El Día Internacional de la Mujer, de celebración creciente y de
preocupante "cooptación" por el mercado, es fecha propicia para los
balances sobre los logros y los pendientes en cuanto a derechos de las
mujeres. El denominador común en los últimos años ha sido destacar los
avances en la participación política y en la visibilidad y atención
conseguidas para asuntos antes desestimados, como la violencia contra
las mujeres; todo ello como resultado de la acción feminista y de
organizaciones afines, aunada a la de instancias comprometidas con el
impulso de políticas de equidad de género.

Es notable el rezago en materia de derechos económicos de las mujeres,
esto es aquellos relacionados con el acceso a los recursos materiales,
con la retribución al trabajo, y con la toma de decisiones (inclusive
las macroeconómicas). De esta realidad dan cuenta los índices de
"desarrollo relativo al género" y de "potenciación de género" del
Informe de Desarrollo Humano Ecuador 2001 del PNUD. Aún siendo medidas
parciales, reflejan los adelantos de las mujeres en el acceso a
puestos profesionales y técnicos (0,92, cercano a 1 que indica
equidad) y en la participación política (0,74), mientras en
distribución de los ingresos se ubica en 0,61, con grandes
disparidades entre regiones, llegando en la costa rural al mínimo de
0,15.

Atender este rezago resulta, pues, urgente. Frente a ello, la
experiencia mundial de las últimas décadas demuestra que las políticas
económicas de corte neoliberal son incompatibles con los derechos
económicos de las mujeres; no sólo que no crean condiciones para su
aplicación, sino que han dado lugar a fenómenos como la "feminización
de la pobreza".

Uno de los mecanismos de empobrecimiento femenino han sido las
privatizaciones de los servicios básicos, como se ve de manera
patética en Argentina. El consecuente encarecimiento de estos
servicios impacta severamente en la economía de los hogares y en sus
condiciones de vida, en la subsistencia diaria que está a cargo de las
mujeres.

La creación de riquezas nacionales tiene una importante cuota de
trabajo mal o no retribuido de las mujeres, de tiempo y sacrificios
nunca contabilizados, que han constituido la "variable de ajuste" para
hacer frente a sucesivas crisis. Al mantenerse como bienes públicos,
existe la posibilidad de que, con un manejo eficiente y políticas
adecuadas, esto se revierta en mejores condiciones de vida, en acceso
a servicios de calidad a precios razonables, y en participación en las
decisiones sobre el manejo de estas empresas. Venderlas a precios
rebajados y colocar esos recursos en un sector financiero en crisis,
es injusto e ineficiente.

Como actoras económicas, las mujeres experimentamos mayores
desventajas frente al mercado que frente al Estado. Este tiene
compromisos y políticas para promover nuestros derechos, algunos de
ellos ya incorporados a la Constitución, que se ven debilitados al
disminuirse las competencias públicas vía privatizaciones. Las razones
y voces de las mujeres para que se reconsidere la privatización de las
empresas eléctricas, hacen parte de un clamor nacional que no debe
seguir siendo descalificado.

- Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía

- Publicado en Diario El Comercio, Quito, 7 de marzo de 2002