BOLIVIA

CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES BOLIVIANOS Y EL GOBIERNO MORALES POR LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN, LA JUSTICIA SOCIAL CONTRA EL REFERENDO REACCIONARIO DE LA OLIGARQUÍA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA ESCLAVITUD

APOYAMOS LAS NACIONES Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA EN LA LEGITIMA RECUPERACIÓN DE SUS PROPIAS TIERRAS ANCESTRALES DECIMOS NO A LOS ABUSOS Y A LA VIOLENCIA DE LOS LATIFUNDISTAS

Para el 4 de mayo 2008, sectores conservadores de Bolivia, oligarquía y latifundistas, y las autoridades del Departamento de Santa Cruz, sus emanación, han promovidos el “Referendo para los Estatutos de Autonomía”. Un acto ilegitimo e ilegal que queda afuera de las leyes y de la Constitución amenazando la unidad nacional.

El Estatuto de Autonomía propuesto desconoce el gobierno central y plantea que las regiones tengan el control de las tierras y de los recursos naturales, así como de los impuestos derivados de la explotación de los mismos recursos. No reconoce ni los pueblos indígenas, ni sus culturas o sus idiomas como elementos fundamentales de sus propuestas.

Además prevé una autonomía casi completa del Estado central – art.122 “ En el caso en que la conformación del órgano de control de constitucionalidad de Bolivia se realice en violación de los principios constitucionales de independencia de los poderes, de las idoneidad y de especificidad de la función jurídica, el Departamento Autónomo de Santa Cruz no reconocerá su jurisdicción […]” - hasta con derechos políticos distintos para los ciudadanos cruceños respecto al resto de los bolivianos, y cuenta también sobre una legislación sobre la tierra muy diferente: art. 102, “El derecho a la propiedad de la tierra, la regularización de los derechos, la distribución, predistribución y administración de la tierra en el Departamento de Santa Cruz es responsabilidad del Gobierno Departamental [..]”; art. 105, “El Gobierno Departamental, por medio del Instituto Departamental de la Tierra (IDT), aplicara procesos de agrupamiento, distribución y redistribución de la tierra para evitar la aparición del fenómeno del minifundio improductivo [..]”; art. 109, “El Gobernador firmara todos los Títulos Agrarios que acreditaran la propiedad sobre la tierra […]”.

Estos artículos proponen una respuesta precisa a la pregunta sobre quien haya redactado ese Estatuto de Autonomía y sobre cuales fuesen sus intenciones: contrastar las reformas políticos-económicas del gobierno Morales y las acciones de los movimientos sociales que han luchado para la defensa de los recursos naturales, para el cambio político, la eliminación de los latifundios y la restitución de las tierras a los indígenas.

Las organizaciones sociales, los indígenas, los cocaleros, de la guerra para el agua de Cochabamba aquella contra la privatización del gas, y luego el gobierno Morales, de la nacionalización del gas natural y de los hidrocarburos al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas[1] y la nueva constitución, han arrancado el camino que hoy en día lleva a la lucha contra la oligarquía, contra el latifundio[2], contra el neoliberalismo hacia un nuevo (auque antiguo, en cuanto rico de la milenaria cultura de los pueblos indígenas) modelo de desarrollo con justicia social.

La “Nueva Constitución Política del Estado”, elaborada por la Asamblea Constituyente y al momento bloqueada por la tentativa reaccionaria de los poderes de Santa Cruz, es la respuesta a momentos históricos[3] nuevos y viejos, nunca superados a causa de políticos corruptos, de la oligarquía y de los EE UU. que, para garantizar sus propios intereses han reducido a la miseria y al subdesarrollo los pueblos indígenas y el pueblo de Bolivia en general.

Rodolfo Stavenhagen, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, en el resume redactado en seguida de la visita oficial en Bolivia del 25 de noviembre al 4 de diciembre 2007, ha declarado:

“El proyecto de Estatuto de autonomía prevé una serie de disposiciones de carácter racista, incluso el articulo 161, que seria extremamente dañino para los pueblos indígenas del departamento”.

De hecho el art.161 del estatuto muestra su carácter racista cuando “reconoce con orgullo su condición racial a mayoría mestiza” y limita el reconocimiento de los pueblos indígenas exclusivamente a los oriundos: “conservar las culturas y promover el desarrollo integral y autónomo de los pueblos indígenas oriundos del departamento: Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Mojeño…”.

En realidad más del 20% de la población de Santa Cruz se autoidentifica como Quechua o Aymara. (datos censo 2001)

¿Y como quieren “promover el desarrollo de los pueblos indígenas” los latifundistas y la oligarquía Cruceña?

¡Con la reducción a la esclavitud de los indígenas Guaraní y la oposición armada a la legitima recuperación de las tierras ancestrales de parte de los pueblos indígenas!

Es el caso de la hacienda “Caraparicito”, propiedad del norteamericano Larsen.

Ese latifundista tiene en su poder indígenas Guaraní reducidos en esclavitud y por dos veces, el 29 de febrero y el 4 de abril, impidió que se restituyeran las tierras, ocupadas ilegalmente por el, al Pueblo Guaraní, obstaculizando, secuestrando y amenazando de muerte las delegaciones oficiales llegadas a las orillas de su hacienda.

El 4 de abril, Larsen ha amenazado personalmente y de forma explicita Alejandro Almaraz, viceministro por los Asuntos de la Tierra, y Wilson Changaray, Presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní.

También el ya citado Rodolfo Stavenhagen, relator especial de las Naciones Unidas, ha declarado de haber...

“observado con preocupación y condenado las agresiones que en los días pasados han golpeado en la región del Altiplano Cruceño algunos funcionarios públicos y miembros de las comunidad Guaraní durante el proceso de restitución de los territorios ancestrales a este pueblo”.

El alcance de una justicia social a nivel global, de nuevos modelos de desarrollo que no incluyan la explotación o la destrucción del medio ambiente, ni de los seres humanos que lo pueblan, pasan por el aniquilamiento de las oligarquías, por la recuperación de las tierras ocupadas arbitrariamente por los latifundistas, por la erradicación de toda esclavitud, discriminación, racismo.

Hacemos un llamado a los movimientos sociales italianos, a las personalidades políticas e intelectuales para que subscriban este documento de solidaridad con las naciones y los pueblos indígenas, los movimientos sociales Bolivianos y el Gobierno Morales.

Primos firmantes :

Confederazione COBAS, ARCI, Partito Rifondazione Comunista,  SELVAS.ORG-Osservatorio Informativo, Associazione ASUD, REBOC - Rete Boicottaggio Coca Cola- Comitato Carlos Fonseca, Associazione Italia Nicaraguacircolo "Leonel Rugama" Roma, Spazio Sociale EX-51 Roma- El Vagon Libre.Onlus - Claudio albertani, insegnante messico – Guido Piccoli, giornalista

[1] Bolivia, país con mayoría indígena (el 62% de la población) es la patria de 36 pueblos indígenas oficialmente reconocidos, de los cuales los mayores por número son los Quechua y los Aymara.

[2] Los pueblos indígenas han obtenido los títulos de propiedad para 11 millones de hectáreas, sobre la base de la Ley Agraria 3545 de “Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria”, promulgada el 28.11.2006 por el Presidente de la Republica Evo Morales.

[3] La nueva constitución responde a varios momentos históricos: la superación de la colonia con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; el fracaso de la reforma agraria del 1953; las consecuencias de las dictaduras de los años ’70; el flagelo neoliberal impuesto del 1985; los nuevos desafíos de Bolivia y del Mundo: una democracia participativa, una justicia real y una humanidad en armonía con la naturaleza.