Desde que en 1994 USA lanzara la iniciativa del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, sectores de la sociedad civil del continente acompañan el proceso con una postura crítica, haciendo acopio creciente de evidencias y argumentos sobre la inconveniencia de su aplicación. Esta experiencia, que apela al ejercicio de derechos ciudadanos en materia de decisiones económicas, ha dado frutos, encaminándose hoy tanto a la resistencia como a la búsqueda de alternativas hacia otro tipo de integración.

Primera y principal preocupación fue el carácter secreto de las negociaciones. Si este instrumento toca, entre otros, aspectos legales y constitucionales, era inadmisible que su definición se diera a espaldas de los parlamentos, de otras instancias públicas y de los pueblos. Tras sostenida labor de presión e información se logró, en 2001, que el texto del ALCA se hiciera público, hecho estratégico en sí, pero cuyo cabal aprovechamiento depende del interés parlamentario y ciudadano para conocerlo, pronunciarse, actuar, tareas en muchos casos pendientes.

La acción de la sociedad civil ha tenido especial visibilidad en las cumbres hemisféricas de Santiago de Chile (2000) y Québec (2001), como en el Foro Social Mundial (Porto Alegre 2002). Esas multitudinarias movilizaciones se fundamentan en análisis y consensos menos difundidos pero cruciales para situarnos ante este Acuerdo, que supone una modalidad de integración basada en la permanencia o profundización de injusticias y desigualdades. El ALCA consagra los derechos e intereses de empresas transnacionales por sobre los de países y ciudadanas/os, afectando la soberanía nacional y los derechos humanos. Los análisis muestran perjuicios previsibles en seguridad alimentaria, salud, medio ambiente, derechos laborales y de las mujeres, y un largo etcétera que se matiza con implicaciones a ser exploradas en cada contexto nacional, productivo, social.

Tras 7 años en el TLC, México es referente clave. Los balances indican que pagó altos costos sociales, productivos y ambientales sin obtener los resultados macroeconómicos prometidos. A la luz de esas y otras evidencias, la sociedad civil converge hoy en una oposición total al Acuerdo: no se ve adecuado, realista, viable, conseguir supuestas oportunidades comerciales o introducir cláusulas sociales cuando el sentido mismo del proceso está marcado por la hegemonía de un país, el dominio de las transnacionales y la implantación del mercado total. Esa es la perspectiva de la Campaña Continental Contra el ALCA, reunida en Quito en mayo último con delegaciones de sus múltiples actores/as: campesinos, estudiantes, trabajadores, intelectuales, indígenas, empresarios.

A la par, se afirma la urgencia de avanzar en otro tipo de integración: una que articule países en condiciones equitativas, que impulse un nuevo modelo de desarrollo, estimule una producción orientada a las necesidades de la gente, combata desigualdades de género, fortalezca la diversidad y el ejercicio de derechos individuales y colectivos, se asiente en la historia común; una integración que supere los límites del mercado y sus inequidades.

Ecuador será sede de un nuevo episodio de las negociaciones del ALCA en octubre, con oportunidad de la reunión ministerial hemisférica; nuevamente estará también la sociedad civil del continente con una voz cada vez más unánime de oposición, y ojalá con una sociedad ecuatoriana más informada y comprometida con este tema crucial para nuestro futuro inmediato.

(Publicado en Diario Hoy, Quito, sábado 14 de junio de 2002)