“Las políticas migratorias no pueden estar al margen de los derechos humanos”

En el desarrollo del segundo día de la Primera Cumbre de Comunidades de Migrantes, en Morelia, Michoacán, México, que se viene realizando desde el pasado 10 de mayo, la profesora Susan Gzesh, de la Universidad de Chicago, dio inicio al taller sobre Derechos Humanos y Migraciones, expresando la importancia fundamental de utilizar los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, en su doble dimensión de arma jurídica, y también en su dimensión de fuerza ética y moral.

El principio de universalidad de los derechos humanos, consagra no sólo que todo ser humano ha disfrutar de ellos, sino además que le pertenecen allí donde se encuentre como lo expresa el Art.2 de la declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración , sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos es el marco en el cual los estados han de rendir cuentas. Es necesario procurar la responsabilidad jurídica, política y ética de todos los estados, tanto los de origen, tránsito y destino de las personas migrantes. Detrás de los más de 200 millones de migrantes en todo el planeta, y particularmente en América Latina, siempre existen graves violaciones a sus derechos económicos sociales y culturales, a sus derechos civiles y políticos.

“Las políticas migratorias no pueden estar al margen de los derechos humanos; estos son patrimonio común de la humanidad y se debe asegurar su interdependencia, integralidad y universalidad” manifestó el argentino Mario Santillo al recordar la significativa Declaración de Rivas del II Foro Social Mundial de las Migraciones, realizado en Rivas Vaciamadrid, España, en el verano pasado. En este sentido, Santillo, director del Centro de Estudios Migratorios latinoamericanos, se preguntaba si se podría hablar de derechos humanos específicos de los migrantes, ¿porqué necesita tener unos derechos propios si por el sólo hecho de ser humano los tiene todos ya?

Sin embargo, es claro que existen muchos de estos derechos que se viven en el proceso migratorio como tal, y dada esa condición, requieren especial preocupación como por ejemplo, el derecho a no emigrar, el derecho a permanecer en el lugar donde vive. Otro caso es el del derecho a la libre circulación sistemáticamente violado, tras el argumento de que las personas irregulares, han cometido una infracción administrativa, en la práctica les tratan como criminales, desconociendo su condición de sujetos de derechos.

Las políticas migratorias restrictivas en América Latina, han estado vinculadas a las leyes de los regímenes de seguridad nacional impuestas por las dictaduras y que hoy tras el 11 de septiembre, se hacen aún más negadoras de la dignidad humana de los migrantes. Es evidente la profunda contradicción entre las declaraciones de los gobiernos en sus cumbres y la profundización de leyes restrictivas.

Por su parte, Fabienne Venet (Sin fronteras-México) insistió en la altísima vulnerabilidad a la que son sometidos los migrantes no sólo por la frontera norte mexicana, sino el tratamiento inhumano, violatorio de sus derechos de quienes obligadamente pasan la frontera sur mexicana… “no son considerados ni ciudadanos, ni sujetos de derechos ni por los países de origen, ni por los de destino, y mucho menos por los que transitan”.

“Sin Fronteras”, denuncia Fabienne, ha constatado la absoluta ineficacia y carencia de protección consular, por parte de los consulados centroamericanos en México, no tienen presupuesto de protección, sus funcionarios no tienen formación ante esta realidad, nunca van al terreno, sólo atienden desde las oficinas de sus embajadas… “por lo menos deberían asegurar un presupuesto para repatriar los cadáveres de quienes finalmente mueren en el silencio y la impunidad… ¡estas personas no tienen plusvalía, no votan, no envían remesas, no tienen valor para nadie¡”.

En este mismo sentido, Sebastián Salinas, de la Asociación de Bolivianos en España, denunció cómo las políticas restrictivas por parte del Estado español, que termina sometiendo a un “limosneo” lo que son derechos irrenunciables e innegociables. ¡Un irregular es un ser inexistente¡ y cuando se le visibiliza sólo es como objeto de criminalizaciones , que además se amplían a quienes colaboran y se solidarizan con ellos. Este es el drama de los cerca de 200.000 bolivianos tras la imposición del visado a los ciudadanos de ese país por parte de las autoridades españolas.

