La situación en que viven las poblaciones en zonas mineras, ante la presencia de Empresas Trasnacionales-ETN, se agrava con el conflicto entre los intereses y costumbres de las comunidades que habitan los territorios por décadas y siglos atrás y que trabajan de forma artesanal la pequeña y mediana minería, con los de las voraces ETN, en particular la Kedahda s.a., filial en Colombia de la Anglo Gold Ashanti-AGA, 2ª empresa minera mas grande del mundo con capitales de alianza Británico-Sudafricana.

El Gobierno Nacional se parcializa favoreciendo a las ETN con una serie de medidas y estrategias legislativas, políticas y legales. Hoy nuestras comunidades maciceñ@s y de la región se ven amenazadas por estas políticas y normas que nos afectan directamente al igual que al tejido social y a las organizaciones sociales que nos articulan.

Algunas de las normas que se han venido aplicando por el actual gobierno en sus dos períodos son: Decreto 622 sobre parques nacionales; Ley 388 del 98 sobre los Planes de Ordenamiento Territorial (POT); Decreto 1729 sobre ordenamiento de cuencas y micro cuencas hidrográficas; Resolución 0839 de 2003 sobre páramos, Ley de hidrocarburos, Ley 715 de 2001 sobre transferencias; Ley 757 ordenamiento de humedales; Ley 1021 de 2004 o Forestal; Ley de certificación ambiental, Ley de patentes, Ley 1152 de 2007 o Estatuto de Desarrollo Rural y el Nuevo Código Nacional de minas, entre otras.

Todas estas medidas buscan afectar nuestra autonomía y territorios, mediante estrategias como: no confrontar a la ciudadanía sino de manera cínica hacerse amigos de la comunidad; con las normas poco a poco ir desconociendo derechos, privatizando la naturaleza y los recursos, y recortando los territorios a las comunidades a través de los mecanismos definidos o reglamentados por dichas normas, como los Planes de Ordenamiento Territorial-POT, los Planes de Ordenamiento de Microcuencas Hidrográficas-POMCH, los Planes de Aguas, las Declaratorias de Áreas Protegidas o de Reserva Ambientales (Páramos, Humedales, Parques, Reservas Forestales), y de Zonas de Interés Minero-ZIM.

El actual código minero, elaborado en el 2001 de acuerdo a intereses de las grandes empresas mineras, va ha ser nuevamente modificado en los próximos meses liquidando los últimos recursos legales que tienen las comunidades de pequeños y medianos mineros. Actualmente, la Kedahda está solicitando 4.500.000 hectáreas en el territorio colombiano, en 325 municipios de los 22 departamentos del país con el auspicio del gobierno nacional y las autoridades sectoriales (mineras y ambientales).

La reforma al código de minas habilita a las ETN la explotación de zonas excluidas anteriormente (Páramos, Reservas o Parques Naturales, Territorios Comunitarios indígenas y afros) e incluye a las zonas mineras especiales (de indígenas y afros), que si bien requieren de Consulta Previa a las comunidades para iniciar cualquier actividad minera, hoy se está burlando ésta y el Derecho de Prelación. La reforma fija tiempos cortos para explorar, realizar solicitudes, explotar; y establece un impuesto costoso de acuerdo a las hectáreas solicitadas y a los estudios técnicos de las potenciales capacidades y la producción calculada de las minas. Así como en el caso del oro, las empresas transnacionales quieren saquear en general todos nuestros recursos naturales (los energéticos-Carbón, el agua, el cobre, el níquel, el molibdeno, la madera, etc), desplazando a las comunidades, y el gobierno nacional se los entrega a estas empresas extranjeras bajo las gabelas que les otorgará tanto el Tratado de Libre Comercio-TLC como las normas y leyes que estamos denunciando.

Podrán entonces, enriquecerse a costillas nuestras, que somos los verdaderos dueños del territorio y nos asiste la cultura y los derechos de los pueblos ancestrales. A través del código de Minas se imponen la ley para el minero, y comunidades. Actualmente en Colombia el código de Minas de 2001, no diferencia entre la pequeña y gran minería. Además de esto, en la asignación de los contratos, antes se garantizaban los derechos sobre las minas a los primeros que las explotaban (minería tradicional), ahora la prelación la tiene quien hace primero la solicitud legal y quien demuestra capacidad tecnológica y financiera.

A partir de la Audiencia Minera, del 11 de noviembre 2006 en la ciudad de Medellín en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos-TPP, Capítulo Colombia, las comunidades del sur de Bolívar y Nariño, los indígenas y afrodecendientes del Norte del Cauca y Chocó, junto a los indígenas de Risaralda, empezamos a encontrarnos para conocer e intercambiar problemáticas y soluciones. Desde esa Audiencia se entendió el carácter nacional del conflicto que se viene presentando entre las comunidades mineras y las ETN, en particular la Alglo Gold Ashanti–Kedahda, se iniciaron reuniones en busca de aplicar soluciones al problema y desarrollar iniciativas comunitarias por la defensa y permanencia en los territorios frente a las multinacionales y las medidas del gobierno.

