El mes de marzo estuvo marcado por episodios graves para nuestro país.
Una vez iniciado el mes, la Policía Federal entró en las oficinas de una
de las empresas de la gobernadora Roseana Sarney, confiscó documentos y
cerca de 1.4 millones de reales, en efectivo. No para investigar la
corrupción. Solamente para crear hechos políticos y combatir la
candidatura del PFL.

Sarney replicó: denunció que la PF estaba siendo usada para fines
electorales; que la campaña de FHC, en 1994, recaudó ilegalmente más de
5 millones de reales.

Después, recibimos la visita del profesor Jean Ziegler, en misión
oficial de la ONU para investigar la situación del hambre en Brasil.
Denunció que aquí se vive una guerra social: se asesina a 40 mil
personas por año, y peor, hay más de 50 millones de personas por debajo
del nivel de pobreza absoluta y, por tanto, pasan hambre. Y se atrevió
a decir la causa: el hambre existente en Brasil no es obra de la
casualidad y sí resultante de la política económica implantada en
nuestro país. Y presentó la solución; solamente una verdadera Reforma
Agraria y un plan de distribución de la renta pueden acabar con el
hambre. El gobierno se irritó. No admitía interferencia. La misión de
la ONU confesó a los periodistas que estuvo durante una hora y media con
el Presidente. Él no habló un minuto siquiera sobre Brasil, apenas
sobre Francia, la sociología moderna, la ONU, etc.

Más tarde se informó que procuradores de Justicia están investigando las
cuentas de las campañas electorales (de 1994 y 98) de FHC. Hay fuertes
indicios de la existencia de doble contabilidad.

En el Nordeste del país, fiscales del Ministerio de Trabajo descubrieron
la existencia de trabajo esclavo en una de las haciendas del Diputado
Federal Inocencio Oliveira (PFL/PE)

Más grave. Fiscales públicos están investigando el origen de los
recursos y la actuación de una empresa de espionaje contratada por el
Ministerio de Salud, por el entonces Ministro Serra (candidato
oficialista a la presidencia), para que investigue no solamente el
Ministerio, sino otras dependencias, de manera ilegal.

Todos esos hechos comenzaban a comprometer aún más la imagen del
gobierno de FHC.

Bastó que los trabajadores rurales de la región de Buritis/MG, ocuparan,
una vez más, la hacienda que ora es de FHC ora es de sus hijos, para que
el gobierno encontrase una salida milagrosa.

Inmediatamente copó toda la prensa, amplificó el episodio como si fuese
la caída de la Bastilla. "Se trata de bandidos, terroristas", proclamó
el Ministro Jungmann. "La democracia está en juego", alertó el General
Cardoso. El ministro Aloysio Nunes, ex colega en el PCB del diputado
José Dirceu, se quedó con la tarea de culpar y acorralar al PT.

Ya el secretario general de la Presidencia, Arthur Virgilio, expresó los
propósitos del gobierno: aprovechar la ocupación de la hacienda para
tratar de herir de muerte al MST, como hicieran con el movimiento
huelguista de los petroleros en 1995.

La ocupación de la hacienda de Buritis se debe, únicamente, al desprecio
con que el gobierno viene tratando a aquellas familias. En los últimos
seis años, en lugar de resolver los problemas de las familias acampadas
y asentadas, el gobierno generó inseguridad, desacreditó los canales de
negociación -incumpliendo sistemáticamente los acuerdos- y se mostró
totalmente insensible a los problemas de aquellas familias. Humillados,
decidieron movilizarse para ser escuchados. Los excesos cometidos en la
movilización, reconocidos por los propios trabajadores, no pueden
sobresalir por sobre las causas que motivaron la movilización. Incluso
porque esos excesos también son resultantes del trato que el gobierno
dispensa a los trabajadores. Hace tiempo alertamos que las constantes
mentiras contadas por Jungmann, maquillando los números de la Reforma
Agraria, servirían tan solo para engañar a la sociedad, mas no
contribuirían en nada para resolver los problemas sociales.

No hay prueba más real de las mentiras del gobierno y su forma de tratar
a los trabajadores, que el pedido de dimisión de la señora María de
Oliveira y del Juez Gercino da Silva, que prefirieron la dignidad al
empleo. Cansados de tantas mentiras. Y eran los asesores especiales
del Ministro, recorrían Brasil resolviendo conflictos sociales.

El gobierno se sirve de una prensa servil para desviar la atención de la
opinión pública de las graves denuncias que se agitan sobre Brasilia,
para colocar a los sin tierra como culpables de todo.

Mas la historia muestra que la realidad y la verdad siempre prevalecen.
Y el resultado puede ser el opuesto. Son innumerables las entidades,
organizaciones y personalidades que han prestado solidaridad y apoyo,
condenando enfáticamente la actuación del gobierno y de la PF en el
episodio. Los trabajadores saben que solamente conquistaran sus
derechos a través de las movilizaciones y luchas.