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La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej y las Alcaldías Indígenas del departamento de El Quiché ante la remilitarización y persecución en contra de las y los dirigentes de la población Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez y abogados que llevan su defensa; comunidades que a través de Consulta y Consenso Comunitario dijeron ¡No! a la construcción de una planta cementera en su territorio. A la Opinión Pública hace saber: Los acontecimientos acaecidos en los días de la imposición del Estado de Prevención por el gobierno de turno en el territorio de San Juan Sacatepéquez, ha sido una respuesta violenta al desplegar más de dos mil elementos de La Policía Nacional Civil y Ejército, en contra de las decisiones y voluntad comunitaria. Acciones Políticas de corte racista y discriminatoria en contra de poblaciones mayas, al no ser tomadas en cuenta por parte de las instancias correspondientes de sus decisiones en la defensa y protección de La Madre Tierra y recursos que de ella provienen para el sustento de la vida. El rostro de violencia del actual gobierno en contra de los Pueblos Indígenas se deja demostrado al utilizar todo el aparato estatal de las Fuerzas del Ejército, Policía y Ministerio Público para defender el interés particular de una familia de alto poder económico, que busca la explotación y sustracción de los recursos naturales para beneficio propio, sin importarle la vida y alto impacto de contaminación en la región. Gobierno que en los distintos intentos de acallar a la población criminaliza la legitima lucha del Pueblo Maya y profesionales que acompañan las reivindicaciones comunales, quienes han sido respetuosos de los procesos legales para hacer valer sus derechos. Como Autoridades Indígenas, en nuestra práctica ancestral basada en los principios de Consulta, Consejo y Consenso en la aplicación de justicia, han sido violentadas constantemente por los actuales gobernantes. Por ello, acudimos al uso del Derecho Positivo a través de hermanos Profesionales Mayas conocedores de las herramientas de El Estado y que en su aplicación para la defensa de las poblaciones indígenas, abogados y comunidades son acusados de terroristas y delincuentes. Denunciamos la persecución y amenazas constantes en contra de los Profesionales Mayas: Amílcar Pop y Carmela Curup de La Asociación de Abogados Mayas, por parte de las instituciones del Estado y Ministerio Público al levantar falsas acusaciones en su contra por hechos violentos sucedidos durante el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez. Basados en los principios de nuestra cosmovisión, el Respeto y Defensa de la Vida como profesionales y comunidades, en ningún momento han fundamentado su accionar en la violencia como solución de conflictos. Durante los meses de zozobra levantada en la región por parte de grupos desestabilizadores que han respondido claramente a los intereses de la cementera. Comunidades, profesionales y organizaciones que acompañamos a San Juan Sacatepéquez en su lucha, hemos llamado constantemente al gobierno a sentarse en la mesa de negociación para dar a conocer los requerimientos y las decisiones comunitarias y así evitar los desastres a ser provocados con la instalación de una planta cementera en la región y hasta ahora, no ha tenido eco en el gobierno que preside Álvaro Colom. Los hechos violentos sucedidos durante los días del Estado de Prevención es responsabilidad única y exclusiva de las Fuerzas del Ejército, Policía y Ministerio Público, al negar los elementales derechos de la población y el atropello a la dignidad humana durante la aplicación del decreto, como hemos estado denunciando. Por lo tanto: La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej y las Alcaldías Indígenas del departamento de El Quiché, responsabilizamos a las Fuerzas de Seguridad y Gobierno de turno por la integridad física de los habitantes de las comunidades sanjuaneras y los profesionales Amílcar Pop y Carmela Curup. Reconocemos y respaldamos a La Asociación de Abogados Mayas por su compromiso social y asistencia en el ejercicio de su profesión en la defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Exigimos el retiro inmediato de toda tropa militar y de la PNC de las comunidades de San Juan Sacatepéquez. Que el derecho a la Defensa y Resistencia, legitimado en el Convenio 169 y ratificado por el Estado guatemalteco, sea respetado por el actual gobernante Álvaro Colom. Al Estado y Gobierno de turno responder por las pérdidas humanas y materiales, así como por los daños psicológicos causados en contra de mujeres, hombres y niños de las comunidades. Exigimos realizar una investigación real y con la presencia de organismos internacionales para deducir responsabilidades en contra de los actores y responsables intelectuales de los hechos violentos acaecidos durante el Estado de Prevención. Llamamos a todas las Organizaciones Nacionales e Internacionales que velan por los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas a estar atentos al acontecer de la región para garantizar el respeto de la integridad física de los habitantes y profesionales que llevan la defensa de las comunidades afectadas. Al Pueblo de Guatemala a levantar su voz de protesta en contra de los atropellos cometidos en su contra por parte de las Fuerzas de Seguridad y gobierno de turno, para exigir que responda a los intereses de la población en general y no al de familias poderosas que siempre han ostentado el poder. Iximulew, Guatemala Julio de 2008La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej y las Alcaldías Indígenas del departamento de El Quiché ante la remilitarización y persecución en contra de las y los dirigentes