Los resultados del último levantamiento y de los acuerdos suscritos son, se ha dicho ya, múltiples. Para las mujeres lo son de manera especial en cuanto a sus potencialidades. En tal perspectiva es destacable que se haya conseguido abrir el espacio de decisiones económicas a la participación de otras actores-as. Es cierto que las macro políticas, las de fondo, no fueron tocadas en lo sustancial, que las reivindicaciones sobre precios de gas y pasajes aparecen como de menor cuantía, pero el logro va y puede ir más allá de estos aspectos inmediatos, si en verdad se prosigue con el proceso de cumplimiento y monitoreo de acuerdos en un marco participativo, y si impulsamos revisiones también necesarias en otros frentes, con la común orientación de redistribuir recursos, reconocer derechos, construir justicia económica.

En esta jornada, como en otras, las mujeres hicieron mucho pero aparecieron poco, alcanzaron escasa visibilidad. Estuvieron al frente de las fatigosas tareas de logística y jugaron papel relevante en la movilización en provincias y carreteras, pero, como algunas de ellas lo saben y dicen, esto no reporta prestigio, no es fuente de reconocimiento y poder. Es más, han contado las protagonistas, su intervención no se limitó a estas tareas, pues en medio de la acción colectiva elaboraron estrategias que llegaban, ya anónimas, hacia niveles dirigenciales aún de predominio masculino. Esto, desde luego, no desconoce la emergencia de un muy prometedor liderazgo femenino, ni descalifica acciones o intenciones de la organización y su dirigencia; ha sucedido así por efecto de acumulados culturales y sociales, que eventualmente rebasan voluntades y hechos de coyuntura, que por lo mismo requieren políticas deliberadas y sostenidas de cambio.

Lo ocurrido en estos eventos es un símil de lo que pasa en el día a día con el desenvolvimiento económico de las mujeres, de modo particular con las indígenas: ellas son en el país al mismo tiempo las que realizan las jornadas más largas de actividad y las que reciben menores retribuciones. La desvalorización de su trabajo atraviesa espesuras de tiempo y espacio: ha sido reproducida por las esferas pública e institucional, por el mercado, por la sociedad, y no está ausente en el plano familiar e íntimo, al contrario, llega a ser un ingrediente de la violencia que tiñe su cotidianidad, cuando maridos, parejas u hombres de la familia las acusan de ser “mantenidas”, inútiles, cuando regatean el uso de los pocos recursos monetarios, fruto muchas veces de la venta de producción femenina pero manejados por ellos. Los testimonios indican que en los episodios de violencia física casi siempre se alude a esta supuesta inactividad; así, sin verdadera razón material, la subordinación económica femenina se crea y sostiene también por medio de la violencia.

Además, y como perversa condición de permanencia de estas injusticias, hay una autonegación, un desconocimiento del valor del propio trabajo. En los días del levantamiento una dirigenta decía en entrevista radial que las mujeres participaban porque “lo que ganan nuestros maridos no nos alcanza”, afirmación que asume el falso supuesto de todas las mujeres tienen un marido y dependen de él, y no considera que el índice más alto de actividad económica femenina del Ecuador corresponde precisamente a las mujeres indígenas (81%), entre las cuales 8 de cada 10 se dedica a producción agropecuaria, y se registra un 13% de jefatura de hogar reconocida (cifra que se elevaría considerarse las jefaturas ocultas), y mínimo acceso a la propiedad de la tierra.

Los acuerdos suscritos con el gobierno no se refieren de modo expreso a las mujeres, pero sin lugar a dudas tienen implicaciones específicas para ellas. Constituyen una oportunidad para avanzar en el reconocimiento y aplicación de derechos económicos ya incorporados en la letra de la Constitución vigente. En este sentido, resultan cruciales algunos puntos del acuerdo: el quinto, referido al crédito; el noveno, que topa canje de deuda para inversión social; el décimo, relacionado con acceso a la tierra y al agua; el duodécimo, que se refiere a descentralización y producción de alimentos; el décimo tercero, que alude en sentido amplio a políticas fiscal, financiera, social, comercial y monetaria; el décimo cuarto, sobre seguridad social.

Es preciso integrar en el desarrollo y aplicación de los acuerdos la realidad específica y los derechos de las mujeres como actoras económicas; es indispensable que ellas participen de manera más visible y protagónica en las mesas de trabajo y en todo el proceso. De modo simultáneo, es necesario que se tomen acciones de cara a las relaciones y prácticas sociales que también redundan en una denegación de los derechos económicos de las mujeres.

Quito, 28 de febrero 2001

* Magdalena León T., Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía, (Publicado en Diario Hoy, Quito, sábado 10 de febrero 2001)