Hace pocos días, el Juez Cuarto de lo Penal de Imbabura dictó auto de sobreseimiento a favor de seis hombres y una mujer de la zona de Intag, acusados del supuesto delito de lesiones. “Esto significa que están absueltos de responsabilidad”, afirma el abogado Edgar Merlo, defensor de los campesinos.

Desde su llegada a Intag, la empresa minera Ascendant Copper inició 15 procesos en contra de comuneros de Intag. “Esto demuestra la intención de la empresa de amedrentar, desprestigiar y eliminar a quienes se oponen a la actividad minera, utilizando la justicia ecuatoriana en función de sus particulares intereses económicos”, según interpreta la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). Más de 90 personas inteñas han sido acusadas y determinados nombres aparecen en casi todas las acciones judiciales.
Ahora, 4 de estos procesos han llegado a su fin y las resoluciones de los jueces han sido absolutorias. Las personas que se oponen a la minería han tenido que enfrentar a una empresa con poder económico e influencias. Las personas acusadas de diferentes delitos no son delincuentes. El tema minero es un problema social, un problema por el cual nuestros derechos han sido puestos en juego.

Otro de estos procesos (el No. 3348-2005) iniciado por supuesto incendio en un campamento de la Ascendant Copper, en diciembre de 2005. Tras la audiencia preliminar, el Juez Cuarto de lo Penal de Imbabura emitió auto de sobreseimiento definitivo a favor de los acusados, el 14 de octubre de 2006. A pesar de que la empresa interpuso el recurso de apelación, la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia confirmó esa decisión, en noviembre de 2006.

En septiembre de 2006, cuando empleados de la compañía minera intentaron invadir tierras en la comunidad de Junín, la empresa Ascendant, desviando su responsabilidad sobre este hecho, presentó una denuncia contra dos campesinos de la zona por supuesto plagio. Durante el juicio, (el No. 2751-2006), la defensa demostró que los campesinos acusados no estuvieron presentes en el lugar del supuesto delito. Por esta denuncia, las dos personas estuvieron encarceladas injusta e ilegalmente durante 9 días. La Fiscal del caso, se abstuvo de acusar a los imputados, lo que fue ratificado por el Ministro Fiscal de Imbabura el 18 de enero de 2007.

El proceso No. 518-2007 se inició en la ciudad de Quito, en contra de Carlos Zorrilla, por una serie de delitos que nunca fueron cometidos. Estos incluyen robo, agresión y tenencia de armas. Tras un largo proceso plagado de irregularidades, el Fiscal Distrital de Imbabura emitió su dictamen en el mes de marzo del 2007 absteniéndose de acusar al imputado. Pocos días más tarde, se ratificó este dictamen. Luego de la Audiencia Preliminar con fecha de abril de 2007, el Juez Segundo de lo Penal de Imbabura dictó auto de sobreseimiento definitivo del proceso, absolviéndole de toda responsabilidad. Durante los meses que duró este caso, cientos de cartas dieron testimonio del apoyo a Zorrilla y a su larga trayectoria socio-ambiental.

El Periódico comunitario Intag también fue víctima de una denuncia en 2004, en la que la empresa reclamaba un millón de dólares. El caso fue archivado por tener fundamento.

“A pesar de su aparente desconexión, todos estos procesos son parte de una clara estrategia para callar las voces que se oponen a la Ascendant Copper ”, expresa Polibio Pérez, una de las personas que ha tenido más causas en su contra.

Las organizaciones y comunidades de Intag agradecemos a las autoridades judiciales de Imbabura por reconocer, en estos primeros 4 juicios, la inocencia de las y los pobladores inteños.

Continuaremos con nuestro legítimo derecho de oponernos a la actividad minera.

Ibarra, 20 de Mayo de 2007

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