A lo largo de todo este año, la campaña “Pobreza Cero” ha
venido movilizándose y recordando a los líderes mundiales
su larga lista de compromisos incumplidos y la
insuficiencia de las medidas adoptadas para erradicar la
pobreza y asegurar el desarrollo humano y sostenible en el
mundo.

Hace casi cuatro décadas que se estableció la necesidad de
que los países desarrollados destinaran el 0,7% de su
riqueza para el desarrollo de los países empobrecidos pero,
en la actualidad, el conjunto de los países desarrollados
apenas destina un 0,24%. Además, si el objetivo real fuera
lograr el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, sería
imprescindible que se cancelara inmediatamente el total de
la deuda a los 62 países más empobrecidos del mundo.

La falta de voluntad política condena a la mitad de la
población mundial a vivir en la pobreza ya que existen
recursos económicos, tecnologías y capacidades más que
suficientes para afrontar el mayor reto al que se enfrenta
la humanidad. La persistencia de la pobreza y la
desigualdad en el mundo, hoy no se puede justificar.
Actualmente, el 10% más rico del planeta disfruta del 70%
de las riquezas, y las brechas de pobreza siguen creciendo.

El año 2005, ha sido un año crucial para abordar los
problemas del desarrollo sostenible y la erradicación de la
pobreza. Dos importantes eventos –La Cumbre del G-8 y la
Asamblea de Naciones Unidas- han supuesto una oportunidad
única para que las naciones ricas –incluida la UE-
acordaran soluciones positivas y eficaces en cuestiones
fundamentales -deuda, ayuda, comercio y cambio climático-
cuyo cambio de rumbo es urgente para asegurar la vida de
millones de personas que viven en la pobreza extrema y
crear las condiciones que garanticen la sostenibilidad del
medio ambiente. A lo largo de todo este año se ha
desarrollado una creciente presión ciudadana a los líderes
mundiales y más de 30 millones de personas en el mundo han
tomado parte activa en acciones contra la pobreza y por un
comercio más justo y sostenible.

Ya han transcurrido 10 meses y se han perdido oportunidades
importantes para acordar nuevas respuestas frente a la
situación actual. El modelo vigente de liberalización
comercial se muestra inadecuado para garantizar la
erradicación de la pobreza y la extensión de los derechos
humanos a toda la población del Planeta.

El comercio internacional debe regirse por unas reglas
justas que garanticen un reparto justo y equitativo de sus
beneficios. Se debe permitir a los países más pobres
desarrollar sus industrias locales, vender sus productos y
garantizar su seguridad alimentaria. La Cumbre Ministerial
de Hong Kong será la última oportunidad en el 2005 para
incidir en la adopción de compromisos políticos a favor de
la erradicación de la pobreza y por el desarrollo
sostenible.

I. POR UN COMERCIO CON JUSTICIA QUE CONTRIBUYA AL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y A LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

La vida de millones de personas pobres en el mundo se
podría mejorar drásticamente, si se cambian las actuales
reglas que rigen el comercio internacional. La Ronda de
Doha fue concebida como una ronda de desarrollo que
“pretendía situar los intereses y necesidades de los países
en desarrollo en el lugar central de la agenda de trabajo”.
No obstante, tras cuatro años de negociaciones, tras la
retórica de una ronda “para el desarrollo”, lo único claro
que permanece, son los agresivos intereses de los países
ricos, incluida la OMC.

a) Una ofensiva política de la UE y defensivos intereses en
la OMC

En lugar de orientar los esfuerzos hacia resultados reales
por el desarrollo sostenible, lo que verdaderamente
predomina en las actuales negociaciones es el intento de
cerrar compromisos que permitan el libre acceso a los
mercados de las empresas de servicios e industrias de los
países ricos. Fruto de ello, los productores de los países
en desarrollo están perdiendo cuotas de mercado interno,
viendo disminuir sus escasas perspectivas de compensar sus
pérdidas de ingreso a través de las exportaciones. Sin un
cambio radical en la dirección actual de las negociaciones
comerciales de la OMC, poco podremos esperar en relación a
los objetivos del desarrollo sostenible en favor de los más
pobres. La UE y los países miembros deben dejar de
presionar para conseguir una liberalización comercial que
restringe el espacio político de los países en desarrollo
respecto de sus prioridades en las cuestiones sociales,
medioambientales y de lucha contra la pobreza,. Sus
recientes propuestas de 13 y 28 de octubre de 2005,
dirigidas a presionar para conseguir acuerdos comerciales
injustos basados en el intercambio de ofertas entre
agricultura por una parte, y servicios y productos
industriales por otra. ahondan en el actual desequilibrio
de las negociaciones con los países en desarrollo y sólo
benefician a los intereses de los países ricos.

