Violencia Estructural en México

En México vivimos una lacerante violencia estructural ejercida por las instituciones y el sistema social. La violencia estructural es aquella que en la que se manifiesta tanto la desigualdad como la represión. Es, además, una violencia legalizada que se corresponde con las injusticias estructurales: económicas, sociales, por discriminación sexual y racial, de desigualdad de oportunidades, de marginación, de hambre y de pobreza, y de violación a derechos humanos. Es estructural porque al reproducir las estructuras sociales injustas y sus conflictos, reproduce la desigualdad del orden social institucional y legal existente.[1]

La pobreza constituye una violación generalizada a los derechos humanos, en particular de los derechos sociales básicos. Según cifras conservadoras, en México el 42% de la población vive en la pobreza, y casi el 14% vive en pobreza extrema.[2] Según el propio Banco Mundial la pobreza en México es del 50%.[3] Esta violación generalizada se torna más escandalosa si consideramos que Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, concentra casi el 8% del PIB en México y que las 38 familias más ricas de México concentran el 14.4% del PIB[4] mientras que el 10% (más de 10 millones) más pobre recibe el 1.6% del PIB y el 60% de la población más pobre (más de 60 millones de personas) concentra tan sólo el 27.6%.del PIB.[5]  Según el PNUD, si se transfiriera tan sólo el 5% del ingreso del 20% más rico de la población en México a los más pobres, aproximadamente saldrían de la pobreza 12 millones de mexicanas y mexicanos.[6]

Esta indignante desigualdad que se vive en México, no sólo es económica, sino que se refleja en el goce y disfrute de todos los derechos humanos. Como señala Amnistía Internacional en México existen leyes sin justicia.[7] A los más pobres se les niegan, además de sus derechos sociales, sus derechos civiles básicos: no tienen protección contra la violencia policial y varias formas de violencia privada; se les niega el acceso igualitario a las instituciones del Estado y los juzgados; sus domicilios pueden ser invadidos arbitrariamente; y, en general, están forzados a vivir una vida no sólo de pobreza sino también de humillación recurrente y miedo a la violencia, muchas veces perpetrada por las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían protegerlos. Este sector de la población no solo son materialmente pobres, sino también legalmente pobres.[8]  Los penales en México no están habitados en general por los delincuentes más peligrosos, sino por los más pobres[9] y en cambio es poco común que personas acaudaladas sean condenadas por los delitos que cometieron.

Esta violencia estructural se refleja también en los altos niveles de violencia y discriminación que existe en México contra las mujeres, contra las personas con preferencias sexuales diferentes, contra las y los niños y jóvenes contra los pueblos indígenas.

Asimismo, esta violencia estructural existente se ha ido ampliando mediante cambios legislativos que la profundizan y legalizan. Un ejemplo de lo anterior han sido las reformas a la ley del ISSSTE y del IMSS y la flexibilización laboral que reducen los derechos de los trabajadores; la reforma que se dio al artículo 27 Constitucional para eliminar la inalienabilidad de la tierra dejando a los campesinos desprotegidos; la propuesta de reforma a las normas de estaciones migratorias que tratan a los migrantes centroamericanos como delincuentes; la criminalización de los usos y costumbres de los Pueblos Indígenas; la restricción del derecho a huelga; etc.

Legalidad, Estado de Derecho, Democracia y DERECHOS HUMAnos

Actualmente, los contenidos de los conceptos de Legalidad, Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos están en disputa. Cuando el Gobierno mexicano habla de legalidad, estado de derecho y democracia, no está hablando de lo mismo que se entiende por estos conceptos desde los derechos humanos, sino que habla desde el autoritarismo.

La legalidad de la que habla Calderón es una ‘mera legalidad’, que consiste en la autorización legal para utilizar la violencia, sin una rígida vinculación a la ley misma. Una ‘mera legalidad’ que se vale de figuras delictivas dotadas de cierta elasticidad, no taxativas que dejan el campo libre a la arbitrariedad. Es decir, esta ‘mera legalidad’ se basa en el alto grado de indeterminación semántica que caracteriza a la mayor parte de los tipos delictivos y la discrecionalidad punitiva[10] donde cuando se trata de sancionar la corrupción de funcionarios públicos de alto nivel se invoca la presunción de inocencia y la falta de pruebas quedando éstas siempre en la impunidad -tal es el caso de la impunidad que gozan Mario Marín, Gobernador de Puebla; Ulises Ruiz, Gobernador de Oaxaca; Jorge Hank Rhon en Tijuana; los dueños de la Compañía Minera México y de la Mina Pasta de Conchos; Rubén Figueroa, exgobernador de Guerrero; Luis Echeverría, ex Presidente de México; etc., etc., - y para sancionar la protesta social se invoca la aplicación de todo el peso de la ley, la legalidad, y el Estado de derecho, con pocas o ninguna pruebas y sin garantías de debido proceso para los acusados.  Atenco es quizá uno de los ejemplos paradigmáticos donde los líderes del movimiento social fueron sentenciados a 67 años y los policías que violaron y agredieron sexualmente a 26 mujeres no fueron sancionados. Todo en nombre de la legalidad y el estado de derecho.

