Ponencia presentada en la Conferencia Economía Solidaria, Eje I - La Producción de Riquezas y la Reproducción Social
Foro Social Mundial, Porto Alegre 2002

La actual organización social perjudica a las mujeres

La organización social y económica imperante reposa en la
separación de hombres y mujeres, a cada uno de los cuales les asigna roles y funciones; deberes y derechos diferenciados y jerarquizados, en perjuicio de las mujeres. Por esta organización social, las mujeres son oprimidas, excluidas y discriminadas. Existe una relación directa entre el ordenamiento económico y la situación subordinada de la mujer en la sociedad.

La economía política, en su desarrollo, ha separado dos esferas económicas, que coexisten en la vida real. Por un lado, la producción de bienes y servicios, a los que les asigna valor de uso y de cambio, que producen ganancias, etc. Esta esfera está, generalmente, reservada a los hombres. De otro lado, la producción, desarrollo, cuidado y sostenimiento de las capacidades humanas, incluida la fuerza de trabajo, a las que se les asigna valor intrínseco. Esta esfera se le ha asignado, generalmente, a las mujeres.

El sistema económico imperante se encuentra sesgado a la
producción de bienes y servicios proveídos a través del mercado o el Estado. Sólo reconoce la producción de bienes y el trabajo es visto sólo como un factor productivo. Su lógica reduce la esfera de la reproducción al servicio de la producción de bienes, es decir, la hace sólo funcional a la productividad. No entiende que la organización social influye directamente en la producción de bienes y es afectada por la forma cómo se organiza la sociedad
para satisfacer sus necesidades.

Las políticas macroeconómicas que se basan en la división de las dos esferas, asumen implícitamente que las tareas de reproducción y mantenimiento de los recursos humanos deben continuar realizándose de manera no remunerada a fin de compensar las deficiencias de recursos materiales y financieros necesarios para el desarrollo del proceso económico productivo.

Consecuencias de la división sexual del trabajo

- Desvalorización del trabajo reproductivo

Como consecuencia de esta organización social, desde hace
varios siglos se le asigna a las mujeres la responsabilidad del desarrollo, cuidado y sostenimiento de las capacidades humanas, relegándolas al ámbito doméstico y privado -privado en el sentido de responsabilidad individual o familiar.

Para la economía de la mercancía, el desarrollo de las
capacidades humanas, socialmente asignado a escala familiar y, más precisamente a las mujeres, no forma parte del razonamiento de desarrollo económico. Esta visión, que excluye del análisis la importancia del factor trabajo para la reproducción del recurso humano, revela un prejuicio conceptual contra las mujeres.

Con esta lógica, las actividades realizadas por las mujeres, en el ámbito doméstico y comunitario, no son reconocidas como importantes y se naturalizan.

Esta división sexual del trabajo promueve que las mujeres desde temprana edad tengan menos oportunidades que sus pares masculinos en acceso recursos, educación educada, capacitación para el trabajos y participación ciudadana.

- Mujeres responsables de los servicios sociales

El Estado de bienestar, conquistado por las luchas sociales de los y las trabajadores/as y las fuerzas democráticas, avanza al reconocimiento de su responsabilidad respecto a la provisión de servicios sociales básicos para la población en general y, particularmente, para los niños: cuidado, educación, salud, provisión social, y, en algunos casos alimentación, vivienda e ingresos mínimos (aún cuando estos funcionaron especialmente en los países del Norte y muy deficientes en el Sur). En este período, tanto el Estado como la sociedad, reconocen una responsabilidad social con su población, a la que tienen que responder.

Con el neoliberalismo, se busca organizar la sociedad,
reconociendo al mercado y específicamente el comercio como
principal asignador y distribuidor de recursos(1). Se propugnan reformas desde el Estado, con la finalidad principal de reprivatizar los servicios sociales y públicos, convirtiéndolos en mercancías rentables al servicio de los grandes capitales. Como complemento, se reducen los gastos sociales y presupuestos públicos.

Estos procesos de reforma del Estado diseñados como programas de ajuste estructural por el Fondo Monetario Internacional – FMI y el Banco Mundial – BM, desresponsabilizan al Estado de las que eran sus obligaciones y dificultan o imposibilitan el
acceso de gran parte de la población, sobretodo de los más
pobres, a estos servicios básicos.

