Estado de alerta y movilización en tierras bajas

Las organizaciones indígenas, campesinas y campesinos sin tierra del
oriente boliviano, reunidas en Santa Cruz el 25 de noviembre, ante la
arremetida violenta por motivo de la tenencia de tierras, la
impunidad y nuestro derecho a la vida y a la propiedad,

Denunciamos:

La violencia contra campesinos e indígenas y las instituciones y
profesionales que nos apoyan son la respuesta de los acaparadores de
tierras, y la colaboración e impunidad son la respuesta del Estado.
Los ganaderos y acaparadores ilegales recurren al asesinato y
matonaje a través de sicarios contratados y grupos armados para
acallar las demandas de los sectores sociales y encubrir sus fraudes.
La impunidad de que gozan y la protección por parte de las
autoridades políticas, judiciales y policiales, está convirtiendo el
crimen organizado contra indígenas y campesinos en el arma preferida
para impedir la redistribución de tierras ociosas y fraudulentamente
obtenidas.

De los hechos de violencia y la colaboración e impunidad que los
acompañan, son ejemplo los siguientes:

- La sentencia por "homicidio en riña", con beneficio de
excarcelación a favor de los asesinos que dieron muerte con armas de
fuego a 6 campesinos e hirieron a otros 23 en Pananty, zona del Gran
Chaco;

- La reacción tardía de las autoridades que provocó 4 muertes, en
los últimos días en Yapacaní, pese a las denuncias acerca de la
presencia en la zona de sicarios armados, asentados en campamentos y
provistos además de instrumentos de tortura;

- La detención de 4 campesinos del Sindicato Agrario Nueva
Jerusalem, cuyas viviendas fueron destruidas y quemadas, con el apoyo
de la Policía, por orden del ex Subprefecto de la Provincia Sara;

- La violenta represión contra los campesinos de Canandoa para
desalojarlos de sus tierras y favorecer a una terrateniente del lugar
en diciembre pasado;

- La total ausencia de investigación y sanción a los responsables
del secuestro e intento de asesinato de uno de los asesores legales
del pueblo Chiquitano de Monte Verde por parte de ganaderos y
personas armadas en septiembre de 2001;

- La quema de casas de la comunidad campesina de la Enconada y el
desalojo violento empleando los servicios de sicarios armados, en
octubre de 2001;

- La amenaza de muerte que corre en contra de los dirigentes
indígenas Mojeños.

- La violenta agresión contra el Reverendo Padre Dr. Enrique
Jordá y un funcionario de CIPCA el pasado domingo 24 de noviembre de
2002, en el Municipio de San Ignacio de Moxos departamento Beni,
provocado por ganaderos que se oponen al saneamiento de tierras.

- Las constantes y diversas amenazas públicas contra las
instituciones y profesionales que nos apoyan en la defensa de
nuestros derechos.

La escalada de violencia en el país y en especial en el oriente, es
provocada por las constantes irregularidades y la corrupción del INRA
en la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria, así como en
el control de las instancias públicas que administran el proceso
agrario, la justicia y los órganos de gobierno en general por parte
de los terratenientes. La solución debe trascender a la mera
formalidad de sustituir una autoridad por otra.

La inequidad en la tenencia y acceso a la tierra y los recursos
naturales está reflejada en la existencia de latifundios ociosos e
improductivos frente a cientos de miles de mujeres y hombres que
tienen tierras insuficientes o simplemente no las poseen. El Plan
Tierra anunciado por el Gobierno no establece soluciones efectivas a
la problemática a tal punto que para los sectores indígenas y
campesinos representa una amenaza y un retroceso.

EXIGIMOS:

1. Que se aplique justicia en todos los casos de violencia contra
indígenas y campesinos, la agresión física contra el Padre Dr.
Enrique Jordá y contra un miembro de CIPCA, así como la formación de
grupos armados para amenazar, agredir y amedrentar a nuestras
comunidades y organizaciones y a las instituciones y profesionales
que nos apoyan.

2. Que el INRA sea reinstitucionalizado para garantizar
transparencia, legalidad e imparcialidad en la administración y
ejecución del proceso agrario. Los funcionarios tienen que ser
escogidos en concurso de méritos y exámenes de competencia La re-
institucionalización debe contar con la participación de la Iglesia
Católica y otros organismos representativos así como con una veeduría
internacional.

3. Que las tierras fiscales sean de inmediato destinadas a la
dotación y tituladas en el menor tiempo a indígenas y campesinos y de
ningún modo a empresarios.

Las organizaciones indígenas, campesinas y campesinos sin tierra del
oriente aglutinadas en un bloque social nos declaramos en ESTADO DE
ALERTA Y MOVILIZACIÓN frente a las agresiones de que somos víctimas y
la pasividad y complicidad del Estado frente a los sectores ganaderos
y terratenientes causantes de la violencia.

¡Exigimos que se aplique la legalidad vigente en materia agraria y
que impere la justicia!

Santa Cruz de la Sierra, 26 de Noviembre de 2002.

Bloque Social – Organizaciones Indígenas y Campesinas del Oriente