Campaña nacional de recolección de firmas:
Perú: No a la criminalización de la protesta social, sí a los derechos humanos
La campaña nacional de recolección de firmas NO a la criminalización de la protesta social, SÍ a los derechos humanos tiene por finalidad concienciar a la población sobre la existencia de normas bastante peligrosas con las que el actual Gobierno pretende hacer creer que está garantizando la seguridad de la población pero que en la práctica generan mayor inseguridad a los ciudadanos y propician la vulneración de sus derechos fundamentales como son el derecho a la vida, integridad física, libertad, expresión y opinión, señaló Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Entre los decretos que afectan los derechos humanos y por los cuales estamos solicitando que se declare su inconstitucionalidad están el 982, 983, 988 y 989. En tanto, se reduce la intervención de los fiscales y se otorgan mayores facultades a las fuerzas armadas y policiales, al punto de contemplar su impunidad en caso de matar o herir a una persona durante el cumplimiento de su deber; además de haberse creado el delito de extorsión que genera penas elevadísimas de hasta 25 años por participar en una manifestación de protesta social.
Según Ardito, “las personas tienen derecho a expresarse, opinar y protestar, pero no a dañar a otros ni la propiedad privada ni pública, de hecho ya existen normas tipificadas que sancionan estos actos de violencia, pero no se puede considerar que una petición o una protesta equivale a un delito de extorsión, porque sería extender esta figura de forma muy desproporcionada, con el alto costo social que implica en desmedro de sus derechos humanos fundamentales”.
“En lo que va del gobierno actual ya han muerto 12 personas por acción de la violencia policial lo cual revela un endurecimiento en el accionar del gobierno, evidente ya en el intento de que se instaure la pena de muerte en nuestro país, que se implementen normas que restringen la labor de las ONGs, que se tenga que pedir permiso para hacer una movilización social, entre otras”, agregó Ardito.
A una semana de campaña, dada la demanda de personas e instituciones dispuesta a sumarse a esta causa, se han comprado planillones que permitan obtener cuatro mil firmas más a las seis mil que se había previsto recaudar inicialmente. Por lo que esperamos superar la meta de cinco mil necesarias para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de estos cuatro decretos.
La personas interesadas en apoyar pueden dirigirse a cualquiera de las cuatro instituciones que promueven esta campaña: la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Coordinadora Contra la Impunidad y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Lima, 20 de noviembre de 2007
Mayor información:
Wilfredo Ardito: 9807-3589 / 9733-3448