Primero está la soberanía alimentaria de los pueblos

¡Fuera la OMC de la agricultura y la alimentación!

La agricultura y la alimentación son fundamentales para los pueblos y la gente en
todo el mundo, tanto en términos de la producción y disponibilidad de cantidades
suficientes de alimentos nutritivos y seguros, como en cuanto pilares de
comunidades, culturas y ambientes rurales y urbanos saludables. Todas esas
funciones están amenazadas y vienen siendo socavadas por las políticas económicas
neoliberales que con ímpetu creciente impulsan las grandes potencias como Estados
Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE), a través de instituciones multilaterales
como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM). En lugar de garantizar la alimentación de toda la
población del mundo, esos organismos presiden un sistema que multiplica el hambre
y diversas formas de desnutrición, y la exclusión de millones de personas del
acceso a bienes y recursos productivos tales como la tierra, el agua, las
semillas, las tecnologías y el conocimiento. Se requieren cambios urgentes y
fundamentales a éste régimen mundial.

La soberanía alimentaria es un derecho fundamental de los pueblos

Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de todos los pueblos
del mundo, es crucial que los alimentos sean producidos mediante sistemas de
producción diversificados, de base campesina. La soberanía alimentaria es el
derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia
de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y
el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, y a
decidir en qué medida quieren ser autosuficientes sin volcar sus excedentes en
terceros países mediante la práctica del 'dumping'. La soberanía alimentaria no
niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas
políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población
a disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente
sustentable.

Para conseguir y preservar la soberanía alimentaria de los pueblos y garantizar
la seguridad alimentaria, los gobiernos deberán adoptar políticas que fomenten
una producción sustentable, basada en la producción familiar campesina, en lugar
que un modelo industrial, de altos insumos y orientado a la exportación.
Ello implica adoptar las siguientes medidas:

I. Políticas de mercado
- Garantizar precios remunerativos para todos los productores agropecuarios;
- Ejercer el derecho a proteger los mercados nacionales de los productos
importados a bajo precio;
- Regular la producción en el mercado interno a fin de evitar la generación
de excedentes;
- Abolir todo tipo de apoyos y subsidios directos e indirectos a las
exportaciones;
- Eliminar progresivamente aquellos subsidios a la producción nacional que
promuevan sistemas agropecuarios insustentables y patrones inequitativos de
tenencia de la tierra y, en cambio, brindar apoyo a las prácticas
agropecuarias sustentables y a programas de reforma agraria integral.

II. Medio ambiente y calidad y seguridad de los alimentos
- Controlar adecuadamente la proliferación de pestes y enfermedades,
garantizando al mismo tiempo la seguridad e inocuidad de los
alimentos;
- Prohibir el uso de tecnologías peligrosas como la irradiación de los
alimentos, que genera toxinas en ellos y disminuye su valor
nutritivo;
- Fijar criterios de calidad de los alimentos adecuados a las
preferencias y necesidades de la gente;
- Establecer mecanismos nacionales de control de calidad de los
alimentos, de manera tal que cumplan con normas ambientales, sociales
y sanitarias de alta calidad;
- Garantizar que todas las funciones de inspección de alimentos sean
llevadas a cabo por organismos gubernamentales adecuados e
independientes, y no por empresas privadas o concesionarias.

III. Acceso a los recursos productivos
- Reconocer y hacer valer los derechos jurídicos y consuetudinarios de
las comunidades en lo que refiere a tomar decisiones acerca del uso
de los recursos locales y tradicionales, aun cuando jurídicamente no
hayan gozado previamente de esos derechos;
- Garantizar el acceso equitativo a la tierra, las semillas, el agua,
el crédito y otros recursos productivos;
- Prohibir cualesquier formas de patentamiento de materia viva y
cualquiera de sus componentes, y la apropiación del conocimiento
asociado a la agricultura y la alimentación mediante regímenes de
propiedad intelectual;
- Proteger los derechos de los productores agropecuarios, los pueblos
indígenas y las comunidades locales sobre los recursos fitogenéticos
y el conocimiento asociado, inclusive el derecho de los agricultores
a intercambiar y reproducir semillas.

IV. Producción-Consumo
- Desarrollar economías alimentarias locales, basándose en la
producción y el procesamiento local y la creación de puntos de venta
locales.