b) Por una política comercial basada en los derechos
humanos y orientada al desarrollo, la sostenibilidad
medioambiental, la igualdad de género y el empleo. Frente a
una agenda de negociaciones comerciales dirigida
básicamente por los intereses empresariales, la UE debería
estar exclusivamente ligada por los compromisos
internacionales suscritos en materia de derechos humanos,
sostenibilidad ambiental y cumplimiento de los Objetivos
del Milenio, ejerciendo un liderazgo que sirva para
reorientar el actual desequilibrio que ejerce la OMC en el
sistema de gobernabilidad mundial. En este sentido, la UE
debería garantizar que las políticas y prácticas
comerciales no disminuyan los estándares sociales y
medioambientales alcanzados, en especial los laborales, y
establecer vínculos más estrechos con la OIT, la FAO y la
UNCTAD, con el fin de que las decisiones de Naciones Unidas
y los Acuerdos Multilaterales sean respetados. La
gobernabilidad mundial está profundamente afectada por la
ausencia de garantías en el respeto de las condiciones las
condiciones de trabajo digno y aplicación de los tratados
de la OIT relativos a los derechos laborales. Sin abordar
una agenda política de transformación y de redistribución
de la riqueza y de los recursos, los derechos y la
participación de las mujeres se verán definitivamente
conculcados al no incidir en la corrección del incremento
de las profundas desigualdades que ha generado el proceso
de globalización económica y liberalización comercial.

Un proceso que, desde la perspectiva de género, ha
agudizado la feminización de la pobreza e intensificado la
explotación del trabajo no asalariado de las mujeres en la
economía, ha destrozado las estrategias de supervivencia de
las mujeres pobres urbanas y rurales, expulsando a las
mujeres emigrantes y a las miles de mujeres desplazadas en
todas las regiones del mundo.

Por otra parte, para la OMC, las negociaciones de Doha son
asimismo un decisivo test respecto del cumplimiento de su
propio mandato constitutivo, ya que la ampliación del
comercio y el objetivo del crecimiento de la producción
aparecen estatutariamente ligados al “óptimo uso de los
recursos mundiales en relación el desarrollo sostenible”.
Por tanto y en coherencia con dicho mandato, toda
negociación comercial debería estar necesariamente
precedida por evaluaciones de impacto en todas aquellas
cuestiones medioambientales, relativas al empleo, al
enfoque de género y demás aspectos sociales, que afectan
desarrollo.

Por último, las negociaciones comerciales internacionales
deberían abrirse necesariamente hacia procesos de
participación social que las legitimen a nivel nacional y,
a su vez, la OMC debe establecer un procedimiento
específico y escrutable para examinar la repercusión de de
sus decisiones en el ámbito social, medioambiental y, en
general, sobre el desarrollo sostenible, con el fin de
determinar si apoya y promueve sociedades sostenibles.

Partiendo de las anteriores consideraciones y
adhiriéndonos a las propuestas de diversas campañas
europeas que se movilizan en el Llamamiento Mundial de
Acción contra la Pobreza, planteamos las siguientes
reivindicaciones:

1. El derecho a proteger la seguridad alimentaria para la
producción y el consumo locales Las negociaciones agrícolas
de la OMC continúan protegiendo y favoreciendo a los
grandes negocios agroindustriales y de cadenas comerciales
y supermercados, en detrimento de las explotaciones
agrícolas sostenibles, de las necesidades de los colectivos
sin tierra, de los/as trabajadores/as agrícolas, de los/as
consumidores/as y del medio ambiente, teniendo efectos
especialmente adversos para la vida y derechos de las
mujeres. Las actuales reglas comerciales, así como las
recientes propuestas planteadas amenazan el desarrollo
rural, los derechos alimentarios y la capacidad de los
gobiernos para protegerlos. Por otra parte, se está
haciendo muy poco para frenar el creciente dumping de
productos agrarios subvencionados en los mercados mundiales,
un proceso que continúa afectando a la bajada de precios y
a los escasos ingresos de los productores agrícolas más
pobres.

En consecuencia reclamamos que:

• Todos los países que dependen de la agricultura puedan
optar por un nivel de protección y apoyo a su producción
agrícola sostenible, capaz de hacer frente al dumping
comercial y a aquellas importaciones que amenacen sus
derechos humanos y sociales, protegiendo la sostenibilidad,
subsistencia y formas de vida de sus productores más
vulnerables.

• Los países desarrollados fijen un plazo inmediato para
eliminar los subsidios a la exportación y cualquier otro
tipo de subsidio interno que genere dumping, reorientando
las ayudas internas hacia un desarrollo rural sólido y
sostenible a nivel local. Estas medidas nunca podrán ser
utilizadas como mecanismo de chantaje para forzar la
liberalización de las economías en los países en desarrollo.