Estos procesos, llamados de liberalización económica, tienen como consecuencia directa, el volver a responsabilizar al ámbito privado, individual, familiar, del desarrollo, provisión y sostenimiento de las capacidades humanas: cuidado y atención de niños y ancianos, alimentación de las familias, recuperación
de los enfermos. Esta vez, en condiciones más desfavorables y penosas, debido a la pérdida de derechos conquistados, al incremento de la pobreza y a las mayores dificultades para conseguir ingresos.

Al volver a la esfera privada la responsabilidad del
sostenimiento de las capacidades humanas, y debido a que la
sociedad no superó la división sexual del trabajo productivo y reproductivo son, nuevamente, las mujeres las más afectadas por estas políticas. Al tornarse más difícil la satisfacción de las necesidades humanas, el trabajo de cuidado se amplía y las personas encargadas de hacerlo se empobrecen más, debido a que pierden otras posibilidades de trabajo e ingresos lo que explica la feminización de la pobreza, evidenciada en la mayor participación de las mujeres en el estrato de pobres.

Como no es posible ocultar la existencia de mayor pobreza
generada por el neoliberalismo, se diseñan programas
gubernamentales de alivio a la pobreza de carácter asistencial con fuertes sesgos clientelistas y, focalizados (restringidos) a la atención a los extremadamente pobres. Para reducir los costos de los programas gubernamentales, se instrumentaliza el valor y las prácticas de la solidaridad al interior de los sectores populares. Nuevamente, las mujeres van a ser llamadas
a "participar" de estos programas de salud comunitaria,
nutrición básica, alimentación popular, educación, estimulación temprana, guarderías comunales, albergues, etc. Esta "participación" se realiza invocando a las "cualidades naturales de las mujeres como madres proveedoras", un subsidio de pobres a otros pobres. Esta imposición a las mujeres, desresponsabiliza al Estado y a los sectores más favorecidos económicamente de sus obligaciones con los ciudadanos empobrecidos.

La funcionalidad y, en algunos casos, relativo éxito de muchas de estas políticas de focalización de alivio a la pobreza, se sustenta en una ampliación del trabajo de las mujeres a escala familiar o comunal, costo que resulta invisible para los diseñadores y ejecutores de políticas, por ser un trabajo no remunerado. El proclamado incremento de la eficiencia en la economía neoliberal se traduce, en la práctica, en un desplazamiento de los costos de la economía remunerada a la economía no remunerada. Se instrumentaliza la capacidad de las mujeres para construir redes familiares y sociales con otras mujeres, para satisfacer necesidades comunes de sus familias y
de las otras familias.

A pesar de su importancia para la cobertura de los programas sociales focalizados desde el Estado, el trabajo de la mujer en la esfera comunal no ha sido objeto de compensación económica ni social, constituyendo un subsidio funcional a la reducción del gasto público. Si este aporte no fuera asumido por las mujeres se incrementarían los costos económicos de la producción y los riesgos de conflictos sociales, inestabilidad.

En algunos casos, el Estado intentó justificar este hecho
confiriéndole a sus programas un carácter participativo,
orientado a incluir a los agentes comunitarios en la ejecución, más no en la decisión de las políticas de intervención.

- Discriminación de la mujer en la actividad productiva

En la lógica social imperante desarrollada por el capitalismo, asigna a los hombres roles vinculados a la capacidad de uso de sus potencialidades, productor de bienes y servicios. En tanto estos bienes y servicios aparecen más tangibles, el desarrollo social ha permitido su reconocimiento y valoración en la esfera económica y social, la conquista de su remuneración asociada a
la negociación por condiciones de trabajo y otros derechos. A pesar de que los procesos neoliberales han recortado y pugnan por seguir recortando estos derechos, los hombres continúan instalados como productores con derechos, en tanto trabajadores, emprendedores e inversionistas.

Por el contrario, las mujeres han sido y son consideradas como advenedizas, invitadas, recién llegadas al espacio productivo, y su trabajo utilizado sólo, y en tanto, reporte mayores beneficios y menores costos. En la comprensión (errada) de que el hombre es el proveedor del sustento familiar(2), se justifican salarios más bajos para las mujeres, por considerarlos complementarios para la economía familiar . Al ingresar al
mercado de trabajo, las calificaciones y aportes de las mujeres son considerados cualidades innatas de poco o ningún costo y, por ello, tienen menor valor en el mercado de trabajo, más allá del bien que produzcan(3). En el conocimiento de que las mujeres asalariadas realizan dobles jornadas de trabajo debido a sus responsabilidades familiares, se presume que el tiempo y la dedicación al trabajo asalariado es menor que el de sus pares
masculinos; por ello, las actividades que ellas realizan son sometidas a estrictos controles y programaciones, que
deterioran su salud física y mental, y maltratan su dignidad y autoestima(5).