Así, el argumento que escuchamos una y otra vez por parte del Gobierno Federal y los gobiernos estatales cuando se detiene a líderes de movimientos o se reprime alguna manifestación, es que lo que se protege es el Estado de derecho, la legalidad, y la democracia. En dos ocasiones antes de tomar posesión, Calderón hizo idénticas declaraciones  señalando: “jamás renunciaré a mi deber de cumplir y hacer cumplir la ley, con la fuerza de la democracia y el Estado de derecho”, una vez para referirse al tema de seguridad pública[11] y la otra refiriéndose al conflicto en Oaxaca[12].

Sin embargo, la ‘estricta legalidad’ o imperio de la ley debe ser un universo ético, una exigencia ético-política, más allá del puro derecho positivo, no se refiere al derecho que es, sino al de debe ser. No se realiza, pues, en la mera legalidad.[13]   

Es así que el Estado de derecho es el imperio de la ley, pero no cualquier especie de imperio de la ley. También las dictaduras modernas y regimenes totalitarios, pueden alegar la legalidad: también se pueden legislar arbitrariedades: “Estas arbitrariedades legalizadas también son derecho (ilegítimo, injusto) y quien las aplica también es Estado (dictatorial, autoritario), pero no es un Estado de derecho”.[14] Pinochet  siempre utilizó el argumento de la defensa de la legalidad, el orden y la libertad cuando durante su dictadura modificando la Constitución para que sus actos represivos fueran ‘legales’.

Lo que en definitiva diferencia de manera radical y substancial al Estado de derecho, es su concepción del imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. El concepto de imperio de la ley se comprende y se fundamenta en los derechos fundamentales, que constituyen el núcleo de su misma coherencia interna y también su justa legitimidad.[15] Los derechos humanos – civiles, políticos, económicos, sociales y culturales – constituyen la razón de ser del Estado de Derecho.[16]

Aún más, el Estado de derecho es una noción sustantiva que demanda ciertos resultados sociales o económicos. No es la obediencia ciega a la ley, sino que implica además la protección y garantía de los derechos fundamentales. Esta protección y garantía de los derechos fundamentales es lo que permite que la ley pueda ser construida mediante un proceso participativo y deliberativo.

En México no se puede hablar de que exista una protección y garantía de los derechos humanos de la población que vive en pobreza. Además con una impunidad del 98% en el país, de ninguna manera se puede considerar que ni siquiera exista una ‘mera legalidad’.

Por otro lado, cuando el gobierno habla de Democracia, se refiere a los resultados electorales avalados por las instituciones electorales, se habla de una democracia meramente procedimental y formal, que se relaciona con un Estado de derecho lato o débil.[17]

Desde los derechos humanos una Democracia es una democracia sustantiva, en la que las normas sustanciales sancionan, a través de los derechos fundamentales, los fines del ordenamiento. En una Democracia constitucional como la que presume tener México, ésta debe ser entendida como aquélla democracia que garantiza todos los derechos, no solo los derechos de libertad sino también los derechos sociales; y que al mismo tiempo los garantiza frente a todos los poderes, no sólo frente a los poderes públicos, sino también frente a los poderes privados, no sólo del Estado, sino también del mercado y en todos los niveles, no sólo el federal, sino también el estatal y municipal y el internacional.[18]

Entre los elementos esenciales de la democracia están, por tanto, la satisfacción de las necesidades humanas básicas (alimentación, vivienda, vestido, educación, trabajo). En una sociedad democrática, el orden jurídico sólo se realiza y justifica con la observancia y garantía de los derechos humanos. La protección de estos es un propósito básico del orden jurídico. A su vez, el ejercicio efectivo de la democracia contribuye decisivamente para la observancia y garantía de los derechos humanos, y la plena vigencia de estos caracteriza, en última instancia, al Estado de Derecho.[19]

El ejercicio efectivo de la democracia requiere como presupuesto el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. En una Democracia Constitucional, la pobreza extrema es ilegal ya que las condiciones de legitimidad del Estado, es decir las condiciones para que un Estado merezca nuestra obediencia, no se alcanzan allí donde el Estado niega a millones de personas, a través de un orden institucional inequitativo, los recursos mínimos para una vida digna.[20] En resumidas cuentas, no hay democracia sin derechos humanos, tomados estos en su conjunto (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) y la plena vigencia de los derechos humanos es lo que caracteriza al Estado de derecho y la legalidad.[21]

En México, en cambio, se aplica un derecho que – como señala Gargarella – acostumbra hacer lo que no debe: “maltrata a quienes debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, ignora a quienes debe mayor atención, y sirve a quienes debe controlar”[22]. Es decir, opera un derecho mafioso, donde se aplica la ley de forma discriminatoria, particularmente contra los pobres[23]