La escalada en contra el régimen de libertades públicas, base esencial de los supuestos de las vivencias democráticas que el pueblo costarricense se ha dado, desde hace muchas décadas, viene alcanzando un punto cada vez alto, conforme se hacen más evidentes los designios del régimen autoritario de los hermanos Arias, de imponer sus políticas, mediante la manipulación totalitaria de la información, en especial aquella destinada a las grandes mayorías populares, contando para ello con la complicidad de los propietarios de los medios de comunicación más poderosos del país y, en caso de ser necesario, mediante la violencia y el terrorismo de Estado, por muy lejanos y apartados de la “tradición costarricense” que puedan parecernos.

El \"show mediático\" de esta semana, acerca de quienes serían los propulsores de la violencia, que culminó en los contenidos de la edición del noticiero del Canal 7, del día martes 13 de febrero, había comenzado a gestarse la noche anterior cuando un grupo de manifestantes, entre ellos algunos dirigentes sindicales, fue desalojado de las barras de la Asamblea Legislativa, por haber cometido el \"crimen\" de colocar cartelones en los vidrios que separan al público de los diputados. En ellos expresaban, sin ninguna clase de rodeos, su malestar contra el presidente de la República y el grupo de diputados, empeñados en imponernos una tramitación acelerada del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (e incluso de una reforma al reglamento de la Asamblea que cambia las reglas del juego para la tramitación del propio TLC, a mitad de camino), bloqueando toda discusión seria del tema y sin asumir la responsabilidad de las graves consecuencias que su aprobación conlleva.

Es más, sus actuaciones se exceden de las atribuciones que la constitución y las leyes les otorgan, dado el hecho de que dicho documento o protocolo jurídico viene a trastrocar todo el ordenamiento constitucional en nuestro país. En otras palabras, se nos pretende imponer por la vía de una ilegítima e ilegal modificación constitucional, implícita en los contenidos del TLC- una constitución y un modelo económico neoliberales, contrariando así el espíritu, de la Constitución de 1949, todavía vigente y que sólo el soberano puede modificar, de una manera tan drástica, por la vía del sufragio universal.

Se trataba entonces de una legítima acción de protesta ante la consumación de una abierta e ilegítima decisión, impuesta por el directorio legislativo que priva al pueblo soberano, el único depositario de la soberanía de la nación, de la posibilidad de conocer los alcances efectivos de una decisión tan grave, al pretender forzar y acelerar la tramitación legislativa del TLC, ya que discusión verdadera sobre este tema, por así decirlo, no ha habido, al mismo tiempo que deja a ese pueblo soberano en estado de indefensión. Al día siguiente el periodista Ignacio Santos, el arzobispo de San José y el presidente de la República se unieron para expresar su \"censura\", ante el público televidente, acerca del \"comportamiento\" de lo que aquellos, a quienes calificaron como \"malcriados\", razón por la que no representan la manera de conducirse, propia de los costarricense, en vez de censurar la conducta autoritaria y represiva de unos gobernantes, cuya epidermis se ha tornado sensible en exceso a la crítica.

Por desgracia, en este país quien no actúa como un siervo menguado e impide que lo atropellen se convierte en un \"malcriado\", dentro de la visión que quieren imponernos los sectores dominantes para que aceptemos sus atropellos. El lamentable y ya aludido \"show mediático\" de Santos, Arias y el Monseñor de San José que pudo verse en la edición del mediodía del noticiero Canal 7, del martes 13 de febrero, nos recordó, no sin alarma, al universo totalitario de la novela \"1984\", del novelista inglés George Orwell, con sus \"minutos del odio\" que eran transmitidos, todos los días, por la telepantalla para manipular los sentimientos de una población que se hallaba totalmente indefensa, desde el punto de vista cultural y política, poniéndola en un estado de exaltación que la situaba en un estado de guerra permanente.

Es así como, el ya insignificante espacio reservado al público, interesado en presenciar y de alguna manera tomar parte en las sesiones parlamentarias, dentro en el edificio de la Asamblea Legislativa, se vio aun más menoscabado por las acciones represivas del presidente de ese poder, Francisco Antonio Pacheco. Con la prepotencia habitual que muestran algunos cortesanos encaramados en las estructuras de poder ordenó quitar y romper los carteles con que el público presente, dentro del reducido espacio que se le ha destinado, desde hace ya muchas décadas, expresaba su malestar con la actitud irresponsable del grupo de diputados que sin ningún tipo de análisis y discusión verdadera pretende imponerle al pueblo costarricense la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC CAEU-RD) y una serie de proyectos que implican la apertura a la \"competencia\" privada en el campo de las telecomunicaciones y de los seguros, la aprobación de perniciosos acuerdos en materia de propiedad intelectual y otros aspectos que afectarán, de manera, a la institucionalidad costarricense.

Concluimos, por ahora, instando a nuestros compatriotas a reflexionar acerca de por qué hemos venido afirmando que la democracia costarricense se encuentra amenazada de muerte...No podemos quedarnos sentados pensando que en este país no está ocurriendo nada y que se continúa jugando con las reglas democráticas, salvedad hecha de sus más que evidentes limitaciones, establecidas a partir del pacto social que permitió el modus operandi de nuestra democracia, durante las décadas que siguieron al último conflicto armado de nuestra historia contemporánea.