Con los procesos de liberalización han sido las mujeres
asalariadas las primeras en perder derechos laborales y
sindicales. A pesar de que en las últimas décadas las mujeres han logrado mayor escolaridad y calificación profesional, sus ingresos relativos no han aumentado. Cada vez más mujeres ingresan al mercado de trabajo, pero no logran empleo, o consiguen trabajos precarios, y son la mayoría entre los subempleados. En el caso de las mujeres jóvenes, en edad reproductiva son conminadas a firmar compromisos de no embarazarse mientras dure su contrato de trabajo.

Este no reconocimiento del rol productivo de las mujeres se
expresa también, en las dificultades que encuentran las mujeres para acceder y controlar los recursos productivos, como propiedad de los bienes, principalmente la tierra; capital de trabajo: financiamiento y crédito; tecnología, capacitación técnica y mercados. Ello después de haber demostrado ser eficientes administradoras, buenas pagadoras y responsables emprendedoras.

La economía solidaria y las mujeres

Históricamente, las mujeres han tenido una participación decisiva tanto en la integración y desarrollo de sus comunidades y sociedades, como en la resistencia a los procesos excluyentes desarrollando iniciativas creativas, eficientes y viables a bajo costo.

Son numerosas las experiencias que dan cuenta de esta
iniciativas. Muchas de ellas basadas en sus conocimientos
tradicionalmente femeninos, tradicionales y experiencias
comunitarias, se organizan para enfrentar modernas crisis o
nuevas pobrezas.

En unos casos, organizan los comedores populares, las cocinas comunitarias, comités de salud, guarderías, comprar juntas, organizan juntas, organizan polladas / botanas, se asocian para conseguir terrenos, construir viviendas, dotar a su comunidad de servicios básicos (agua potable, desagüe, electricidad). Ello para sobrevivir en la pobreza y también, para aprovisionarse mutuamente de servicios que faciliten su participación laboral o consecución de ingresos.

En otros casos, organizan cooperativas de ahorro y préstamo, mutuales, microempresas y asociaciones productivas, asociaciones comerciales para sus productos. Ello, para enfrentar el desempleo y subempleo, generar sus propios empleos, conseguir ingresos, mejores oportunidades de comercialización de sus productos, bajar sus costos productivos. Estos ingresos son destinados en su totalidad a cubrir los gastos familiares.

En el desarrollo de todas estas experiencias, las mujeres han aprendido a organizarse y a desarrollar su ciudadanía -
reconociendo sus derechos en el espacio público y espacio
privado; a enfrentar la violencia familiar y social; a reconocer sus derechos económicos(5). Asimismo, las organizaciones de mujeres han logrado reconocimiento en el espacio de los movimientos sociales y al derecho de integrar los espacios de concertación en el desarrollo de las políticas sociales para el alivio a la pobreza.

Alternativas

La reorganización de las relaciones económicas en la sociedad pasa por el reconocimiento social de la importancia de la producción de capacidades humanas, y la relativización de la esfera económica de la producción de mercancías, a fin de propender a una distribución más equilibrada entre hombres y mujeres de las labores productivas y las de atención a los requerimientos de la expansión de las capacidades de las personas. Es necesario romper la lógica de dejar la esfera de la reproducción al servicio de la producción de bienes o de hacerla
sólo funcional a la productividad.

Es importante introducir la perspectiva de género en la economía, creando indicadores que hagan visible el aporte de las mujeres en el ámbito reproductivo a escala familiar y comunal; así como su aporte en el ámbito productivo. Determinar el nivel de participación de las mujeres en el funcionamiento de los servicios sociales recortados por el Estado, y su significado monetario, a fin de hacer propuestas dentro del presupuesto público; lo que requiere el construir indicadores de medición de dicho aporte, para hacer visibles esos costos encubiertos, y motivar su reconocimiento social. Se debe pugnar porque el
Estado provea servicios que alivien la carga de trabajo no
remunerado, y permitan que las mujeres puedan adquirir las
habilidades necesarias para su incursión en el mercado.
Asimismo, deben alentarse cambios en la distribución social de las responsabilidades domésticas.