Distintas organizaciones nacionales y locales convocamos al 1er Encuentro Nacional Agro minero e Interétnico en Bogotá los días 23 y 24 de julio de 2007. Donde se concluyó:

1. Que las empresas transnacionales-ETN, en particular mineras son una amenaza para la soberanía nacional y la permanencia en el territorio.

2. Rechazar los acuerdos internacionales que violan la soberanía y vida de las comunidades, como el Tratado de Libre Comercio-TLC.

3. Condenar las políticas gubernamentales, que bajo el falso discurso del “desarrollo, crecimiento económico y disminución del desempleo”, facilitan la penetración de empresas transnacionales, valiéndose para ello de la implementación de la “política de seguridad democrática”, que no procura la seguridad ciudadana sino la seguridad al gran capital y sus intereses.

4. Las comunidades agro mineras se declaran en resistencia frente a la legislación vigente y a la propuesta gubernamental de reforma al código de minas vigente desde 2001.

5. Caravana Nacional Agrominera, del 17 de agosto al 4 de septiembre de 2007, viajando por el sur de Bolívar, Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle, Cauca y Nariño, donde se evidenciaron las condiciones precarias de la pequeña y mediana minería.

Además, se observa una campaña de señalamiento contra la minería artesanal por daños y perjuicios ambientales, campaña que apunta al cierre y declaratoria de ilegalidad de esta forma de sobre vivencia de miles de familias colombianas, tal como se pudo apreciar en las declaraciones del señor gobernador del Cauca frente al incidente ocurrido en Suárez, donde en vez de solidaridad anunció la prohibición de la minería de hecho, posibles sanciones y el cierre de la minería local, sin ninguna solución a la problemática de subsistencia de las familias afectadas por la tragedia causada por la falta de asistencia del Estado. En el año 1986 las comunidades afectadas de Buenos Aires, Suárez, Morales, hicieron movilización a Popayán, llegando a acuerdos con el gobierno, como adquisición de tierras para reubicación de las familias damnificadas, solución de transporte por la represa de la Salvajina, apoyo a la micro empresa para solucionar la problemática social y de ingresos que se origino. Hasta lo que va corrido del 2007 no se ha cumplido nada. Hoy llega la Anglo Gold Ashanti-Kedahda, solicita 578 has y 4 contratos de concesión entre los municipios de Suárez y Buenos Aires que le son aprobados a pesar del derecho de prelación de las comunidades allí asentadas.

En el Cauca desde finales del año 2006 la multinacional Kedahda ha venido presionando para ingresar a los territorios con engaños como en el sur y macizo, donde han realizado exploraciones sin consulta previa ni autorización de las comunidades y dueños de los predios, en particular en La Depresión, La Sierra; El Hoyo-Quintero, Patía; San Miguel-Pepinal-San Lorenzo, Bolívar; Río de Oro, Almaguer. Frente a la negativa de las comunidades sus funcionarios han intimidado planteando que “por las buenas o por las malas entrarán a la región” o amedrentando con la aplicación de la ley. Sospechosamente, muchos líderes han sido señalados y amenazados por paramilitares que se han identificado como Águilas Negras. Esta situación se viene presentando principalmente, en el Norte del Cauca, en los Municipios de Suárez, Buenos Aires, Villarrica, Santander de Quilichao, donde en los últimos meses han hecho aparición los mal llamados grupos emergentes de la Autodefensas.

La multinacional Kedahda esta aquí, ya entró al territorio, y comenzaron los atropellos contra las comunidades indígenas, afros y campesinas en el Macizo y sur del Cauca, Nariño, así como ha sucedido a lo largo y ancho del país…

Perspectivas

Consolidar mecanismos de articulación que permita la convivencia entre las diferentes cosmovisiones y culturas de las comunidades mineras y otros sectores sociales, que permitan unificar la lucha y movilizaciones para emprender caminos colectivos.

Las comunidades y organizaciones sociales debemos seguir unidos por los derechos a la vida, a la dignidad y a la permanencia en nuestros territorios, desarrollando mandatos colectivos y procesos de soberanía en ellos

Diversificar la economía de la región garantizando fuentes de ingresos permanentes y de largo plazo, facilitando la alimentación de las comunidades y el cuidado del ambiente para depender en menor grado de la minería.

Promover y aplicar nuestros Planes de Vida como herramienta de desarrollo y autonomía que deben ser apoyados por las instituciones estatales y de cooperación.

Plantearnos una legislación minera que defienda los recursos naturales y permita el desarrollo de la pequeña y mediana minería con apoyo estatal, que pueda generar riqueza de manera sostenible para el país y las comunidades.

Construir un proyecto minero nacional, soberano y sustentable ambientalmente con un papel garantista del Estado en el mismo.

La Depresión, Imponente Macizo Colombiano, Noviembre 19 de 2007