UNA PRÁCTICA INNOVADORA DE AUTOGESTIÓN:
LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y
SALUD PARA POBLACIÓN POBRE EN PERÚ

Exposición presentada en la Mesa: “Prácticas innovadoras de autogestión”, Seminario Economía Solidaria como Estrategia de Desarrollo Humano, Forum Social Mundial 2003, Porto Alegre.

Cuando se habla de autogestión usualmente se refiere a unidades económicas conducidas por sus trabajadores. Son ellos quienes deciden autónomamente acerca del uso de los recursos materiales y financieros, y del trabajo necesario para la producción de bienes y servicios. Son los trabajadores quienes detentan la gestión, y también la propiedad de los medios de producción, lo que se traduce en una participación justa en salario y dividendos.

La experiencia de autogestión que voy a presentar, de producción de servicios de alimentación y salud para población pobre, conducida en el Perú por las redes sociales de comedores populares y del vaso de leche, resulta innovadora debido a que no hay salarios ni dividendos, ya que no se dirige a la acumulación, sino a atender necesidades sociales tratando sólo de cubrir sus costos; y porque es gestionada por mujeres de sectores populares, que con esa práctica vienen aportando a un proceso de democratización social, al hacer que el Estado asuma -por ahora parcialmente- responsabilidades sociales, y al provocar algunos cambios en su entorno doméstico familiar a partir del empoderamiento personal que han experimentado en el ámbito doméstico comunitario.

Para que se perciba con más nitidez el significado de esta experiencia, me parece útil señalar algunos elementos de contexto. El Perú es un país con 26 millones de habitantes. Poco más de un 54% de su población se encuentra en pobreza, y de ella, casi un 15% en pobreza extrema. El 25% de la población del Perú no tiene acceso a ningún servicio de salud.

En el Perú nunca hemos tenido un Estado benefactor. Los expertos en ciencia política caracterizan al Estado peruano como patrimonialista, es decir que el manejo de la cosa pública se efectúa como si fuera un bien privado. En consecuencia, la atención a los problemas sociales desde el Estado suele percibirse como una concesión y no como un derecho. Esto ha dado lugar, en diversos momentos, a intentos gubernamentales de manipulación política de la gente que recibe esos servicios.

En este marco, desde fines de los años setenta, ante una creciente y sostenida crisis económica, y un progresivo recorte de la capacidad adquisitiva, surgieron en algunas zonas populares urbanas de Lima, por iniciativa de las mujeres, nuevas formas de organización social, dirigidas a abaratar los costos del consumo alimentario familiar aplicando un criterio de economía de escala.

A inicios de 1979 se produjo, en los distritos de Comas y El Agustino sucesivamente, la aparición de los dos primeros comedores populares autogestionarios, unidades económicas de servicios de preparación y expendio de alimentos, orientadas exclusivamente bajo un criterio de subsistencia.

Posteriormente, en 1984, la implantación del Programa Municipal del Vaso de Leche, durante la gestión del Frente Izquierda Unida en la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana, promovió la organización de un contingente masivo de mujeres a través de la formación de comités en todos los distritos de Lima para la cogestión del programa.

Estas experiencias fueron replicándose paulatinamente en otros lugares del país hasta lograr un alcance nacional. Actualmente, las redes sociales de comedores populares y del vaso de leche están ubicadas en zonas urbano-marginales y rurales, y han logrado construir instancias organizativas centralizadas a nivel de distritos y de regiones.

Sólo en Lima Metropolitana, la capital del Perú, se registra la existencia de 1,381 comedores populares, que agrupan a una red de 27,620 mujeres socias, de las cuales más de un 60 % vive en extrema pobreza. Estos comedores alcanzan una producción total diaria estimada en 165,720 raciones.

Los comedores populares tienen una política de precios diferencial. Las socias pagan por cada ración un promedio de 0.30 centavos de dólar , mientras los “libres” o no socios pagan el equivalente a 0.50 centavos de dólar. Entre los usuarios se cuenta también con “casos sociales”, es decir con personas exoneradas de pago. Cabe señalar que el precio de mercado de un menú similar es de 1 dólar.

El trabajo en los comedores populares se realiza mediante turnos semanales cubiertos por 4 socias. Las jornadas se extienden de lunes a viernes con un promedio de 7 horas diarias. La fuerza de trabajo es retribuida con cuatro raciones diarias, que valorizadas ascienden a un estimado de 6 dólares semanales por trabajadora.

Tras duras luchas por su reconocimiento y la defensa de su autonomía, los comedores populares reciben de parte del Estado un subsidio en alimentos que actualmente bordea un 13% del costo total de la ración.

