Con sobradas razones la flamante Ley de Juntas Parroquiales ha generado expectativas. Su aplicación, junto con el funcionamiento de las Juntas que fueran designadas en el proceso electoral de mayo último, puede significar el inicio o el fortalecimiento de cambios democráticos en las más pequeñas unidades político administrativas del país. La población de áreas rurales tiene ante sí la posibilidad de incidir en la toma de decisiones que le competen, en la distribución de recursos, es decir ejercer ciudadanía, ser parte de una democracia efectiva y de procesos de desarrollo local.
Una idea de consenso, invariable invocada cuando se habla del desarrollo del país, es la de frenar la emigración desde áreas rurales, retener población y hasta atraerla, fortaleciendo en ellas la producción y las oportunidades para la gente. En los hechos, ésta premisa ha tenido escasa aplicación; con muy pocas excepciones, en las sociedades rurales siguen prevaleciendo los más elevados índices de empobrecimiento y la peor calidad de vida.
Han logrado escapar a ésta tendencia algunas comunidades gracias a procesos innovadores cuya clave es la democratización. Si todas y todos participan para definir prioridades, para gestionar o asignar recursos, para tomar decisiones, el cambio es posible. Si los esfuerzos e iniciativas que las mujeres despliegan en estos microespacios pueden ahora salir del anonimato y ser reconocidos, traducirse en representación femenina en las Juntas, puede hablarse de nuevas oportunidades y equidad. Sólo en estos procesos de democracia y desarrollo puede hallarse el camino de fortalecimiento de lo rural.
La nueva Ley es vista como un medio para consolidar experiencias de mucho potencial, que se han convertido en punto de referencia a la hora de emprender iniciativas de desarrollo local en espacios rurales. Entre éstas cabe destacar el caso de la parroquia Ayora del cantón Cayambe, cuya Junta Parroquial ha liderado desde hace varios años un muy interesante proceso que se basa en el reconocimiento e integración de actores antes excluidos -abriéndose a la construcción de una verdadera democracia local-, y en proyectos autogestionarios que han significado un notable mejoramiento de la calidad de vida. Los logros se aprecian a simple vista: limpieza, áreas verdes y de recreación, servicio de agua potable, procesamiento de desechos sólidos.
Esta pequeña sociedad, dinamizada por su Junta Parroquial, organizaciones, líderes, y una amplia participación de su gente, ha dado además pasos importantes para superar viejas formas de discriminación hacia el campesinado, para romper el paradigma de lo urbano y lo rural como sinónimos de adelanto y atraso respectivamente. Por eso, la población mayoritariamente quiere que su parroquia deje de ser considerada urbana y se reconozca como rural. Esto permitirá no sólo que la Junta Parroquial siga existiendo, sino que fortalezca su trabajo al amparo de la nueva Ley. El pedido, que está en manos del Municipio de Cayambe, será respaldado por firmas que ahora mismo están recolectándose, lo que ayudará a que se ratifique tan interesante decisión.

* Magdalena León T., Mujeres Transformando la Economía (Publicado en El Comercio, viernes 20 de octubre de 2000)