Hoy 23 de julio el Gobierno Peruano publicó once decretos legislativos en materia de seguridad pública que en opinión de activistas de DDHH y expertos, ponen en serio riesgo las libertades personales. El primero de ellos sanciona severamente a los funcionarios públicos que apoyen o participen en manifestaciones de protestas y paralizaciones, es decir desde ahora alcaldes, regidores, representantes regionales y otros funcionarios públicos, estarán impedidos de participar en todo tipo de acto de protesta contra el gobierno.

En la misma línea también se establece la inimputabilidad para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, que causen lesiones o muerte, en el cumplimiento de su deber. Es decir se asegura la total impunidad para policía y militares, por lo cual podrán usar sus armas de fuego aduciendo que estaban cumpliendo con su deber. Además se otorga total impunidad para los casos de abuso de autoridad.

También se establece sanciones de hasta 20 años de prisión para los docentes que induzcan a menores de edad a participar en actos que alteran el orden público. Además se altera el concepto de flagrancia, lo que permite ampliar las posibilidades de detención sin mandato judicial.

En el mismo orden de cosas se modifica las normas sobre inviolabilidad de comunicaciones, permitiéndose la intervención de las mismas a pedido de la Policía y el Fiscal, además se determina que las empresas privadas de comunicaciones deben colaborar con las investigaciones policiales. Complementariamente, las nuevas leyes también establecen limitaciones a los derechos fundamentales para facilitar la investigación del delito.

Expertos han señalado que muchas de estas leyes contravienen los artículos constitucionales sobre los derechos de las personas y son una respuesta del Gobierno para frenar las movilizaciones sociales, además se advierte de los graves peligros para la ciudadanía en general ya que en el pasado cercano, la Fuerzas Armadas y Policiales protagonizaron graves violaciones a los derechos humanos, los cuales están ampliamente documentados en el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Estas medidas legislativas han puesto en alerta a l@s activistas de los DDHH, ya que lesionan amenazan las libertades fundamentales y los derechos de las personas.