En el caso del Vaso de Leche, existen en Lima Metropolitana alrededor de 18 mil comités que reúnen a 990 mil mujeres socias, las cuales atienden a un estimado de 4 millones de beneficiarios. La leche es donada por el Estado y desde las socias se cubren los costos de otros insumos necesarios, así como del combustible, el mantenimiento de los equipos necesarios y un pago a las socias encargadas de la preparación.

En esta organización las socias realizan semanalmente turnos de trabajo de 2 horas de lunes a sábado. El número de socias necesarias para un turno depende del número de raciones a preparar. Cada mujer que interviene prepara un promedio de 100 raciones, y recibe una retribución de 0.85 centavos de dólar diario, lo que hace un ingreso de poco más de 5 dólares semanales.

En los costos de preparación del vaso de leche puede estimarse un subsidio del Estado de aproximadamente el 50%.

Acerca de las personas exoneradas de pago, en el caso de los comedores populares, los “casos sociales” constituyen un 7% de los usuarios, mientras que en el vaso de leche alcanzan un 5%. Los criterios que se aplican en estas organizaciones para calificar a dichos usuarios son: niños en riesgo -es decir con padres enfermos o sin trabajo-, personas de tercera edad y madres abandonadas. En el vaso de leche se atiende además a tuberculosos.

Tanto en los comedores populares como en el vaso de leche, el trabajo se realiza usualmente con riesgos de salud debido a la precariedad de las condiciones en las que se efectúa: locales sin servicios básicos, deficientemente equipados. Esto genera eventualmente, entre otros efectos, casos de hernia y prolapso en las socias trabajadoras, por el esfuerzo que significa acarrear agua o alimentos en cantidad, que además deben adquirirse diariamente por la escasa capacidad de compra.

Actualmente, en ambas organizaciones la rotación de turnos es escasa. La mayoría de las mujeres de estas organizaciones ha pasado a ser parte de la PEA al salir de sus hogares a tentar un trabajo remunerado. En el servicio de la organización se mantienen fundamentalmente aquellas que tienen menores costos de oportunidad: mujeres mayores, con más número de hijos, con menor calificación. Una muestra del aporte de estas redes organizativas a la incursión de sus socias en el mercado laboral puede inferirse del hecho que quienes logran trabajo remunerado, remuneran a su vez a quienes deben asumir los turnos que ellas dejaron en la organización.

Si bien desde su origen los comedores populares y el vaso de leche han contribuido al cuidado de la salud de la población pobre al asegurar una ingesta diaria mínima de calorías y proteínas, durante los 90, con el impacto de las políticas de ajuste estructural, que agudizaron la inequidad y la violencia social, estas redes organizativas fueron diversificando sus servicios de salud con la formación de promotoras de salud y orientadoras legales para la prevención y el tratamiento de la violencia familiar.

Al respecto, casi desde su formación, estas organizaciones han sido un espacio para acciones de capacitación de parte de ONGs y del Estado. Aunque estos procesos de calificación suelen ser una oportunidad para el desarrollo personal de las socias que logran especializarse, es cierto también que la mayoría de estas mujeres son captadas luego como agentes de la comunidad por las respectivas entidades estatales, para el mercadeo social y la ampliación de la cobertura de sus servicios, con el consiguiente incremento de su carga de trabajo no remunerada.

Otra tarea que los comedores populares y el vaso de leche realizan desde los noventa para el cuidado de la salud, es el apoyo a socias necesitadas para su acceso a servicios recuperativos de salud estatales o privados. Para ello, se llevan a cabo actividades pro fondos, usualmente de preparación y venta de comida a las redes de familiares y amigos.

Sin embargo, creo que hasta el momento los principales logros de estas organizaciones son de orden político y cultural. A pesar de los esfuerzos de sucesivos gobiernos por controlar la réplica de estas experiencias a fin de generar bases sociales de apoyo, y de la existencia de medidas discriminatorias contra aquellas que defendían su autonomía, a fuerza de movilizaciones y de negociación, estas organizaciones lograron en 1991 la promulgación de una Ley que las reconoce jurídicamente, y que instituye, en un marco de derecho, el apoyo del Estado a su labor en materia de alimentación. Esta ley, reglamentada el 2002, establece la participación de representantes de estas organizaciones en la gestión y fiscalización de los programas estatales de apoyo alimentario, y estipula un incremento progresivo del aporte estatal a sus servicios hasta cubrir un 65% del costo de la ración, considerando entre ellos no sólo los alimentos sino el trabajo de las socias.