V. Organismos Genéticamente Modificados
- Prohibir la producción y comercialización de semillas, alimentos y
piensos genéticamente modificados, así como de cualesquier productos
afines.
- Alentar y promover la agroecología y la agricultura orgánica fundadas
en el saber indígena y tradicional, y otras prácticas agropecuarias
sustentables.
- Denunciar y resistir activamente los diversos métodos (directos e
indirectos) que están utilizando las grandes empresas
agroalimentarias como Monsanto, Syngenta, Aventis/Bayer y DuPont para
introducir variedades de cultivos transgénicos en el ambiente y los
sistemas agropecuarios.

VI. Transparencia de la información y leyes antimonopólicas
- Garantizar el etiquetado claro y preciso de los alimentos para
consumo humano y animal, con base en el derecho de los consumidores y
los agricultores a conocer el origen y contenidos de esos productos;
- Fijar normas obligatorias para todas las empresas, que garanticen la
transparencia, responsabilidad pública y respeto de los derechos
humanos y las normas ambientales en sus operaciones;
- Dictar leyes antimonopólicas para evitar la formación de monopolios
industriales en los sectores agropecuario y alimentario.
- Responsabilizar ante la ley a las entidades corporativas y a sus
directores por cualesquier violaciones de las leyes sociales y
ambientales y las normas y acuerdos nacionales e internacionales.

Las reglas de comercio tienen que garantizar la soberanía alimentaria

No se le debe conceder primacía al comercio internacional por encima de otras
metas sociales, ambientales, de desarrollo o culturales. Es imperativo darle
prioridad a la producción de subsistencia y culturalmente apropiada de alimentos
sanos, nutritivos, de buena calidad y a precios razonables, para el mercado
interno y los mercados subregionales y regionales. La liberalización actual del
comercio, que deja en manos de las fuerzas del mercado y poderosas empresas
transnacionales las decisiones acerca de qué y cómo se producen y se
comercializan los alimentos, no puede dar cumplimiento a estas importantísimas
metas sociales.

No! a las políticas agropecuarias y alimentarias neoliberales
Los abajo firmantes denunciamos la 'liberalización' de los intercambios de
productos agropecuarios promovida a través de acuerdos de libre comercio
bilaterales y regionales y a través de organismos multilaterales como el FMI, el
Banco Mundial y la OMC. Condenamos el dumping de productos agropecuarios que
practican los grandes exportadores, particularmente sobre los países del tercer
mundo en donde han socavado la producción nacional para el mercado interno. Las
políticas neoliberales obligan a los países a especializarse en productos
agrícolas en los que gozan de supuestas 'ventajas comparativas', y a
comercializarlos con base en el mismo principio. Así se fomenta la producción
para la exportación a expensas de la producción de alimentos para el mercado
interno, y los recursos y medios de producción se encuentran cada vez más bajo el
control de grandes intereses privados empresariales.

Los gobiernos ricos continúan subsidiando fuertemente la producción agropecuaria
de exportación en sus países, destinando la mayor parte de esos recursos a los
productores más grandes. La mayor parte de esos dineros de los contribuyentes
terminan en manos de grandes empresas -grandes productores, grandes empresas
mercantes y grandes cadenas minoristas-que desarrollan prácticas agropecuarias y
comerciales insustentables, en lugar que en manos de los productores familiares
de pequeña escala que producen principalmente para el mercado interno, a menudo
con estrategias y prácticas productivas más sustentables.

Esas políticas de fomento a las exportaciones han dado origen a precios de
mercado para los productos que son mucho menores que los costos reales de
producción. Eso alienta y perpetúa la práctica del dumping, y permite que las
empresas transnacionales (ETNs) compren productos agropecuarios a muy bajos
precios, para vendérselos después a precios mucho más altos a los consumidores
tanto del Sur como del Norte. Los fuertes subsidios agropecuarios de los países
ricos son en realidad subsidios para la industria agroalimentaria, las grandes
empresas mercantes, las grandes cadenas minoristas, y para una minoría de los
mayores productores.

Los efectos adversos de esas políticas y prácticas se revelan cada vez con mayor
claridad. Ellas conducen a la desaparición de la agricultura familiar de pequeña
escala tanto en el Norte como en el Sur; la pobreza ha aumentado, especialmente
en las zonas rurales; los suelos y el agua están contaminados y degradados; y ha
habido pérdidas irreparables de diversidad biológica y destrucción de hábitat.

