La Coordinadora Regional de Comunidades Campesinas Afectadas por la Minería (CORECAMI – ICA); se pronuncia ante la arremetida del gobierno de turno encabezado por el nefasto Alan García Pérez, “El Perro del Hortelano” de las empresas mineras y de todas las industrias extractivas, fiel a su política neoliberal, esta vez en su afán protagónico y guardián de los intereses de las grandes transnacionales saqueadoras de nuestras riquezas, promulga el DL Nº1015 la misma que en su contenido es inconstitucional porque busca abrir el camino a la venta de los territorios de las Comunidades Campesinas y nativas amazónicas a intereses de las grandes transnacionales que buscan seguir explotando nuestros recursos naturales; siendo estas: en la costa (el mar), en la sierra (la minería) y en la selva (madereros) por decir una de las formas. Este gobierno entreguista, quien hace alarde del crecimiento económico, a pesar que en su gestión 85-90 destruyó la economía del país ahora sale como el “Salvador”, cuando encontró una economía articulada y a pesar de contar con condiciones económicas favorables, no hace sino seguir entregando nuestras riquezas a Empresas mineras como: Yanacocha, Buenaventura, Barrick y otras, donde las transnacionales han ganado en 02 años la miserable suma de doce mil millones de soles (S/ 12,000 000,000.00) por el incremento en el precios en la venta de nuestros minerales.

Este DL Nº 1015, no es otra que el proyecto de ley Nº1992, presentado el 2007 al Congreso, pero como no logro su aprobación, El lo aprueba aduciendo que el Congreso es una traba, sin tomar en cuenta el informe de la defensoría del pueblo que dice: “Que el estado debe proveer una protección especial a las tierras comunales”, este DL 1015 viola el artículo 89 de la Constitución Política del Estado, que señala que las tierras comunales son imprescriptibles e históricamente han sido consideradas, además inenajenables e inembargables; porque las tierras comunales no solo son propiedad o territorio; es el medio de subsistencia, tanto de hábitat y alimentación, de los pueblos originarios; asimismo es el espacio de su identidad y sus formas de organización tradicionales. Además, este DL 1015 trasgrede los convenios internacionales firmados por el Perú en materia de derechos de los pueblos originarios (Convenio Nº 169- OIT), que dice: “que los pueblos y comunidades indígenas deben ser consultados al momento de aprobar cualquier dispositivo que los afecte”.

Por lo que proponemos:

- Poner en alerta a las Comunidades Campesinas de la Cuenca del Río Grande: Cordova, Laramarca, Querco, Quirahuara, Ocoyo, Huacchuas; Río Ica: Stgo Chocorvos, Sangayaico, Huirpacancha, Tambo, Ayavi, Capillas, Rosario de Yauca, Ica y otras a estar vigilantes ante la pretensión de las Empresas mineras a ingresar a sus territorios.

- Buscar coordinar con las Comunidades Campesinas y organizaciones populares, para dar respuesta inmediata y unitaria al gobierno frente a este DL Nº 1015.

- Pedir a nuestros congresistas de la República, asuman la defensa de nuestros derechos y deroguen este dispositivo que es inconstitucional.

- Preparar una respuesta contundente a este gobierno aprista, respaldando el paro del 08, 09 y 10 de Julio, en rechazo a este Decreto legislativo anticonstitucional, contra la criminalización de la protesta y el alza de los productos alimenticios.

La Directiva.

COORDINADORA REGIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS AFECTADAS POR LA MINERIA