El propósito de introducir cambios a la legislación de energía y telecomunicaciones surgió durante el gobierno de José María Figueres, cuando se conocieron los primeros proyectos de ley con ese fin. Pero fue Miguel Ángel Rodríguez quien decidió tomar las acciones para lograrlo. En noviembre de 1998, el Gobierno remitió al Congreso los tres proyectos de ley de energía, telecomunicaciones y modernización del ICE. El 4 de diciembre de 1999, la comisión especial legislativa que los estudiaba acordó desecharlos y acoger una propuesta única. El 20 de diciembre, de manera unánime, los diputados de la comisión especial dictaminaron el proyecto en forma positiva. El 21 de enero de 2000, el ex presidente Figueres pidió públicamente que no se aprobara el plan del ICE en primer debate, tal como estaba, y a esta intervención siguieron múltiples objeciones de grupos ambientalistas. El 20 de marzo de 2000, los diputados aprobaron en primer debate el denominado \"Combo del ICE\", lo cual desencadenó una serie de protestas en todo el país.

El 23 de marzo de 2000, miles de personas desfilaron hasta Casa Presidencial para pedir al Gobierno el retiro del plan sobre el ICE. El 3 de abril el presidente Miguel Ángel Rodríguez anunció el retiro durante 60 días del polémico proyecto para abrir un espacio de diálogo nacional. El 4 de abril, durante una negociación entre el Gobierno y sectores opositores al proyecto, se acordó conformar una comisión mixta que, además de diputados, incluyera representantes de distintos sectores sociales, quienes harían propuestas sobre el plan en un plazo de 150 días prorrogables. Finalmente, el 18 de abril, la Sala Constitucional anuló, por errores de procedimiento, la aprobación en primer debate del plan del ICE. El hecho de que el presidente retirara el proyecto de ley demuestra que no fue un grupúsculo de \"sindicalistas\" quienes se movilizaron, sino un segmento significativo de la sociedad.

Fue un hecho histórico. Ya la oligarquía costarricense y sus intelectuales neoliberales intentó imponer a los costarricenses la apertura súbita, forzada y total del ICE. Ya la Asamblea Legislativa demostró no ser el instrumento democrático idóneo para establecer la voluntad popular de los representados y votó unánime por un proyecto de ley que sería rechazado violenta y radicalmente por los ciudadanos. Ya los costarricenses demostramos que sin ser movidos por cabecillas comunistas, ni enceguecidos por la ignorancia ni el fanatismo, fuimos capaces de organizarnos de manera espontánea y firme, pacífica y rotunda, frente a un presidente indigno que entonces irrespetó al pueblo que lo eligió, y luego lo avergonzó con su codicia y sus actos cuestionados. Ya tuvimos nuestro gran plebiscito virtual, espontáneo y callejero, que dijo no a la apertura súbita, no planificada ni gradual y desmanteladora del ICE.

¿Por qué ahora el Gobierno envía nuevamente una ley igual o peor a la que arrastró al país a la inseguridad, a la zozobra nacional y a la paralización? ¿Por qué se actúa como si nada hubiera ocurrido en marzo de 2000? Todo parece evidenciar que la oligarquía insaciable que ha concentrado la riqueza creada por nosotros, los ticos, solo hizo una retirada estratégica y esperó agazapada durante seis años a que se presentara una buena oportunidad. Incluyó astutamente en el TLC un intento de apertura mitigada, pero ha descubierto que no será fácil lograr la aprobación del tratado, y ha preferido lanzarse directamente a aprovechar la violencia mayoritaria que ha impuesto en la Asamblea Legislativa, y aprobar un proyecto de ley fulminante, que deja al ICE vulnerable, desmembrado, atado de pies y manos, condenado a perder en el mercado frente a las poderosas fuerzas privadas.

La historia vuelve a repetirse. Se vuelve a utilizar a la Asamblea Legislativa para imponer por la vía de la legislación un cambio que los costarricenses no aprobamos. Esto es políticamente explosivo y peligroso. Cuando un gobierno que ganó las elecciones por unos pocos votos de diferencia fuerza las condiciones para que se legisle sin el consentimiento de una parte tan significativa de la población del país, ofrece a la opinión publica la evidencia de que los diputados y diputadas elegidos con el voto popular no representan a sus electores, sino que obedecen al Poder Ejecutivo. Cuando se rehuye o elimina el debate en un parlamento, ese órgano democrático deja de tener sentido, es como si se cerrara el congreso de los representantes, y las leyes emitidas por una mayoría formal se convierten en decretos sin la legitimidad que da la sociedad a través del debate y las enmiendas de los proyectos de ley que satisfagan a los disconformes y mantengan la armonía social. Ya todo eso lo vivimos en el año 2000.

Nuevamente, a golpe de tambor se obliga a los diputados a conocer a toda velocidad, sin la opción real de cambiar el proyecto para salvar y fortalecer al ICE como lo quiso entonces y como lo quiere hoy el pueblo de Costa Rica. De nuevo nos acercamos al abismo de una nueva confrontación entre un presidente que prefiere hundir al país en un caos social y político, y una ciudadanía que no se siente representada en las curules, y tiene que tomar las calles para expresar sus ideas y su voluntad. Esta vez, ya hay una experiencia social reciente y los sectores sociales movilizados no podrán ser neutralizados por una comisión autonombrada de representantes de nadie que detuvieron un movimiento social arrollador que iba camino a la destitución del presidente, como se lo merecía.

Está creciendo una cólera sorda y silenciosa que solo oímos los que queremos escucharla. Hay un malestar en la sociedad costarricense, que se ha ido alimentando con la crisis en torno al TLC, y que ahora podría estallar ante la evidencia de que hace seis años dijimos que no queremos que se desmantele el ICE. Sí queremos su modernización administrativa y financiera, su desarrollo técnico y el fortalecimiento de su regulación, y estamos de acuerdo con una apertura paulatina y bien planeada para que el ICE pueda desarrollar la capacidad de competir en el mercado abierto.

La cólera popular es fácil de desencadenar irresponsablemente, pero imposible de controlar una vez que escala niveles de violencia. Es doloroso que un hombre de estado tan experimentado, Premio Nóbel de la Paz, científico social, respetado por los costarricenses y por los extranjeros en todo el mundo, se exponga a salpicar su imagen y su administración, con el recuerdo y la comparación con un ex presidente desprestigiado y humillante para el país como Miguel Ángel Rodríguez.

Después del Combo, los diputados de todos los partidos presentaron un proyecto de ley para fortalecer al ICE, que recogía la sabia voluntad de los costarricenses, pero fue sepultado en el archivo. ¿Por qué en medio de la atmósfera de incertidumbre y congoja que recorre el país, el Gobierno no presenta ese proyecto corregido y actualizado para demostrarnos que respeta la voluntad popular expresada tan dolorosamente en las calles en aquellos amargos marzo y abril del año 2000?

Solo nos quedaría una esperanza. La oposición podría presentar un nuevo proyecto de ley que recoja las ideas del que se elaboró después del Combo, las sugerencias hechas por la UCR y las ideas que han venido madurando los tecnólogos y trabajadores del ICE para salvar a esa institución pública. Si ese esfuerzo supremo fallara, solo nos queda a todos, trabajadores del ICE y sectores sociales del país, repetir la hazaña y volver a las calles, a paralizar pacíficamente al país para defender la energía eléctrica y las telecomunicaciones que pertenecen a la Patria.

(La Prensa Libre)