Dumping
Hay dumping cuando se venden productos en un mercado a precios menores que el
costo de producción. Ello puede ser el resultado de la aplicación de diversos
tipos de subsidios o de distorsiones estructurales tales como el control
monopólico de los mercados y la distribución, tanto como de la falta de voluntad
que exhiben las políticas económicas actuales para 'internalizar' los costos de
externalidades tales como el agotamiento de las fuentes de agua, la pérdida de
nutrientes en el suelo y la contaminación que acarrean los métodos industriales
de producción agropecuaria. Bajo las políticas neoliberales hoy predominantes,
ocurre dumping tanto en el comercio Norte-Sur como en los intercambios Sur-Norte
y Sur-Sur. Independientemente de la forma que adopte, el dumping es una práctica
que lleva a la ruina a los productores locales de pequeña escala, tanto en los
países de origen como en aquellos donde se venden los productos.

Por ejemplo:
- Importación a la India de productos lácteos excedentes subsidiados por la
Unión Europea;
- Exportaciones de productos porcinos industrializados de Estados Unidos a
los países del Caribe, que han arruinado a los criadores caribeños de
cerdos;
- Importaciones de productos porcinos en Costa de Marfil, procedentes de la
Unión Europea a precios -subsidiados-- tres veces menores que el costo de
producción en Costa de Marfil;
- Exportaciones de hilos de seda de la China a la India a precios mucho más
bajos que el costo de producción en la India, perjudicando muy seriamente a
cientos de miles de familias rurales del sur de la India;
- La importación a bajo precio de maíz proveniente de EE.UU. en Méjico -el
centro de origen del maíz-está provocando la ruina de los productores
mejicanos del grano. De otra parte, las verduras de bajo precio mejicanas
están arruinando a los productores hortícolas canadienses, todo ello en el
marco del TLCAN.

Es imperativo impedir el dumping. Los países importadores deben gozar de pleno
derecho a protegerse contra el dumping, y a los países exportadores no se les
puede permitir volcar sus excedentes en el mercado internacional a precios bajos.
Los exportadores deberían responder a la demanda real de productos y bienes
agropecuarios que no socaven la producción local.

No existe un 'mercado mundial' de productos agropecuarios
El llamado 'mercado mundial' de productos agropecuarios en realidad no existe. Lo
que existe, ante todo, es comercio internacional de excedentes de cereales y
productos lácteos y cárnicos volcados al mercado internacional principalmente por
la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EE.UU.) y otros miembros del llamado Grupo
CAIRNS de países agroexportadores. Aparte de eso, el comercio internacional en
productos agropecuarios compromete solamente a un 10% del conjunto total de la
producción agropecuaria mundial, y constituye fundamentalmente un intercambio
entre empresas transnacionales de EE.UU., la UE y algunos otros países
industrializados. Los así llamados 'precios del mercado mundial' son sumamente
inestables y no guardan relación alguna con los costos de producción. Esos
precios son sumamente bajos debido al dumping, y por lo tanto jamás podrán ser
una referencia adecuada o conveniente para la producción agropecuaria.

La OMC hace oídos sordos a los reclamos de reforma del sistema
La OMC es antidemocrática, no le rinde cuentas a nadie, ha aumentado las
desigualdades mundiales y la inseguridad, fomenta patrones de producción y
consumo insustentables, erosiona la diversidad y socava otras prioridades
sociales y ambientales. Ha demostrado ser impermeable a las críticas respecto a
su funcionamiento y ha rechazado todos los reclamos de reforma del sistema. A
pesar de las promesas de mejoras en el sistema anunciadas durante la conferencia
ministerial de Seattle en 1999, las formas de gobierno de la OMC en realidad se
han empeorado. En lugar de encarar las iniquidades y los desequilibrios reinantes
entre los países ricos y los países pobres, el grupo de presión de los ricos y
poderosos en la OMC está buscando ampliar el mandato de esa organización sobre
nuevas áreas de la vida social como el medio ambiente, la legislación laboral,
las inversiones, las políticas de competencia y las compras del Estado.

La OMC es una institución completamente inadecuada para hacerse cargo de los
problemas de la agricultura y la alimentación. Los abajo firmantes no vemos que
sea posible que la OMC se someta a una reforma profunda que la haga sensible a
los derechos y necesidades del pueblo y el común de la gente. En consecuencia,
los abajo firmantes reclamamos que todo lo relativo a la alimentación y la
agricultura sea excluido del ámbito de jurisdicción de la OMC, mediante el
desmantelamiento del Acuerdo sobre Agricultura (AoA, por su sigla en inglés) y la
exclusión o enmienda de otras cláusulas afines y acuerdos de la OMC, entre los
que se incluyen el acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual
relacionados al Comercio (ADPIC, mejor conocido como TRIPS, por su sigla en
inglés), el acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS, por su sigla
en inglés), el acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio (TBT, por su sigla en
inglés), el acuerdo sobre Restricciones Cuantitativas, el acuerdo sobre Subsidios
y Medidas Compensatorias (SCM, por su sigla en inglés), y el Acuerdo General
sobre Comercio en Servicio (GATS, por su sigla en inglés).