de la población Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez y abogados que llevan su defensa; comunidades que a través de Consulta y Consenso Comunitario dijeron ¡No! a la construcción de una planta cementera en su territorio. A la Opinión Pública hace saber: Los acontecimientos acaecidos en los días de la imposición del Estado de Prevención por el gobierno de turno en el territorio de San Juan Sacatepéquez, ha sido una respuesta violenta al desplegar más de dos mil elementos de La Policía Nacional Civil y Ejército, en contra de las decisiones y voluntad comunitaria. Acciones Políticas de corte racista y discriminatoria en contra de poblaciones mayas, al no ser tomadas en cuenta por parte de las instancias correspondientes de sus decisiones en la defensa y protección de La Madre Tierra y recursos que de ella provienen para el sustento de la vida. El rostro de violencia del actual gobierno en contra de los Pueblos Indígenas se deja demostrado al utilizar todo el aparato estatal de las Fuerzas del Ejército, Policía y Ministerio Público para defender el interés particular de una familia de alto poder económico, que busca la explotación y sustracción de los recursos naturales para beneficio propio, sin importarle la vida y alto impacto de contaminación en la región. Gobierno que en los distintos intentos de acallar a la población criminaliza la legitima lucha del Pueblo Maya y profesionales que acompañan las reivindicaciones comunales, quienes han sido respetuosos de los procesos legales para hacer valer sus derechos. Como Autoridades Indígenas, en nuestra práctica ancestral basada en los principios de Consulta, Consejo y Consenso en la aplicación de justicia, han sido violentadas constantemente por los actuales gobernantes. Por ello, acudimos al uso del Derecho Positivo a través de hermanos Profesionales Mayas conocedores de las herramientas de El Estado y que en su aplicación para la defensa de las poblaciones indígenas, abogados y comunidades son acusados de terroristas y delincuentes. Denunciamos la persecución y amenazas constantes en contra de los Profesionales Mayas: Amílcar Pop y Carmela Curup de La Asociación de Abogados Mayas, por parte de las instituciones del Estado y Ministerio Público al levantar falsas acusaciones en su contra por hechos violentos sucedidos durante el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez. Basados en los principios de nuestra cosmovisión, el Respeto y Defensa de la Vida como profesionales y comunidades, en ningún momento han fundamentado su accionar en la violencia como solución de conflictos. Durante los meses de zozobra levantada en la región por parte de grupos desestabilizadores que han respondido claramente a los intereses de la cementera. Comunidades, profesionales y organizaciones que acompañamos a San Juan Sacatepéquez en su lucha, hemos llamado constantemente al gobierno a sentarse en la mesa de negociación para dar a conocer los requerimientos y las decisiones comunitarias y así evitar los desastres a ser provocados con la instalación de una planta cementera en la región y hasta ahora, no ha tenido eco en el gobierno que preside Álvaro Colom. Los hechos violentos sucedidos durante los días del Estado de Prevención es responsabilidad única y exclusiva de las Fuerzas del Ejército, Policía y Ministerio Público, al negar los elementales derechos de la población y el atropello a la dignidad humana durante la aplicación del decreto, como hemos estado denunciando. Por lo tanto: La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej y las Alcaldías Indígenas del departamento de El Quiché, responsabilizamos a las Fuerzas de Seguridad y Gobierno de turno por la integridad física de los habitantes de las comunidades sanjuaneras y los profesionales Amílcar Pop y Carmela Curup. Reconocemos y respaldamos a La Asociación de Abogados Mayas por su compromiso social y asistencia en el ejercicio de su profesión en la defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Exigimos el retiro inmediato de toda tropa militar y de la PNC de las comunidades de San Juan Sacatepéquez. Que el derecho a la Defensa y Resistencia, legitimado en el Convenio 169 y ratificado por el Estado guatemalteco, sea respetado por el actual gobernante Álvaro Colom. Al Estado y Gobierno de turno responder por las pérdidas humanas y materiales, así como por los daños psicológicos causados en contra de mujeres, hombres y niños de las comunidades. Exigimos realizar una investigación real y con la presencia de organismos internacionales para deducir responsabilidades en contra de los actores y responsables intelectuales de los hechos violentos acaecidos durante el Estado de Prevención. Llamamos a todas las Organizaciones Nacionales e Internacionales que velan por los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas a estar atentos al acontecer de la región para garantizar el respeto de la integridad física de los habitantes y profesionales que llevan la defensa de las comunidades afectadas. Al Pueblo de Guatemala a levantar su voz de protesta en contra de los atropellos cometidos en su contra por parte de las Fuerzas de Seguridad y gobierno de turno, para exigir que responda a los intereses de la población en general y no al de familias poderosas que siempre han ostentado el poder. Iximulew, Guatemala Julio de 2008La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej y las Alcaldías Indígenas del departamento de El Quiché ante la remilitarización y persecución en contra de las y los dirigentes de la población Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez y abogados que llevan su defensa; comunidades que a través de Consulta y Consenso Comunitario dijeron ¡No! a la construcción de una planta cementera en su territorio.

