Este ocho de marzo, primer Día Internacional de la Mujer del nuevo milenio, se celebra en medio de la incertidumbre creada por la dolarización de la economía, cuyos efectos iniciales son adversos para la mayoría de mujeres ecuatorianas ya golpeadas por la crisis desde hace mucho tiempo, pues se han expresado principalmente en el espectacular incremento de los precios de todos los artículos y servicios.

La dolarización, medida arbitraria sin mínimas bases éticas y técnicas, detonó el descontento popular y las acciones para el cambio de gobierno. Hoy asistimos al absurdo de continuar con esa política, ratificada como apurado experimento que no salva la economía nacional, que acaso beneficiará a algunas empresas y personas, pero sacrificando al país todo.

En el marco de la justa agitación social de los últimos tiempos, las mujeres hemos estado presentes como nunca antes. No hemos reclamado el simple cambio de personas en el gobierno, sino un nuevo rumbo para la economía, pues es ya inocultable que la situación que atravesamos es resultado de políticas que defienden ciegamente el libre mercado, sin reparar en las imperfecciones, sesgos y falta de transparencia con que funciona en nuestro medio, políticas atadas a los intereses de unos pocos (por vías lícitas o ilícitas), y que insisten en sostener un modelo que tiene bases injustas, en el que siempre resultamos las más perjudicadas.

Todas las mujeres somos parte activa de la economía nacional. Esta no se circunscribe solo a las empresas (entre las cuales lamentablemente han destacado las ineficientes y corruptas), ni a los intercambios de mercado. Las mujeres con o sin reconocimiento monetario producimos bienes y servicios, y continuamos a cargo de la sobrevivencia y cuidado de la población toda, asunto que debería ser el centro de las preocupaciones gubernamentales y sociales.

Estas responsabilidades y aportes se han dado históricamente en un marco de desventajas, pues afrontamos discriminaciones y limitaciones variadas para el acceso a recursos. Con nuestro trabajo, frecuentemente no pagado o mal pagado, hemos intervenido en la construcción de este país, pero no hemos sido consultadas o escuchadas para tomar decisiones que nos conciernen.

La llamada Ley Fundamental de Transformación Económica, adoptada en estos días para viabilizar la dolarización, concierne y afecta directamente a las mujeres, como a todos los ecuatorianos. Decisiones tan importantes debieron ser materia de consulta y amplios consensos, pero contrariamente han sido aprobadas de modo apresurado, al borde de la legitimidad, con una escasa mayoría en el Congreso y la exclusión de algunos bloques políticos.

El ingreso promedio mensual de los trabajadores/as y empleados/as ecuatorianos es inferior a 100 dólares y la canasta básica familiar a febrero del presente año cuesta 180 dólares. Esto significa que en cada hogar habrá que duplicar los esfuerzos para aumentar en algo los recursos en el día a día de los hogares. Como ha sucedido ya en coyunturas anteriores, para encarar esta situación las mujeres procuran generar ingresos adicionales recurriendo a diversidad de actividades informales y domésticas, lo cual prolonga sus jornadas diarias y afecta su bienestar físico y espiritual.

Como siempre, entonces, esos perjuicios recaerán de modo redoblado sobre las mujeres. Y ello en una situación en la que ya venimos afrontando diversos problemas, relacionados con el acceso a recursos, bajos ingresos, desempleo, altos precios, baja de la producción, etc. Estos son problemas económicos que deben ser atendidos con medidas económicas no con supuestas "compensaciones sociales".

La alta incidencia de la pobreza es asunto de economía que debe ser resuelto en ese espacio. Se gesta y desarrolla como parte del modelo cuyo fracaso ha tenido expresiones tan flagrantes como el feriado bancario y la apropiación indebida de los recursos confiados a la banca por el público.

Para luchar contra la pobreza el país no requiere más medidas que favorezcan a unos pocos, no necesita de privatizaciones que enajenen el único patrimonio que tenemos. Necesita inaplazables medidas de justicia económica y redistribución. Requiere medidas para reactivar el aparato productivo nacional, especialmente aquellas unidades que dinamizan el mercado interno, y para hacerlo menos vulnerable ante los avatares del mercado mundial. Necesitamos políticas para fortalecer nuestras capacidades propias de atender necesidades básicas y generar bienestar para todas y todos, para procurar equidad en los esfuerzos y en las retribuciones tanto en los espacios laborales como en la economía doméstica.

En este ocho de marzo, las mujeres demandamos que se ejecuten medidas concretas que hagan realidad nuestros derechos económicos y sociales contenidos en la Constitución, entre ellos, el apoyo en el acceso a crédito y recursos especialmente para las mujeres jefas de hogar, la garantía de idéntica remuneración por trabajo de igual valor al realizado por los hombres, el respeto a los derechos reproductivos en el ámbito laboral, así como el reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado como labor productiva.

* Magdalena León T., Lourdes Rodríguez, MUJERES TRANSFORMANDO LA ECONOMIA
núcleo Ecuador