el nivel de mejoramiento de la calidad de vida de los
campesinos y de sus familias.

En Chile existen 270.000 explotaciones o propiedades agrícolas de
pequeños productores campesinos y campesinas e indígenas que
dependen fundamentalmente de la tierra y del agua, medios
indispensables para producir y asegurar la soberanía alimentaria
de nuestro pueblo.
Además, existen alrededor de 770.000 trabajadores asalariados
agrícolas; permanentes y en la gran mayoría temporales, por lo
tanto ambos sectores socioeconómicos demandan:

1.- El derecho a la tierra, al territorio y a los recursos
naturales:

Los derechos humanos y los derechos de los campesinos y de los
pueblos originarios están estrechamente ligados al derecho a la
tierra y por lo tanto a sus culturas e identidad.
La importancia del derecho a la tierra no solo reside en la
función instrumental del recurso en tanto medio de subsistencia
básico, es decir, fuente de alimentos, de recursos económicos, de
plantas medicinales, etc, y espacio concreto de vida; la tierra en
el sentido de territorio cumple también una función simbólica y
afectiva fundamental ya que es el espacio donde se escribe la
historia y la memoria colectiva de los campesinos, de los
indígenas y de los habitantes rurales, es el lugar donde habitan
sus antepasados, es un referente a sus referentes primordiales, es
un sitio de apego afectivo, en síntesis, es el espacio de
inscripción de sus cultura, y por lo tanto, de su identidad.

Como Derecho Humano, como todos los demás, el derecho a la tierra,
implica para el Estado tres tipos de obligaciones:

a).- La obligación de respeto al derecho a la tierra significa que
el Estado no puede tomar ninguna medida que afecte las tierras
donde los campesinos e indígenas viven, siembran y se reproducen
social, económica y culturalmente.

b).- La obligación de protección, significa que el Estado se
compromete a resguardar en toda circunstancia el derecho a la
tierra de los campesinos e indígenas frente a terceros, es decir,
el Estado es quien debe impedir a toda costa que particulares
afecten los territorios de campesinos e indígenas.

c).- La obligación de garantizar el derecho a la tierra de
aquellos que dependen de ésta para su reproducción. Esto significa
que en los casos de que campesinos e indígenas carezcan de
recursos suficientes para sembrar y al menos proveerse por sí
mismos de sus alimentos, el Estado debe buscar los medios para
dotarlos de tierra y de los recursos necesarios para hacerla
producir.

2.- Los derechos laborales, la previsión, seguridad social y la
estabilidad en el empleo de los trabajadores y trabajadoras
agrícolas:

La dinámica y explosiva instalación del modelo agro exportador en
el sector silvoagropecuario y la temporalidad en las faenas,
sustentada en el menor costo de la mano de obra, se caracteriza
por un cambio en la organización del trabajo productivo, cuya
ejecución se le encarga mayoritariamente a instancias externas a
la empresa agrícola agroindustrial o transnacional. Es así como
las empresas de contratistas y subcontratistas o "enganchadores",
hoy día han alcanzado un amplio dominio y tráfico de mano de obra
de carácter temporal.

Para cumplimiento del derecho al trabajo y a la seguridad social,
reivindicamos y demandamos lo siguiente:

1,. Derecho a un pago de un salario justo por el trabajo realizado
por los trabajadores y trabajadoras agrícolas, permanentes y
temporeros.

2.- Derecho a la salud laboral de hombres y mujeres que se
desempeñan en labores agrícolas, agroindustriales y forestales.

3.- Derecho a la previsión y a la seguridad social de trabajadores
y trabajadoras temporeras. Además, el derecho a una jubilación
digna para los trabajadores y trabajadoras agrícolas.

4.- Derecho a un contrato de trabajo justo, digno y que proteja a
los trabajadores y trabajadoras temporeras de los contratistas o
"enganchadores".

5.- Demandamos de los empresarios agrícolas que cumplan las leyes
laborales, que aunque sabemos que son insuficientes, pero que a
pesar de ello no se cumplen.

3.- La soberanía alimentaria y las relaciones entre productores
del campo y los consumidores de la ciudad:

Debe ser una exigencia que la soberanía alimentaria sea parte
integral de una discusión seria y la puesta en práctica de una
nueva concepción de desarrollo sustentable y de la alimentación de
nuestro pueblo.

La agricultura y en especial la pequeña agricultura y la pesca
artesanal deben mantenerse al margen de los Acuerdos de la
Organización Mundial de Comercio, de las políticas del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Ante los planteamientos ideológicos de las políticas de estos
organismos internacionales y que son los promotores y ejecutores
del modelo neoliberal en el planeta, señalamos:

1.- Que los alimentos no son una mercancía más y que el sistema
alimentario no puede ser tratado con una lógica de mercado.

2.- Que es una gran mentira el argumento que la liberalización del
comercio agrícola y pesquero internacional garantiza el derecho a
la alimentación de las personas. Prueba de ello es el
incumplimiento de las metas fijadas por la FAO hace seis años, de
bajar el numero de hambrientos en el mundo, pero por el contrario,
estos se han multiplicado por tres veces.

3.-Que nos tratan de engañar cuando afirman que los agricultores,
agricultoras; campesinos y campesinas, los indígenas y los
pescadores artesanales somos ineficientes e incapaces de responder
a las necesidades crecientes de producción de los alimentos.

4.- Que nos quieren convencer que la función de los campesinos, de
las campesinas, de los indígenas y de los pescadores artesanales
es dar paso a la privatización y a la liberalización de nuestras
tierras y de nuestros recursos naturales. Aceptar estos postulados
noliberales, nos obligaría, entre otros efectos negativos, a la
migración masiva a las ciudades, a aumentar la disponibilidad de
mano de obra barata en el campo y en los bordes costeros.

5.- Que se intenta imponer un patrón alimentario de las
corporaciones transnacionales como el único viable, apropiado y
correcto en un mundo global, se trata en definitiva, de un
verdadero imperialismo alimentario que atenta contra la diversidad
de las culturas alimentarias de los pueblos, introduciendo los
productos agrícolas genéticamente modificados o productos
transgenicos.

Hoy vemos con gran preocupación como nos van cambiando
nuestros hábitos ancestrales y formas de conservar nuestras
semillas, que por décadas hemos producido, y nos hacen
dependientes de las multinacionales que deciden por nosotros
que debemos producir, por lo tanto planteamos que las semillas
efectivamente sean declaradas patrimonio de la Humanidad.

6.- Que es necesario establecer alianzas y uniones con los
consumidores de la ciudad para asegurar el precio justo por la
venta de nuestra producción e igualmente garantizar un precio por
la compra de nuestros productos por los consumidores de las
ciudades.

Para enfrentar las desigualdades sociales, económicas, laborales y
de producción que han generado la aplicación de un modelo
económico brutal de dominación y explotación y la desequilibrada
distribución de la riqueza en chile, los campesinos, las
campesinas, los trabajadores y las trabajadoras agrícolas, los
indígenas y los pueblos originarios, los trabajadores forestales,
los pescadores artesanales, los jóvenes, las mujeres y todos
habitantes rurales; necesitamos una nueva ley específica de
organización campesina, agraria y rural , de acuerdo a nuestra
época y que cambie la situación de pobreza, miseria, incertidumbre
y desesperanza de una parte importante de habitantes del país.

GRC
Apoyo Depto. Campesino e Indígena
Central Unitaria de Trabajadores
Santiago, 21 de Abril de 2003.-