A la Opinión Pública hace saber:

Los acontecimientos acaecidos en los días de la imposición del Estado de Prevención por el gobierno de turno en el territorio de San Juan Sacatepéquez, ha sido una respuesta violenta al desplegar más de dos mil elementos de La Policía Nacional Civil y Ejército, en contra de las decisiones y voluntad comunitaria.
 
Acciones Políticas de corte racista y discriminatoria en contra de poblaciones mayas, al no ser tomadas en cuenta por parte de las instancias correspondientes de sus decisiones en la defensa y protección de La Madre Tierra y recursos que de ella provienen para el sustento de la vida.
 
El rostro de violencia del actual gobierno en contra de los Pueblos Indígenas se deja demostrado al utilizar todo el aparato estatal de las Fuerzas del Ejército, Policía y Ministerio Público para defender el interés particular de una familia de alto poder económico, que busca la explotación y sustracción de los recursos naturales para beneficio propio, sin importarle la vida y alto impacto de contaminación en la región.
 
Gobierno que en los distintos intentos de acallar a la población criminaliza la legitima lucha del Pueblo Maya y profesionales que acompañan las reivindicaciones comunales, quienes han sido respetuosos de los procesos legales para hacer valer sus derechos.
 
Como Autoridades Indígenas, en nuestra práctica ancestral basada en los principios de Consulta, Consejo y Consenso en la aplicación de justicia, han sido violentadas constantemente por los actuales gobernantes. Por ello, acudimos al uso del Derecho Positivo a través de hermanos Profesionales Mayas conocedores de las herramientas de El Estado y que en su aplicación para la defensa de las poblaciones indígenas, abogados y comunidades son acusados de terroristas y delincuentes.
 
Denunciamos la persecución y amenazas constantes en contra de los Profesionales Mayas: Amílcar Pop y Carmela Curup de La Asociación de Abogados Mayas, por parte de las instituciones del Estado y Ministerio Público al levantar falsas acusaciones en su contra por hechos violentos sucedidos durante el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez.
 
Basados en los principios de nuestra cosmovisión, el Respeto y Defensa de la Vida como profesionales y comunidades, en ningún momento han fundamentado su accionar en la violencia como solución de conflictos.

Durante los meses de zozobra levantada en la región por parte de grupos desestabilizadores que han respondido claramente a los intereses de la cementera. Comunidades, profesionales y organizaciones que acompañamos a San Juan Sacatepéquez en su lucha, hemos llamado constantemente al gobierno a sentarse en la mesa de negociación para dar a conocer los requerimientos y las decisiones comunitarias y así evitar los desastres a ser provocados con la instalación de una planta cementera en la región y hasta ahora, no ha tenido eco en el gobierno que preside Álvaro Colom.
 
Los hechos violentos sucedidos durante los días del Estado de Prevención es responsabilidad única y exclusiva de las Fuerzas del Ejército, Policía y Ministerio Público, al negar los elementales derechos de la población y el atropello a la dignidad humana durante la aplicación del decreto, como hemos estado denunciando.
 
Por lo tanto:

La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej y las Alcaldías Indígenas del departamento de El Quiché, responsabilizamos a las Fuerzas de Seguridad y Gobierno de turno por la integridad física de los habitantes de las comunidades sanjuaneras y los profesionales Amílcar Pop y Carmela Curup.

Reconocemos y respaldamos a La Asociación de Abogados Mayas por su compromiso social y asistencia en el ejercicio de su profesión en la defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Exigimos el retiro inmediato de toda tropa militar y de la PNC de las comunidades de San Juan Sacatepéquez.

Que el derecho a la Defensa y Resistencia, legitimado en el Convenio 169 y ratificado por el Estado guatemalteco, sea respetado por el actual gobernante Álvaro Colom.

Al Estado y Gobierno de turno responder por las pérdidas humanas y materiales, así como por los daños psicológicos causados en contra de mujeres, hombres y niños de las comunidades.

Exigimos realizar una investigación real y con la presencia de organismos internacionales para deducir responsabilidades en contra de los actores y responsables intelectuales de los hechos violentos acaecidos durante el Estado de Prevención.

Llamamos a todas las Organizaciones Nacionales e Internacionales que velan por los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas a estar atentos al acontecer de la región para garantizar el respeto de la integridad física de los habitantes y profesionales que llevan la defensa de las comunidades afectadas.

Al Pueblo de Guatemala a levantar su voz de protesta en contra de los atropellos cometidos en su contra por parte de las Fuerzas de Seguridad y gobierno de turno, para exigir que responda a los intereses de la población en general y no al de familias poderosas que siempre han ostentado el poder.
 
Iximulew, Guatemala Julio de 2008