En marcha por la dignidad, la soberanía, el territorio y el cumplimiento de acuerdos en el Cauca y macizo colombiano

Somos mujeres y hombres caucanos y nariñenses, que histórica y continuamente se nos han desconocido nuestros derechos y propuestas a producción, trabajo, salud, educación y vivienda dignos, a tierra y territorio, a la pequeña y mediana minería.

El Estado Colombiano y sus gobiernos permanentemente además de negar nuestros derechos humanos y constitucionales han pretendido que la imposición, politiquería, pobreza, exclusión, silencio y represión, sean el ambiente en el que crezcan nuestras familias y comunidades, condicionándonos sólo a recibir programas asistencialistas.

Ante esta situación nos esforzamos, desde 1.985, por integrarnos, desarrollar experiencias y respuestas propias, generar alternativas que con la reunión, encuentro, asambleas, cumbres, audiencias, paros, marchas movilizan nuestra vida digna, integración regional y desarrollo propio.

Integrados con indígenas, afros, mujeres, jóvenes, urbanos y otros campesinos hemos realizados foros y audiencias públicas, en el 2.003 y 2.004 marchamos a Cali, en el 2.006 convocamos en la Cumbre organizaciones sociales al Gobierno, en agosto del 2.007 nos movilizamos al Parlamento a Bogotá. Lo anterior para interlocutar y requerir sobre leyes y decisiones del Presidente y Congreso, que desconocen nuestra cultura, aumentan la pobreza y niegan el ejercicio de nuestros derechos en nuestros territorios y comunidades.

La tierra, el territorio centro de vida y trabajo agrícola digno, fuente de alimentos, origen de tradiciones, costumbres y paisanaje, base de organización comunitaria y social es negada o agredida, se hace necesario poseerlo y recuperarla. (1) En el Cauca donde poseer mucha tierra es poder y donde el poder da muchas tierras aunque no se tengan produciendo, la gran mayoría de familias campesinas no poseen tierra o subsisten en microfundios y minifundios que no se acercan a la famosa Unidad Agrícola Familiar-UAF. En muchas zonas hoy el jornal apenas alcanza los $ 2.000. Frente a este olvido y exclusión comunidades para subsistir han cultivado coca, y con las fumigaciones y erradicaciones forzosas se agrava el ciclo: “pobreza- políticas públicas y mayor pobreza y desesperanza”.

Ahora llegan transnacionales como la Kedahda, que aprovechándose de las ventajas dadas por el Código minero y el Gobierno, de la pobreza de la gente y del desconocimiento del trabajo duro, cotidiano e histórico de pequeños y medianos mineros pretende apropiarse de la riqueza natural del Macizo, dejándonos como lo ha hecho en varios sitios de Colombia el despojo de tierras, los huecos, la pobreza, las victimas y los desastres ambientales.

El agua y la biodiversidad cultivada ancestralmente por indios, campesinos y negros hoy se pretende privatizar, desconociendo la inmensa deuda y retribución que se les debe a las comunidades, su carácter de bien común y esencial para la vida. Será responsabilidad de la CRC y el Minambiente por acción u omisión el deterioro ambiental de nuestra Región. Cómo comprometerse en un Plan Departamental de Aguas si los municipios quedaran endeudados por más de 69.000 millones de pesos? Deuda que terminarán pagando las familias con impuestos y sobrecostos en las tarifas del agua y servicios públicos.

Niños, ancianos, mujeres y hombres aguantando cada vez mayor hambre; emergencias sociales y alimentarias declaradas por comunidades con solicitudes de interlocución sobre desarrollo alternativo no escuchadas por el indolente Gobierno; familias y comunidades campesinas mirando impotentes sus paisanos postrarse o morir, por ausencia de médicos, personal de salud, medicamentos, … debido a la crisis de la salud. Menos escuelas y maestros, menos niños en las escuelas porque deben desplazarse a trabajar o a otros sitios para sobrevivir; jóvenes sin alternativas de educación superior ni técnica. Campesinos asesinados y que aparecen vestidos de camuflado y acusados de guerrilleros; poblaciones confinadas, militarización de la vida comunitaria, completan este panorama de violación de los ddhh en su integralidad.

Toda esta crisis social, porque el Estado y Gobierno nos condenan a la ilegitimidad, pobreza y exclusión; porque la imposición del modelo de desarrollo económico neoliberal y globalizante convierte en mercancías los derechos y tiene como centro la ganancia y no las personas y sus comunidades; porque se continua reduciendo lo que hay de Estado Social y Democrático en la Constitución del 91 con leyes como el Estatuto de Desarrollo Rural que imposibilita el derecho a la tierra y la producción de alimentos; porque el Congreso de la República y el Presidente ponen en riesgo la soberanía, producción propia y territorios geoestratégicos con sus recursos al servicio de multinacionales y del TLC; porque se impulsa la agudización del conflicto aumentando los muertos, amenazados, desplazados, las familias, comunidades y organizaciones desarticuladas; porque el Estado y Gobierno no honra ni cumple los Acuerdos pactados con comunidades y organizaciones sociales del Macizo y suroccidente desde 1.987, 1.991. 1.996 y 1.999.

Ante esta situación mujeres y hombres dignos organizados, resistimos y persistimos en la palabra propuesta y en la minga organizacional por vida digna, integración regional y social y el desarrollo propio. Nos convocamos y les convocamos e insistir ante el Gobierno en la vigencia y vivencia de los derechos humanos en su integralidad, en la defensa de los derechos de pueblos y comunidades, en consultas y cumbres que permitan la participación de todas y todos en las decisiones sobre el territorio, agua y biodiversidad, riqueza minera, en la evaluación de los gobiernos y las entidades públicas, en el cumplimiento de acuerdos pactados.

La Movilización social expresada en la reunión, el taller, el foro, la marcha, el paro, la feria agroambiental, el encuentro cultural, los intercambios, en suma, en la Asamblea Permanente, que deben recorrer nuestras familias y comunidades, nuestro territorio de la vereda a la Región en la construcción, consensos y decisiones para afrontar la pobreza, el olvido, la exclusión, la politiquería y la guerra, con sus leyes y políticas.

Tejamos la solidaridad de pequeños y medianos mineros con campesinos, maestros, estudiantes, negros, indios, madres cabeza de familia, madres comunitarias. En fin todas y todos en Marcha defendiendo nuestra vida digna, los territorios y propuestas de desarrollo propio!!

Comité de Integración del Macizo-CIMA
Coordinación Agrominera del Macizo y Sur del Cauca
Consejos Comunitarios del Sur

La Depresión, Imponente Macizo Colombiano, Noviembre 19 de 2007

Nota

(1) El departamento del Cauca la evidencia es sobresaliente, en 1995 fue el departamento en que mayor participación tuvo el minifundio en relación con la totalidad del área registrada, es decir, 221.465 predios menores de 5 hectáreas a los que corresponden un área de 655.587, representa el 94.9% de la totalidad de predios registrados en el mismo año y a los que responden un 23.5% de la superficie total