De igual manera, la sistemática restricción en la admisión a trámite de los solicitantes de Asilo y refugio, y los exiguos estatutos otorgados, particularmente para el caso colombiano, muestra la realidad de una política a todas luces insuficiente y por lo tanto se consolida la tendencia de los últimos años, de otorgar la protección internacional a un número muy reducido de personas.

Por su parte, Linda Ramírez, de Illinois, denunció la criminalización de que son objeto por parte de las autoridades de su estado las personas dueñas de casas que den hospedaje a personas sin documentos, a quienes transporten personas indocumentadas serán multadas e incluso pueden llegar a perder su licencia de conducción, políticas que no hacen sino incrementar el miedo y el odio, la xenofobia, la exclusión.

Los campesinos migrantes en Estados Unidos carecen de leyes laborales, no pueden sindicalizarse, las condiciones de explotación laboral, el sometimiento a temperaturas extremas ha llevado a la muerte reciente de 9 personas en las cosechas, añadió Leticia Zabala, vicepresidenta del sindicato FLOC, único sindicato que por ahora mantiene contacto con los dos países (México-USA). Los rancheros, por su parte, en complicidad con las autoridades policiales, elaboran “listas negras” contra los trabajadores que tienen contacto con el sindicato para que no se les contrate más, y en conjunto enganchadores y contratistas sistemáticamente amenazan a los dirigentes del sindicato; “hace un mes fue asesinado un compañero del sindicato, tras haber sido golpeado y torturado a golpes en la oficina en Monterrey”, recalcó, indignada, la dirigente sindical, llamando a la solidaridad y exigiendo que este crimen no quede en la impunidad.

Estas mismas políticas represivas, las amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades lo sufren de igual forma las personas y organizaciones que asumen la defensa de los derechos de los migrantes, multas por apoyar a los irregulares, creando así una nueva violación de los derechos humanos, la violación a los defensores de derechos humanos, impidiendo su trabajo y con ello sometiendo a una mayor vulnerabilidad y desprotección a los migrantes. Esta realidad de continuado ataque contra los defensores de derechos humanos, igualmente, se viene presentando en zonas de tránsito y contra las organizaciones que se levantan en defensa de sus derechos como es el caso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Demandar con urgencia la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona \" ..individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos \" (Art. 1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar \" ...la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración (Art. 12.2) y por la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas AG/RES. 1671 (XXIX-O/99) , adoptada por la Organización de los Estados Americanos el 7 de junio de 1999.

En el caso conmovedor de María Concepción Arteaga Moreno, madre soltera de 46 años de edad, oriunda de la comunidad de Epigmenio González, municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, México, fue amenazada y detenida sin orden de aprensión, el día 9 de marzo de 2005 y, juzgada y sentenciada, en menos de una semana. Su delito: dar un poco de alimentos y de agua a un grupo de centroamericanos que pasaban en el ferrocarril con destino a Estados Unidos. Hoy está encarcelada en el Centro de Readaptación Social de San José El Alto, en la ciudad de Querétaro, acusada de Tráfico de Indocumentados compurgando una sentencia de seis años de prisión. Su expediente, 15/2005, está radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro

Antes de ser puesta tras las rejas, María Concepción Moreno Arteaga se ganaba la vida lavando y planchando ropa ajena y el DIF municipal le proporcionaba una despensa mensual para su sobrevivencia. Vivía en una choza de piso de tierra, levantada con retazos de láminas y pedazos de cartón. “verdaderamente hoy, esta globalización capitalista neoliberal ha convertido en un acto criminal ser solidario con lo más excluidos”.

Iván Forero R.
Comisión Española de Ayuda al Refugiado –CEAR-
Foro Social Mundial de las Migraciones