Es pública y notoria la postura firme y radical que hemos adoptado en
la lucha contra la impunidad en el país. La sociedad brasileña es
testigo de esa lucha. Y es con esa determinación que en los últimos
seis años hemos acompañado atentamente a esclarecer el proceso de
Eldorado dos Carajás. El caso quedó conocido como masacre de Eldorado
dos Carajás, ocurrió el 17 de abril de 1996, donde 19 trabajadores
rurales ligados al MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra) fueron asesinados. Otros 69 trabajadores rurales fueron
gravemente heridos.

Desde el inicio, la participación del MST, CPT, (Comisión Pastoral de
la Tierra) y de otras organizaciones populares fue decisiva en el
proceso. En función de la presión ejercida en decena de
movilizaciones en todo el país y en unidad con movilizaciones
internacionales, fue posible romper algunos patrones de impunidad
reinante en el Estado de Pará. Los 150 policías militares acusados
fueron conducidos a juicio por el Tribunal. El juicio del proceso fue
transferido hacia Belém, la sesión del juicio donde fueron absueltos
los tres oficiales comandantes de la masacre fue anulada, la
utilización de la principal prueba de la acusación -un parecer técnico
de la Unicamp que comprueba la masacre- después de intensa batalla
jurídica y presión de la sociedad organizada, fue permitida en el
juicio.

Otro aspecto importante en ese proceso fue la salida del caso de la
jueza Eva do Amaral Coelho. Ella había sido designada para presidir
el juicio en febrero del 2001. Pero una serie de irregularidades en
la conducción del proceso y una postura incompatible con la
responsabilidad del caso, nos llevó a pedir su suspensión. Mientras
tanto, asimismo, ella se mantuvo en el caso. Solamente, en último
viernes la jueza se apartó del caso.

Extrañamente, el juez que asumió el proceso en día 13 de mayo, mantuvo
la fecha del inicio del juicio para el día 14 de mayo. Ahora, este es
uno de los mayores procesos de la historia jurídica brasileña; son 30
volúmenes, con más de 10 mil páginas y 150 acusados. Por lo tanto,
sería razonable aplazarlo por lo menos 15 días, hasta que la acusación
y su asistencia pudiesen establecer reglas claras con el actual juez
sobre el desarrollo de las varias sesiones. El aplazamiento no
acarrearía mayores contrariedades para el proceso, puesto que ya se
arrastra más de seis años. Además, eso posibilitaría una mejor
organización entre el Poder Judicial, Acusación, Asistencia y Defensa
para el buen desempeño en la búsqueda de la verdad -principio básico
del Derecho Penal- y con certeza evitaríamos más nulidades además de
aquellas ya verificadas y combatidas por nuestros abogados.

Frente a la expuesto, no hay condiciones para la participación del
MST.

Sao Paulo, 14 de mayo del 2002

Sector de Derechos Humanos del MST