Los países ricos están usando tratados regionales y bilaterales para lograr concesiones que no pueden lograr en la Organización Mundial del Comercio (OMC) con serias implicancias para el desarrollo de los países pobres. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del informe Nuestro Futuro por la Borda, que Oxfam Internacional publica hoy.

Veinticinco países en desarrollo ya han firmado tratados de libre comercio con países desarrollados, y otros tantos están en negociaciones, de acuerdo con el nuevo informe de Oxfam. En total, hay más de 250 tratados de comercio bilaterales en marcha, que equivale al 30% del comercio mundial.

“El comercio es importante para el crecimiento; sin embargo, tal como están planteados los tratados, no generan desarrollo. Ellos requieren que los países en desarrollo hagan concesiones irreversibles, recibiendo casi nada a cambio,” dijo Patricia Amat, coordinadora de la campaña Comercio con Justicia de Oxfam Internacional en Sudamérica.

“Estos tratados exigen una liberalización mucho más rápida y reglas de propiedad intelectual más estrictas que en la OMC. Les quitan a los países en desarrollo el derecho a dirigir sus economías y amenazan su capacidad de proteger a la población más pobre y sacarla de la pobreza,” añadió.

Un estudio comisionado recientemente por la Unión Europea estima que el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con África Occidental provocará un incremento de las importaciones europeas en más del 15% en productos clave, como cebollas (16%), papas (15%), carne de vacuno (17%) y de aves (18%), lo cual ayudará a destruir más el sector rural de una de las regiones más pobres del mundo.

Las implicaciones para el desarrollo de estos tratados son significativas. En los primeros diez años después de la puesta en marcha del TLCAN, México perdió 1.3 millones de empleos. Inicialmente se crearon empleos, pero la competencia laboral barata en China provocó que 200,000 empleos entre 2001-2004 se perdieran. Asimismo, siete años después de que el sector financiero mexicano fuera liberalizado, el 85% de la propiedad de los bancos pasó a empresas extranjeras, y en el mismo período los préstamos a empresas mexicanas cayeron en picada, del 10% del PIB en 1994 a un 0.3% en el 2000. El impacto fue devastador para los pobres de las áreas rurales.

En cuanto a propiedad intelectual las consecuencias también son muy preocupantes. En Colombia, el TLC con Estados Unidos podría reducir el acceso de los medicamentos en un 40%, y el acuerdo EEUU-Tailandia restringiría la posibilidad de que el gobierno tailandés produzca nuevos retro-virales genéricos. El doble estándar con que se manejan los tratados es escandaloso: al mismo tiempo que se extienden los derechos a la propiedad intelectual de las corporaciones, no se da la misma protección al conocimiento tradicional de las comunidades de los países en desarrollo. Así, se podrán aprobar patentes aunque estén basadas en recursos genéticos provenientes de países en desarrollo, sin contar con su consentimiento previo. Como resultado, las comunidades podrían verse forzadas a pagar por variedades de plantas patentadas, basadas en recursos genéticos de su propia tierra.

Los países en desarrollo firman estos acuerdos con la esperanza de que aumente la inversión extranjera directa pero no necesariamente es así. Brasil, por ejemplo, es uno de los mayores receptores de inversión directa extranjera sin haber ratificado ni un solo acuerdo de inversión bilateral. Y por el contrario, los países africanos han firmado más de 1,000 acuerdos bilaterales, pero reciben menos del 4% de la inversión directa extranjera global.

Para conseguir un cambio de dirección y poner el comercio y las inversiones al servicio del desarrollo, Oxfam sostiene que las reglas comerciales, multilaterales, regionales o bilaterales, deben:

• Reconocer el trato especial y diferenciado que requieren los países en desarrollo.

• Permitir a los países en desarrollo adoptar legislaciones flexibles sobre propiedad intelectual que garanticen la primacía de la salud pública y de los medios de vida rurales, y que protejan los conocimientos tradicionales y la biodiversidad.

• Excluir de los compromisos de liberalización los servicios públicos esenciales como la educación, la salud, el agua y el saneamiento.

• Reconocer el derecho de los gobiernos a regular la entrada de inversores extranjeros con el fin de promover el desarrollo y generar empleo de calidad, e incluir compromisos de aplicación de los estándares laborales básicos para todos los trabajadores y trabajadoras.

• Asegurar la existencia de mecanismos que permitan la participación plena en el proceso de negociación de todas las partes interesadas, con un total acceso público a la información, incluyendo los resultados de evaluaciones de impacto independientes.