- Porque somos actoras económicas. Nuestro trabajo, tanto en el mercado laboral como en el espacio de la reproducción, es uno de los pilares de la economía y sustento de la vida de la población. Somos productoras, consumidoras, contribuyentes. Por tanto, no sólo nos concierne el llamado “gasto social”, sino todo el presupuesto, ya que participamos directamente en la generación de riqueza del país; las medidas presupuestarias, como toda la política económica, tienen incidencia directa en nuestra situación.

- Porque el presupuesto es un medio relevante para hacer realidad los derechos económicos y sociales en cuyo reconocimiento formal hemos avanzado a través de instrumentos internacionales y nacionales, como la Constitución. El presupuesto ha sido, casi siempre, herramienta para profundizar desigualdades de género, debe convertirse en medio para superarlas.

- Porque es inaplazable la búsqueda de justicia económica. A ese fin deben dirigirse los recursos nacionales, colocando en primer plano la lucha contra el empobrecimiento masivo, que afecta de manera más aguda a las mujeres situadas desde siempre en desventaja económica, especialmente porque nuestro trabajo se paga menos o no se paga. Hay una Deuda con las Mujeres que debe empezar a ser saldada.

PROPUESTAS PARA EL CORTO PLAZO.

El presupuesto plasma las orientaciones del modelo y de la política económica adoptados por los gobiernos. Un rasgo preponderante en estos años es el alto grado de condicionalidad externa al manejo económico y presupuestario. Los escasos márgenes de decisión nacional, junto con el manejo excluyente que los gobiernos dan al tema, limitan severamente la participación ciudadana en el ciclo presupuestario. Por eso la iniciativa ciudadana es clave para ensanchar esos espacios e ir ganando soberanía, democracia, calidad y equidad para el presupuesto del país.

En este proceso proponemos avanzar ya en algunos pasos realizables:

- Transparentar la información presupuestaria, presentándola de manera clara, comprensible, “amigable” para la ciudadanía. A las mujeres nos interesa visualizar con claridad las asignaciones hechas para los programas y proyectos de los que somos destinatarias expresas, y que tienen que ver con el cumplimiento de compromisos del Estado para el impulso de la equidad de género, por ejemplo recursos destinados a la Comisarías de la Mujer, al bono productivo, a la generación de empleo para mujeres, a programas de vivienda para jefas de hogar a la aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita,.... Sabemos que estos recursos son aún marginales en sus proporciones, pero están vinculados con políticas de contenidos transformadores, cuya aplicación nos importa especialmente. Desde luego, nos interesa visualizar la distribución total de los recursos públicos, con fines de información, análisis y seguimiento.

- Adoptar un enfoque integral de calidad y eficiencia presupuestarias, que vaya más allá de los equilibrios contables y considere los aspectos sustanciales de la política fiscal: equidad, justicia, redistribución, relación con las necesidades y prioridades de la población, impulso a la economía nacional. No hay eficiencia posible en un presupuesto que no tenga en cuenta las brechas económicas de género y el propósito de superarlas.

- Abrir canales y mecanismos concretos para la participación ciudadana en el ciclo del presupuesto, esto es elaboración, aprobación, ejecución, y rendición de cuentas.

- Impulsar una renegociación de la Deuda Externa –deuda realmente ya pagada- que considere mecanismos de condonación y canje, para reorientar esos recursos principalmente a atender la Deuda con las Mujeres.

- Revisar y reducir el gasto militar, por razones de economía y de ética. Es impostergable cambiar las prioridades de uso de los limitados recursos fiscales del país. Es imperativo en estos momentos de crisis mundial acabar con toda forma de violencia y construir un nuevo orden de paz y justicia.

APORTES DE LAS MUJERES E INEQUIDADES DE GENERO EN LA ECONOMIA

- La Población Económicamente Activa Femenina (PEA) va en aumento. Para 1995 llegaba al 54% en el área urbana, 57% en el área rural, 82% entre mujeres indígenas y 61% entre mujeres campesinas. El dinamismo de esta participación en medio de la actual crisis se expresa por ejemplo en la creciente feminización de las migraciones internacionales; se estima que prácticamente el 50% de personas que salieron del país y están enviando remesas son mujeres.

- El primer grupo ocupacional de mujeres en el país (28%) es el de “trabajadora familiar sin remuneración”. En áreas rurales representa el 44%, y entre mujeres indígenas el 66%.

- El ingreso promedio de las mujeres es inferior al de los varones en un 34% en el área urbana y en un 44% en el área rural.

- Aunque sus remuneraciones son más bajas, las mujeres ecuatorianas aportan con el 32% de los ingresos familiares en el área urbana y el 20% en el campo.

- El trabajo doméstico gratuito de las mujeres ecuatorianas representa mil setecientos millones de horas de trabajo al año, y tiene un valor equivalente al 28% del PIB. Sólo en la última década esta contribución representa unos 40 mil millones de dólares.

- Las mujeres son jefas del 20,3% de hogares y urbanos, 12,6% de hogares indígenas y el 11,4% de hogares campesinos.

- Entre los hogares de jefatura femenina, el 45% de urbanos, 41% de rurales y 25% de indígenas son sin cónyuge y con hijos menores.

- En el campo 8 de cada 10 mujeres indígenas se dedican a la agricultura y atienden además labores domésticas. Esta producción cubre el 27% del consumo en sus hogares.

- De los créditos dirigidos a negocios, sólo el 12% benefician a mujeres.

- 45% de hogares con jefatura femenina no tiene acceso a la tierra.

- 62% de comunidades no dispone de agua para consumo. 31% se abastece en ríos y vertientes

Datos de SIISE y REMTE.

DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA*

Art. 34 El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a recursos para la producción y en la toma de decisiones económicas para la administración de la sociedad conyugal y de la propiedad.

Art. 36 El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándoles idéntica remuneración por trabajo de igual valor.

Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, y por el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en período de lactancia, la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohibe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer.

El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración para compensarle equitativamente, en situaciones especiales en que aquel se encontrare en desventaja económica. Se reconoce como labor productiva el trabajo doméstico no remunerado

Art. 254 (En la planificación económica y social) Se tendrán en cuenta las diversidades de edad, étnico-culturales, locales y regionales y se incorporará el enfoque de género.

Art. 267 (El Estado) Tomará las medidas necesarias para erradicar la pobreza rural, garantizando a través de medidas redistributivas, el acceso de los pobres a los recursos productivos.

Art. 57 La protección del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente a toda la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella.

* Tomado de la Gaceta Constitucional, Asamblea Nacional Constituyente, Ecuador, junio 1998