• Se generalice la adopción de medidas de Trato Especial y
Diferencial para los países menos avanzados cuyas economías
dependen de productos agrícolas clave.

• La adopción de mecanismos o acuerdos internacionales que
sirvan para regular las fluctuaciones del precio y la
sobreproducción de productos agrícolas, impidiendo la
concentración y oligopolios en las cadenas de distribución.

2. El derecho a decidir sobre productos y bienes “no
agrícolas” En las negociaciones que actualmente se
denominan de “acceso al mercado no agrícola” (NAMA por sus
siglas en inglés), los países en desarrollo están siendo
intensamente presionados para que reduzcan sus tarifas
arancelarias industriales y estén permanentemente obligados
por los acuerdos de la OMC. Ésta no ha sido la práctica de
anteriores rondas de comercio, en las que incluso a los
países desarrollados que así lo requerían, se les daban
facilidades para determinar qué tarifas reducían y en qué
cuantía.

Actualmente se reclama de los países en desarrollo “más
que una completa reciprocidad” respecto de la reducción de
tarifas arancelarias industriales, contraviniendo el
mandato de Doha. Una liberalización tan drástica supondría
hacer tabla rasa de todo tipo de flexibilidad para las
actuales industrias de los países en desarrollo y asimismo
limitaría considerablemente cualquier perspectiva futura de
apertura hacia nuevos sectores industriales, arrastrando a
dichos países hacia un irreversible proceso de
desindustrialización. Sus actuales industrias no serían por
otra parte capaces de competir con las poderosas y durante
mucho tiempo protegidas, empresas industriales del norte.
Ello significará el cierre de fábricas, la pérdida de
empleo y el aumento del desempleo, así como una creciente
presión sobre los estándares aplicables a los derechos
laborales, así como la consiguiente pérdida de ingresos
públicos para gasto social.

Las negociaciones NAMA pueden asimismo tener serias
repercusiones para el medio ambiente y el desarrollo
sostenible mundial. El actual borrador de dicho acuerdo,
presentado inicialmente en Cancún y reiteradamente
rechazado por muchos países en desarrollo, continua sin
embargo guiando las actuales negociaciones y, aunque
actualmente se esté prestando especial atención a los
bosques, la pesca y sus productos pesqueros, los diamantes
y minerales, todos los recursos naturales están en la mesa
de negociaciones, sujetos a su completa o parcial
liberalización.

Por ello reclamamos:

• Rechazar el texto del NAMA incluido el actual enfoque de
sus premisas negociadoras.

• Apoyar a los países en desarrollo para que con la
necesaria flexibilidad determinen por sí mismos la cuantía,
vía y método adecuados para adoptar sus correspondientes
compromisos de reducción de tarifas arancelarias.

• Que la UE reconozca y garantice el espacio político de
los Gobiernos para proteger y apoyar sus industrias
nacionales, asegurando asimismo la gestión sostenible de
sus recursos.

• Excluir de la negociación comercial a los sectores que
afecten a la gestión de recursos naturales como los bosques,
la pesca, el petróleo y el gas, metales y minerales.

3. Defender el derecho a los servicios sociales básicos
protegiéndolos de la liberalización y la desregulación Las
negociaciones del actual Acuerdo General de Comercio en
Servicios de la OMC (AGCS) 1 pretenden liberalizar y
desregular todos los servicios sin ninguna excepción.
Cuestiones sociales relevantes y muy sensibles desde la
perspectiva de género, como la salud, la educación, la
seguridad social, el acceso al agua y a la energía, así
como los transportes públicos, están todos ellos en la mesa
de negociaciones. Dada la tendencia a considerar que las
normativas nacionales sean “lo menos restrictivas para el
comercio” posible, se corre el riesgo de suprimir o ser
ignorada cualquier regulación referida a la provisión de
servicios sociales o que haya sido establecida con fines de
protección medioambiental.

La UE, presionada por sus grandes empresas de servicios,
está liderando la liberalización de los servicios
financieros y de infraestructuras especialmente, incluyendo
sectores tan sensibles como el agua, la energía, los
transportes y las comunicaciones, cruciales tanto para la
producción agrícola e industrial como para asegurar la
igualdad en las condiciones para garantizar su acceso, como
derecho básico para todos. Frente a la importancia de
asegurar flexibilidad en las negociaciones en materia de
AGCS y el derecho de los países a regular estos servicios
básicos, la UE, rompiendo criterios anteriormente
defendidos, actualmente está proponiendo que se introduzcan
“mecanismos complementarios”, que determinen metas y
criterios cuantitativos y cualitativos de liberalización
que todos los países deberían alcanzar. Y ello significa
imponer un nivel de liberalización que resulta
tremendamente perjudicial para los países en desarrollo.

