Redacción Central, 26 feb (PL) Un día por la patria, la gran marcha promovida contra el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos, demostró hoy la magnitud de la más amplia alianza popular conformada en esa nación centroamericana.

La defensa de la soberanía y de la institucionalidad impulsaron a miles de ciudadanos de todos los sectores a participar en la protesta, comparada por algunos con las acciones destinadas a expulsar a las tropas del filibustero norteño William Walker, en 1856.

Imágenes difundidas por televisoras locales y extranjeras dieron razón a los organizadores del movimiento, quienes vaticinaron un proceso de unidad en la diversidad, superior al registrado contra la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad, en 2000.

Estudiantes, agricultores, indígenas, docentes, académicos, investigadores, trabajadores de los sectores Público y Privado, parlamentarios, sacerdotes y religiosos de varias denominaciones, transportistas, políticos y otros, concurrieron.

Esto probó una vez más la polarización de la sociedad por efecto de la polémica alrededor del tratado y dejó pocas dudas sobre el carácter general de la lucha pacífica orientada a alcanzar su desestimación en Costa Rica, como argumentó antes el politólogo Alberto Cortés.

La creciente aglutinación de fuerzas contra el documento responde a la inclusión, sin posibilidades de diálogo, de temas cuestionables como armas, telecomunicaciones, propiedad intelectual, biodiversidad, seguros, agricultura, educación o políticas de desarrollo.

En medio de tan álgido debate está en juego también el prestigio del antes presentado como ejemplo de democracia en Latinoamérica, donde las amenazas contra los opuestos al convenio se multiplicaron en las últimas semanas.

Una carta enviada por el Movimiento Estudiantil Alternativo (MEA) a la Defensoría de los Habitantes, fechada el 24 de febrero, denunció actos de este tipo incluso en los centros educativos y demandó una investigación de la entidad para definir responsabilidades.

La misiva, difundida por el grupo de internautas La voz del pueblo, precisó que directores de escuelas hacen listas de los asistentes a marchas, prohíben informar o discutir sobre el tratado y amenazan con expulsar o demandar judicialmente a sus detractores.

En igual orden, el MEA reiteró que la represión continúa en Costa Rica y advirtió sobre las posibles represalias que podrían tomar las autoridades contra los miles de jóvenes sumados a estas protestas, en medio de una coyuntura sin precedentes en la historia local.

La denuncia coincidió con un correo electrónico circulado por los directivos de la Cámara de Costarricense Norteamericana de Comercio, en el cual reconocían el manejo de informes de \"inteligencia\" sobre el desfile.

El comunicado, enviado por la asociación que en el ámbito del Combo ICE promovió la aprobación del proyecto destinado a legitimar la venta a particulares del sector de las telecomunicaciones, adelantaba que la policía preveía movilizar a seis mil efectivos este día.

Para el diputado José Merino es muy grave que la cámara empresarial reconozca que dedica recursos y esfuerzos al espionaje de los sectores sociales y que continúe en la tónica de asustar a la población con una campaña infundada de miedo.

Pero tales maniobras ni amedrentaron, ni impidieron otra gran jornada contra el tratado, similar a la registrada en octubre de 2006: muchos ticos se niegan a aceptar un acuerdo que consideran lesivo para su soberanía.

Poco importan a estos afirmaciones de funcionarios gubernamentales como Francisco Antonio Pacheco, presidente del Congreso, quien subestimó la incidencia del movimiento en la decisión legislativa al respecto, según reportes de Teletica.

Aunque la mayoría parlamentaria respalde la iniciativa, como todo parece indicar, los participantes en la protesta saldaron su deuda con el porvenir de Costa Rica y obligaron a la opinión pública a mirar otra vez hacia el otrora paraíso centroamericano.

Al gobierno de Oscar Arias corresponde ahora decidir entre el camino hacia el diálogo, para definir el rumbo que debe seguir el país, o la venta a las transnacionales del patrimonio de la nación.