Ante el anuncio del TSE, el diputado José Merino adelanta sus primeras reflexiones en nombre de la Fracción del Partido Frente Amplio

Un grupo de ciudadanos y ciudadanas ha ejercido su derecho constitucional a solicitar la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones para iniciar un proceso de recolección de firmas para determinar si el pueblo de Costa Rica está de acuerdo con someter a referéndum vinculante por iniciativa popular el TLC con los Estados Unidos.

El Tribunal ha acogido esta solicitud y ha autorizado el inicio de la recolección de firmas. Los ciudadanos interesados tienen ahora un plazo de 8 meses para cumplir con este requisito. Será entonces el pueblo el que decida si se convoca o no un referéndum vinculante sobre el TLC.

El Gobierno y los grupos económicos que promueven la aprobación del TLC a golpe de tambor deben respetar este proceso democrático y abstenerse de obstaculizarlo o manipularlo.

Sería inaceptable cualquier maniobra para burlar la iniciativa popular mediante recolección de firmas, a través, como se rumora quiere hacer el presidente Arias, de una solicitud de convocatoria del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.

En particular se debe suspender el trámite acelerado del TLC Y SU AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN mientras se realiza la recolección de firmas, a fin de hacer viable que la población pueda decidir.

Si mientras estas firmas se están recolectando el Gobierno insiste en tramitar de manera abrupta las leyes exigidas por el TLC se estaría cometiendo un fraude contra nuestro sistema democrático. Se estaría burlando al pueblo costarricense al hacerle creer que se le va a permitir manifestar su voluntad de forma directa, mientras que, por la espalda, se imponen una serie de leyes que consolidan los efectos más perniciosos del Tratado que se pretende consultar.

Los cientos de miles de costarricenses que salimos a las calles para manifestar nuestra oposición al TLC no tenemos porque temerle al referéndum ni a cualquier otro mecanismo de consulta directa al pueblo. Lo que si debemos es rechazar cualquier consulta amañada y manipulada, donde no existan garantías mínimas de participación en igualdad de condiciones para ambas partes.

Por eso es que, de previo a decidir sobre una convocatoria a referéndum, deben garantizarse, entre otras, estas condiciones básicas.

- Que va a existir equidad en el acceso a los medios de comunicación, para que tanto los sectores que están a favor como los que están en contra del proyecto que se consulta puedan exponer sus posiciones.

- Que las instituciones de Gobierno no van usar recursos públicos para favorecer una posición, que no se va extorsionar, amenazar o manipular al pueblo, condicionando ayudas o servicios públicos.

- Que los empresarios no van a amenazar a sus trabajadores para obligarlos a que voten de una determinada manera como ocurrió recientemente en El Salvador y ya está pasando en Costa Rica.

- Que va a haber un estricto control sobre las contribuciones privadas para evitar que gobiernos extranjeros, empresas trasnacionales y poderosos grupos económicos destinen millonarios recursos para comprar conciencias y promover el fraude.

- Que haya transparencia y no se permita la intervención de grupos como el mal llamado “Grupo Por Costa Rica”, mientras persista en su práctica de realizar campañas millonarias para atemorizar y desinformar a la población negándose a informar de donde viene el dinero que las financia.

Hoy en día la Ley que regula el referéndum (Nº 8492) carece de las normas para asegurar estas garantías mínimas. Por eso habría que tramitar un proyecto de ley para reformar esta legislación para incluirlas a la mayor brevedad posible. Esta iniciativa debería discutirse de previo a una convocatoria a referéndum.

En el caso específico del TLC también es indispensable que antes de convocar a una consulta popular de este tipo se aclaren las inmensas dudas que existen sobre las INCONSTITUCIONALIDADES que contiene este Tratado.

De lo contrario, se podría estar nuevamente engañando y burlando al pueblo de Costa Rica, al consultarle un proyecto que sería contrario a nuestra Constitución Política. Es decir, un proyecto sobre cuya viabilidad no existiría seguridad alguna. Ninguna ley que violente nuestra Carta Fundamental puede tener vigencia aún cuando haya sido sometida a referéndum.

Por lo tanto, de previo a una convocatoria a referéndum del TLC debe consultarse a la Sala Constitucional sobre los grandes roces de constitucionalidad que presenta este Tratado.

Ante esta situación el pueblo y sus organizaciones sociales deben mantenerse unidos en estado de alerta, incrementando la protesta cívica y la movilización, hasta conseguir la derrota del TLC y su agenda de implementación.

* José Merino del Río, Diputado Asamblea Legislativa, Partido Frente Amplio