En consecuencia reclamamos que:

• La UE deje de presionar a los países en desarrollo para
que liberalicen y desregulen el sector de los servicios,
respetando el derecho de sus gobiernos a proteger a su
población y medioambiente, con el fin de que dichos países
determinen el nivel de sus propias ofertas y compromisos.

• La UE abandone su propuesta de metas y mecanismos
complementarios para introducir niveles mínimos
obligatorios de liberalización de los servicios.

• Se modifiquen los actuales términos del AGCS, excluyendo
los servicios públicos de las negociaciones. La salud, la
educación, el sector audiovisual y cultural, la seguridad
social, el agua, los servicios postales y de energía, así
como las clasificaciones en materia de nuevas tecnologías,
deben ser servicios expresamente excluidos de cualquier
negociación liberalizadora de carácter multilateral.

• Los acuerdos comerciales internacionales no deben
establecer condicionantes en la reglamentación interna de
carácter nacional que limiten la posibilidad de los
gobiernos en el establecimiento de requisitos de protección
respecto de su población o medioambiente, ni que antepongan
la supremacía del comercio internacional sobre el
desarrollo y bienestar social.

• Las competencias y la estructura de la OMC no autorizan a
intervenir en la regulación de los movimientos
migratorios –incluyendo, entre ellos, los de carácter
temporal, tal y como se prevé en el Modo IV de Comercio en
Servicios. En cualquier caso, las ofertas
1 GATS por sus siglas en inglés que incluyan el traslado
temporal de trabajadores deberán garantizar el respeto a
las normas fundamentales del trabajo y de la legislación
laboral nacional.

4. Otras cuestiones específicas sobre el desarrollo Debe
tenerse en cuenta que mientras prosigue la defensa de
intereses ofensivos de la UE que amenazan a los países en
desarrollo, las demandas de estos países están siendo
arrinconadas. Las mejoras incorporadas a los acuerdos de la
OMC, especialmente las referidas al régimen de “Tratamiento
especial y diferenciado” (SDT por sus siglas en inglés)
aplicable a una docena de artículos que provienen de los
países en desarrollo, son tan importantes como la Ronda de
Doha, la revisión de los acuerdos agrícolas, el NAMA o el
AGCS. Estos regímenes especiales deben ser asimismo
aplicables a la revisión de los Acuerdos sobre Patentes
(TRIPS). Como condición necesaria para la aplicación y
puesta en marcha de sus correspondientes acuerdos
comerciales, los países ricos deberán acordar un sistema de
“ tratamiento especial y diferenciado” para los países en
desarrollo.

En consecuencia, reclamamos que:

• La prioridad del sistema de tratamiento especial y
diferenciado con el fin de integrar los objetivos del
desarrollo y las necesidades e intereses de los países
pobres.

• Detener el desmantelamiento de la Declaración de Doha que
se está produciendo como consecuencia de la inclusión de
las denominadas previsiones ‘TRIPS plus’, suspendiendo la
aplicación de los correspondientes acuerdos bilaterales y
regionales; hasta que se realice la correspondiente
auditoría independiente sobre los Acuerdos adoptados en
agosto 2003, no podrá enmendarse el actual acuerdo sobre
patentes; asimismo se deberá evaluar el impacto de dicho
Acuerdo sobre la biodiversidad y el acceso de los
medicamentos.

• El artículo XXIV del AGCS debe ser modificado con el fin
de garantizar que el régimen de tratamiento especial y
diferenciado sea asimismo aplicado en los acuerdos
comerciales bilaterales y regionales que se suscriban con
los países en desarrollo.

II. POR UNA ACCIÓN TRANSPARENTE, COHERENTE Y PARTICIPATIVA,
ANTE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES SOBRE COMERCIO

Una opción más decidida por el desarrollo de los países
pobres y la sostenibilidad ambiental en el comercio
internacional, significa cuestionar los intereses de los
países ricos, gobernados en la OMC por la agenda de las
grandes empresas. Y ello significa regular y reducir la
influencia de las grandes empresas, incrementando la
transparencia de las negociaciones mediante la introducción
de mecanismos de democracia participativa en los
correspondientes procesos de toma de decisión que afectan a
las cuestiones comerciales. El cambio en la actual posición
comercial europea no debe limitarse únicamente a la OMC,
sino que tiene que quedar asimismo reflejada en sus
negociaciones bilaterales con los países ACP, de la Cuenca
mediterránea o de América Latina y ante los organismos
financieros internacionales, incluyendo el principio
coherencia con su política de cooperación