Hoy es un día de celebración para los pueblos indígenas del mundo y para el Perú. Luego de 22 años de lucha del movimiento indígena internacional, el día jueves 13 de setiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el voto a favor de 143 países, once abstenciones y cuatro en contra: Estados Unidos, Canadá, Rusia, Nueva Zelanda.

“Lo que se ha aprobado es un marco internacional sobre los derechos inalienables e indestructibles de los Pueblos Indígenas que todos los Estados están moralmente obligados a cumplir. Es un avance significativo en esta larga lucha por preservar los derechos colectivos de más de 370 millones de indígenas en el mundo”, señaló la congresista quechua Juana Huancahuari.

La parlamentaria indicó que “el Estado peruano debe abrir los ojos a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, tal como hoy se está reconociendo en la más alta instancia internacional, como el respeto al derecho a la consulta y al principio del consentimiento previo, libre e informado, contenido en dicha declaración”, dijo, en clara alusión al caso Majaz.

UN POCO DE HISTORIA

Los países tenían una deuda histórica con los pueblos indígenas. El texto de la Declaración fue adoptado en el 2006 por el recién creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En la Asamblea General del 2006, el texto fue rechazado por los países africanos liderados por Botswana, Namibia, Nigeria y apoyados por Estados Unidos, Canadá, Rusia, Nueva Zelanda y Australia.

Estos países impidieron su adopción con el argumento de que tenían problemas con el texto. Desde entonces, se llevaron a cabo intensas negociaciones entre los estados amigos de la Declaración, entre ellos Perú, México, Brasil, con los países africanos.

Finalmente, llegaron a un consenso después de enmendar cuatro parágrafos preliminares y cinco artículos del texto, en el sentido de contemplar algunas de las preocupaciones de los Estados con relación a su soberanía, integridad territorial, militarización, recursos naturales y el principio del consentimiento previo, libre e informado.

Además de sembrar nuevas bases en las relaciones entre los Estados Nacionales y los Pueblos Indígenas, la Declaración busca eliminar progresivamente la discriminación, la exclusión y el prejuicio de que son víctimas esos pueblos en todo el mundo, como consecuencia del proceso de colonización que sufrieron durante siglos.

Prevé además la garantía de los derechos humanos fundamentales como el respeto a las diferencias culturales y las tradiciones, y también el derecho de mantener y fortalecer sus propias instituciones políticas de decisión.

Los once países que se abstuvieron son: Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federación Rusa, Samoa y Ukrania.

Colombia en su intervención de explicación de voto - dijo entre otras cosas que su abstención se debía a que numerosas disposiciones de la Declaración contradecían el sistema jurídico Colombiano y los poderes del Estados.