Debemos destacar la validez de la solidaridad – expresada en la asociación y ayuda mutua - como un factor capaz de incrementar la productividad y la eficiencia en las actividades económicas. En tal sentido, cabe asumir a la cooperación y la competitividad como variables congruentes. A diferencia del carácter exclusivamente instrumental para el crecimiento económico y la
acumulación que se expresa en la noción de capital social asumido por las multilaterales, tenemos que resaltar el valor intrínseco de la solidaridad, así como su potencial para la construcción de una economía capaz de satisfacer necesidades y generar los excedentes requeridos para mejorar la calidad y las oportunidades de vida de todos.

Demandar la intervención del Estado con políticas dirigidas a promover el acceso y control de las mujeres a recursos
productivos, como tierra, bienes de capital, financiamiento y crédito, tecnología capacitación técnica y mercado.

Fortalecer el movimiento social de mujeres para su participación en la esfera política, con capacidad de argumentación crítica, de propuesta, y de vigilancia social, respecto a las políticas de desarrollo de los países, y a la defensa de sus derechos económicos.

La Economía Solidaria debe incluir propuestas para que las
actividades consagradas al desarrollo de las capacidades humanas y sociales entre personas y grupos se conviertan en ejes de inversión prioritaria para la sociedad, y objeto del establecimiento de mecanismos de compensación social, no sólo por su carácter instrumental, como el recogido en las nociones de capital humano e inversión social, sino por el carácter finalista, de objetivo en sí mismo, que dichas actividades tienen.

Es necesario precisar mejor en el enfoque de Economía Solidaria la interrelación que existe entre el trabajo reproductivo y el trabajo mercantil, a fin de contribuir en mayor medida a la humanización de la economía, incorporando la importancia de la producción, desarrollo, cuidado de las capacidades humanas al razonamiento económico. Resulta oportuno también revisar el concepto de comercio justo, incidiendo más en su sostenibilidad económica a largo plazo.

La Economía Solidaria demanda avanzar en la construcción de un proyecto alternativo de convivencia humana, basado en el
reconocimiento de los derechos individuales y colectivos, y en los valores de justicia, participación y equidad social y de género, que integre armónicamente a los sectores tradicionales y modernos de nuestra sociedad. En tal sentido, debemos establecer indicadores para comprobar si avanzamos en ese propósito. Es necesario pensar nuestra propuesta en el marco de una economía plural, en la que coexisten los sectores públicos, privado y social; y a partir de reconocernos como países multiétnicos y pluriculturales, lo que demanda atender la diversidad de
situaciones según regiones y localidades, y el respeto a la
diferencia y la autodeterminación, las aspiraciones de las
mujeres y los hombres.

Este movimiento debe sustentarse en la acción de ciudadanos y organizaciones sociales en los espacios públicos, a la base de un proyecto político dialogante, que pueda servir de referente a quienes aspiren a un ordenamiento económico justo para todos; por tanto, un proyecto capaz de ser suscrito por diversos sectores sociales y políticos, orientado a transformar el sistema existente.

Es importante promover espacios de concertación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado para la creación de políticas públicas y marcos legales a favor de una socioeconomía solidaria. Se trata de fomentar no sólo una economía solidaria, sino la solidaridad al interior de la economía. Con este criterio, debemos privilegiar la acción de nuestro movimiento en los espacios locales pues constituyen un nivel de intervención que facilita el eslabonamiento de las redes de organización económica y social, así como la confluencia entre actores sociales y políticos.

Influir en la elaboración del presupuesto nacional, de forma que aumente sustantivamente la inversión social en educación y salud, a costa de la recuperación de dineros que se derivan hacia el pago de la deuda externa. En esa perspectiva, resulta vital impulsar la elaboración de presupuestos descentralizados por regiones y localidades, con perspectiva de género. Es necesario vigilar la recaudación de impuestos, la distribución de lo
recaudado y los gastos del Estado, particularmente en
funcionarios públicos.

En materia de trabajo y derechos laborales, es imperativo pugnar por el cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscritos por los países.

Asimismo, debe promoverse el reconocimiento social al trabajo de la mujer en la esfera doméstica y comunitaria; así como su acceso equitativo a un empleo digno, al control de los recursos productivos, y a la propiedad de bienes; a la par que una distribución armónica de responsabilidades familiares y laborales entre mujeres y hombres.

Impulsar el desarrollo tecnológico, propugnando alternativas ligadas a las ventajas comparativas de cada región y localidad.

De otra parte, constituye una prioridad impulsar experiencias de consumo ético, que den prioridad a los proveedores locales; así como explorar posibilidades de comercio interregionales y de exportación de productos con mayor valor agregado.

Notas:
(1) Se