¿Pueden las normas de comercio desempeñar un papel positivo en las políticas
agropecuarias y alimentarias?
El comercio internacional puede desempeñar un papel positivo, por ejemplo en
tiempos de inseguridad alimentaria regional, o para el caso de productos que sólo
se pueden cultivar en determinados lugares del planeta, o para el intercambio de
productos de calidad. No obstante, esas normas de comercio deberán respetar el
principio de precaución en todas las políticas a todos los niveles, así como
reconocer los procesos democráticos y participativos en la toma de decisiones y
la primacía de la soberanía alimentaria de los pueblos por encima de los
imperativos del comercio internacional.

Un régimen institucional alternativo
Es evidente la necesidad, como complemento al papel de los gobiernos locales y
nacionales, de un nuevo régimen institucional alternativo de reglamentación
multilateral para la producción sustentable y el comercio de bienes agropecuarios
y alimentarios. Ese nuevo régimen deberá respetar los siguientes principios:
1. La soberanía alimentaria de los pueblos;
2. El derecho de todos los países a proteger su mercado interno, regulando a
tal efecto todas aquellas importaciones que socaven su soberanía
alimentaria;
3. Normas de comercio que apuntalen y garanticen la soberanía alimentaria;
4. Equidad de género e igualdad en todas las políticas y prácticas referidas a
la producción alimentaria;
5. El principio de precaución;
6. El derecho a la información acerca del origen y contenido de los productos
alimenticios;
7. Mecanismos internacionales de participación genuinamente democráticos;
8. Prioridad para la producción alimentaria nacional, las prácticas
agroecológicas sustentables y el acceso equitativo a todos los recursos;
9. Apoyo a los pequeños productores agropecuarios para que obtengan la
propiedad y ejerzan suficiente control sobre los medios de producción
alimentaria;
10. Prohibición eficaz de todas las formas de dumping, a fin de proteger la
producción alimentaria nacional, mediante la aplicación de mecanismos que
eviten la generación de excedentes por parte de los países exportadores y
el ejercicio del derecho de los países importadores a proteger sus mercados
internos contra los productos importados a bajo precio;
11. Prohibición de la biopiratería y las patentes sobre materia viva -
animales, plantas, el organismo humano y otras formas de vida- y cualquiera
de sus componentes, e incluso al desarrollo de variedades estériles
mediante procesos de ingeniería genética;
12. Respeto por todos los convenios de Derechos Humanos y otros acuerdos
multilaterales afines bajo jurisdicción internacional independiente.

Los abajo firmantes hacemos nuestros los reclamos planteados en otras
declaraciones de la sociedad civil tales como 'Nuestro Mundo No Está en Venta:
OMC, Someterse o Desaparecer' y 'Frenemos Ya el Ataque del GATS'. Reclamamos que
los gobiernos aprueben las siguientes medidas de manera inmediata:
1. Cesar las negociaciones tendientes al lanzamiento de una nueva ronda de
liberalización comercial y frenar las discusiones tendientes a incorporar
'nuevos temas' o sectores al ámbito de jurisdicción de la OMC, tales como
inversiones, normas de competencia, compras del Estado, biotecnología,
servicios, normas laborales y medio ambiente;
2. Cancelar las negociaciones para una mayor liberalización del comercio
agropecuario en el ámbito del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC,
inclusive a través de la llamada 'agenda incorporada' u ordinaria de la
OMC;
3. Eliminar la aceptación obligatoria de un cupo mínimo de importación del 5%
del consumo interno; todas las cláusulas sobre acceso obligatorio a los
mercados deben ser asimismo eliminadas inmediatamente;
4. Emprender una revisión exhaustiva tanto de la implementación como de los
impactos sociales y ambientales de las normas y acuerdos de comercio
vigentes (y el papel de la OMC en ese sistema) con respecto a la
alimentación y la agricultura;
5. Tomar medidas inmediatas para sustraer a la alimentación y la agricultura
del control de la OMC, entre otras, mediante el