La reacción gubernamental y de los partidos de oposición de derecha, generadas a partir del asesinato del abogado Rosemberg están desviando la atención de la problemática fundamental: tener un Estado podrido y atravesado por la impunidad, la corrupción y las mafias, aunado al empobrecimiento, pérdida de empleos, militarización, captura de 4 líderes de San Juan Sacatepéquez y Ramiro Choc, convertidos en presos políticos del actual régimen; la represión y estados de excepción en contra las demandas populares, y ahora la crisis de salud, por mencionar algunos de los más urgentes problemas. La crisis que atravesamos es fruto de la implementación del modelo neoliberal que tanto los anteriores como éste gobierno han impulsado.
En Guatemala existen una serie de hechos que ponen al descubierto los intereses particulares y de grupo, que involucran a funcionarios de los llamados poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a empresarios y narcotraficantes o miembros del crimen organizado. En la práctica no hay institución estatal que no se encuentre penetrada por estos oscuros intereses.
Las y los integrantes de los Pueblos Indígenas, organizaciones campesinas y sociales, abajo firmantes consideramos que la situación que actualmente se vive es fruto de una disputa entre sectores dominantes, cada uno de los cuales trata de movilizar a las y los ciudadanos en su apoyo sin informar con responsabilidad y transparencia y al mismo tiempo, ocultando la naturaleza de la actual crisis económica, política, social. La situación que ahora se vive pone en evidencia diversos intereses y manipulaciones de los grupos de poder, tanto fuera como dentro del gobierno, que quieren capitalizar la situación para propio beneficio, presentándola como una demanda de amplios sectores de la población y generando inestabilidad política.
Funcionarios y empresarios corruptos, miembros de las mafias actúan violando la ley, y los responsables de legislar, tomar medidas ejecutivas o aplicar la ley ignoran estos hechos o actúan con exagerada lentitud, debido a que no existe la voluntad para enfrentar de lleno el cáncer de la impunidad y la corrupción que carcome a Guatemala; mientras tanto cuando el pueblo, en defensa de sus demandas legítimas, se organiza para exigir el cumplimiento de sus derechos, les cae encima todo el peso de la represión. Basta recordar, como ejemplo, la intromisión de dos mil policías y soldados, el año pasado, para capturar a 25 líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez cuyo delito es defender su territorio.
El problema de fondo es que el crimen organizado, la disputa de los fondos del presupuesto nacional, así como la implementación de las medidas neoliberales y de entrega de los recursos naturales a las transnacionales, caminan sobre la corrupción, las disputas de las mafias y la impunidad. Esta situación es fruto de que las instituciones del Estado son vistos como un botín por parte de los grupos de poder; en este contexto no es extraño que se den una serie de hechos delictivos y que, cuando se quiere tomar medidas como la ley de acceso a la información o la ley que busca transparentar la elección de magistrados, los partidos políticos y los organismos del Estado manifiesten estar de acuerdo, pero en la práctica bloquean las medidas que llevan a un mayor control y participación ciudadana.
Llamamos a los Pueblos Indígenas, organizaciones populares y sociales a exigir y presionar para que se acabe con la impunidad y la corrupción, ya que éstas permiten a las mafias actuar a su antojo. Una de estas medidas debe ser la transformación radical del organismo judicial y el Ministerio Público, que en lugar de velar por la aplicación de la ley se han convertido en instrumento de la impunidad y de violación de derechos.
Una vez más, los pueblos y organizaciones indígenas y campesinas reafirmamos y demandamos la necesidad de la refundación del Estado actual, y dar paso a la construcción colectiva de un Estado Plurinacional, con pleno respeto a la cosmovisión y territorio de los Pueblos Indígenas, fundamentado en el Buen Vivir, única alternativa para salir de la crisis actual y respuesta ante el saqueo, despojo y robo de las riquezas de la Madre Naturaleza, por parte de las empresas nacionales y extranjeras.
Respaldamos las acciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG –; los hechos recientes, nuevamente ha demostrado, con creces, la necesidad de la existencia de esta comisión para lo cual solicitamos a la comunidad internacional su total apoya para que se evidencien y erradiquen los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que mantienen a Guatemala en la corrupción, impunidad y la zozobra.
Demandamos a todas las instituciones del Estado a transparentar sus actuaciones y al cumplimiento de la obligación de proporcionar la información a la sociedad guatemalteca; así mismo llamamos a las y los ciudadanos a promover o exigir la puesta en función de los mecanismos para tener una mayor participación y control sobre las instituciones gubernamentales.
Iximulew Jun K’at
15 de Mayo de 2009
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ kej
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas CNOC
Comunidades Q'eqchis de Livingston Encuentro Campesino
Consejo de Los Pueblos de Occidente
Asamblea Departamental por la defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango
Comunidades Qamoloj Q'i Tinamit de San Juan Sacatepéquez
Comunidades contra las Represas de la Zona Reina de El Quiché
Coordinadora Juvenil Xinka Xalapan
CONGCOOP
CEIBA