Desde la Rectoría de la Universidad de Costa Rica saludamos con beneplácito y esperanza la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Elecciones, de resolver positivamente la gestión hecha por un grupo de estimables costarricenses, para convocar un referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos. Saludamos también la iniciativa posterior del Presidente de la República, doctor Oscar Arias Sánchez, de enviar a la Asamblea Legislativa un decreto solicitando la convocatoria al referéndum.

La celebración de una consulta popular de carácter vinculante sobre un asunto tan importante para el destino del país, abre una nueva etapa en el desarrollo de la democracia costarricense. Como es conocido, en el artículo 9 de la Constitución Política se estipula que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, y que es ejercido por el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. También en el artículo 105 se señala que el pueblo puede ejercer la potestad de legislar mediante el referéndum. Estamos entonces ante la oportunidad de hacer realidad la letra del texto constitucional.

Esta decisión obligará a una deliberación amplia en torno a las implicaciones sociales, económicas y políticas del Tratado, que fomentará la responsabilidad ciudadana, pues al final habrá que votar y asumir las consecuencias del voto individual y colectivo en una u otra dirección. De una cultura política más delegativa, estamos ante la posibilidad de evolucionar hacia una más participativa, donde se combinen adecuadamente los mecanismo de la representación política con los de participación directa, dentro de un marco de interés renovado de la ciudadanía por la política, es decir, por los asuntos que atañen al gobierno del país y de su comunidad. Es también una oportunidad para explorar una forma democrática y pacífica de resolver los conflictos sociales, evitando las confrontaciones abiertas innecesarias.

La importancia de este referendo, entonces, no solamente debe evaluarse por la trascendencia del tema que toca, sino por sus efectos a mediano y largo plazo en la cultura política de la nación costarricense, en la forma de hacer política y en el comportamiento de los cuerpos colegiados que toman decisiones de carácter político. Podríamos estar a las puertas de un salto cualitativo en la calidad de la democracia costarricense.

Estamos entonces a favor de la celebración del referéndum planteado.

Sin embargo, en la Universidad de Costa Rica fue instituida por la Rectoría una comisión integrada por distinguidos abogados, de diferentes tendencias políticas e ideológicas, la mayor parte de ellos profesores universitarios, para estudiar con detenimiento el texto del Tratado desde el punto de vista constitucional. Esta Comisión ha encontrado aspectos que aparentemente riñen con lo establecido por la Constitución de la República. Por tanto, es un imperativo una consulta preceptiva del Tratado a la Sala Constitucional, razón por la cual respetuosamente instamos a la Asamblea Legislativa a formularla.

Todas y todos los costarricenses tenemos la responsabilidad de contribuir para que del referéndum salga una sociedad fortalecida, dispuesta a discutir abiertamente los problemas que enfrentamos y tomar las decisiones que favorezcan una convivencia social basada en la democracia, la tolerancia y la equidad social. Por esa razón debe ponerse especial cuidado en la calidad de la información que le será suministrada a la ciudadanía en torno al contenido del referéndum, así como también en la equidad en el acceso a los medios periodísticos de las diferentes posiciones en torno al Tratado. El peso de los recursos económicos no debe servir para crear una opinión ciudadana basada en apreciaciones unilaterales sobre la materia en discusión. Los medios universitarios de comunicación están obligados a renovar sus esfuerzos para hacer llegar a la ciudadanía información veraz y adecuada sobre los aspectos medulares del Tratado y sus implicaciones para el futuro del país.

Como lo demanda su Estatuto Orgánico, la Universidad de Costa Rica está ahora, como lo ha estado en el pasado, dispuesta a contribuir a que el proceso que se avecina cumpla con las expectativas que ha generado de mejoramiento de la calidad de la democracia costarricense.

- Yamileth González García, rectora de la Universidad de Costa Rica.