En un plano cultural, el funcionamiento de los comedores populares y del vaso de leche han propiciado para el conjunto de sus socias nuevos procesos de socialización, que suelen repercutir en el incremento de su autoestima, su capacidad de comunicación, y su seguridad personal. Pero, si bien el paso por la organización favorece que estas mujeres se afiancen en cuanto a expresar su opinión en la toma de decisiones familiares, es usual que para alcanzar poder de decisión, así como para compartir la carga de trabajo doméstico, deban participar también en la provisión del ingreso familiar. A excepción de los núcleos de dirigentas, y de algunas socias más jóvenes y de mayor instrucción, es débil aún en las mujeres de estas organizaciones el reconocimiento del valor del trabajo que realizan, y por tanto de su aporte a la economía familiar.

Sin embargo, la incapacidad de valoración del trabajo doméstico familiar y comunitario no es privativa de las mujeres socias de estas organizaciones, y está presente en diversos supuestos que se manifiestan en el pensamiento económico imperante -de modo tan extendido que forman parte del sentido común-, y se reflejan en las políticas públicas.

Uno primero es la aparente dicotomía entre lo económico y lo social. La economía es vista como un hecho ajeno a las relaciones sociales y es reducida únicamente a lo monetario. Así, las actividades de cuidado y desarrollo de las personas son económicas cuando se imparten desde el mercado o desde el Estado, pero no cuando se realizan en el hogar o la comunidad.

Pese a que estas tareas, particularmente en situaciones de restricción, requieren un ejercicio cualificado de racionalidad económica, las mujeres que lo realizan no son consideradas seres económicos. Este enfoque se hace evidente en las categorías empleadas en las estadísticas, cuando se señala que una persona económicamente activa es aquella que tiene o busca trabajo remunerado. En consecuencia, las mujeres que no tienen trabajo pagado no son parte de la PEA, son dependientes, económicamente inactivas. En el Perú un 44.2% del total de mujeres en edad de trabajar no son parte de la PEA, y entre las razones que argumentan para no buscar trabajo remunerado, aparece en primer lugar su dedicación a los quehaceres domésticos.

De manera funcional a lo anterior, como es señalado por algunas economistas feministas, la ideología económica predominante establece que el hogar –en mi país, por extensión la comunidad- y el mercado son espacios en los cuales las personas actúan con motivaciones y comportamientos diferentes. Al mercado le corresponde la búsqueda y realización del interés propio y un intercambio impersonal de productos. Al hogar y a la comunidad les toca en cambio el ejercicio del interés en los demás, las relaciones personales y un intercambio de donaciones.

Esta retórica del altruismo enmarca la implantación de algunas políticas públicas que apelan a la corresponsabilidad social, y operan convocando e instrumentalizando la solidaridad de pobres con otros pobres para reducir costos de transacción de parte del Estado. Se dan así en el Perú programas gubernamentales que incorporan en su ejecución a “agentes de la comunidad”, a quienes se otorgan algunos incentivos o remuneraciones muy por debajo de lo que podría ganar cualquier empleado público que asumiera la misma responsabilidad. Es el caso de promotoras de salud que reciben en contraprestación a su trabajo únicamente el acceso a atención médica y medicamentos para ellas, y ocasionalmente para su familia, de parte de los servicios estatales de salud; o de madres cuidadoras en guarderías cogestionadas por el Estado y la comunidad, que perciben un incentivo del orden de 40 dólares mensuales por un trabajo que suele extenderse a más de doce horas.

Complementariamente, y con más fuerza tras la diseminación de las ideas neoliberales en las últimas décadas, se expresa en mi país una retórica del esfuerzo propio, por la cual se asume –cuando se trata de atender las necesidades sociales- que todo subsidio del Estado es asistencial, lo que juega a favor de una evasión o aminoración de responsabilidades sociales de parte del Estado.

En la perspectiva de construir una economía solidaria, centrada en la satisfacción de las necesidades humanas, considero que resulta un desafío impulsar enfoques y acciones que contribuyan a hacer visibles todos los circuitos económicos, y a instituir justicia en todos los intercambios. En ese sentido, resulta clave no perder de vista que si bien la solidaridad tiene un valor intrínseco, también tiene un valor de uso, y, de acuerdo a eso, debiera tener un valor de cambio. Creo que la economía solidaria tiene como retos no sólo el establecimiento de mecanismos de acumulación y de redistribución social, sino de mecanismos de retribución al trabajo que muchas personas realizan en esferas que trascienden al mercado, pero que no por eso dejan de ser económicas.