“Te convido a creerme cuando digo futuro”
Silvio Rodríguez

Como ningún otro conflicto en la historia reciente de Costa Rica (al menos desde mediados del siglo XX, cuando se produjo la última guerra civil), la lucha en torno a la ratificación o rechazo del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos1, (1) ha llevado al máximo las contradicciones propias del desarrollo histórico de la sociedad en nuestro país, y muy especialmente las de su régimen institucional. Aunque a lo largo de las últimas seis décadas han habido importantes conflictos, que incluso llegaron al borde de la insurrección popular (2), la situación actual es inédita y su adecuado análisis debe situarse en la perspectiva de largo plazo que nos ofrece el desarrollo de la Segunda República, instaurada en 1949 mediante una Asamblea Constituyente, de sus supuestos societales y de su devenir económico, político y cultural, que está llegando a su ocaso en la actualidad.

En términos muy esquemáticos, pero útiles para una caracterización inicial, diremos que el modelo de desarrollo económico e institucional que prevaleció en la Costa Rica posterior a la Guerra Civil y hasta los años ochenta, en lo que aquí nos concierne partía de los siguientes supuestos:

a) El capitalismo fue validado como la forma histórica de producción por excelencia, por lo cual se mantuvieron inalteradas las relaciones sociales y de poder que el mismo había creado en la sociedad costarricense y, en muchos sentidos, éstas se profundizaron. Por lo tanto, la nueva Constituyente no transformó las relaciones históricas de dominación presentes en la sociedad costarricense aunque les dio un nuevo correlato institucional.

b) La acumulación de capital sobre nuevas bases (3), en un país pequeño y con una economía basada en la agroexportación de dos productos básicos (café y banano), requería el aporte del Estado para el desarrollo de infraestructura y capacidades técnicas y humanas, incluyendo la creación de un mercado interno significativo.

c) El crecimiento económico debía estar acompañado de una mejoría real de las condiciones de vida de la población, como forma de asegurarse una mano de obra capacitada y saludable. El acceso de la incipiente clase obrera y del campesinado a la seguridad social, a la educación y a la cultura, entre otros bienes y servicios, se constituyó como uno de los ejes estructurantes y legitimadores del sistema y la ciudadanía.

d) Para sus promotores, la nueva situación creada habría llevado a la eliminación de los antagonismos de clase y, por lo tanto, la nueva institucionalidad reconoció la existencia de las organizaciones populares y del conflicto, pero dentro de un esquema que los reducía a sus aspectos puramente reivindicativos y económicosociales, con una explícita exclusión de cualquier contenido político.(4)

Tener en cuenta las premisas anteriores es necesario para ubicar adecuadamente el análisis relativo a la lucha contra el TLC, sus implicaciones actuales y sus potencialidades para el movimiento popular. Aunque un artículo como este puede ser más bien pequeño para abordar ampliamente esta temática, nos interesa provocar una reflexión más profunda, que ayude a calibrar mejor el momento que vivimos. Contrario al abordaje “milenarista” que suele estar presente en torno a la lucha contra y a la defensa de el TLC (5), aquí deseamos sostener que la ratificación o rechazo del mismo no resolverá por sí misma las contradicciones sociales actuales, sino que cualquiera de estos resultados abriría un nuevo momento tanto para la lucha popular por un país verdaderamente democrático e inclusivo, como para la recomposición de la clase dominante en su pugna por facilitar el camino para la acumulación de capital y la consolidación de sus privilegios. Así, trataremos de presentar algunos escenarios posibles con el fin de vislumbrar las posibilidades de acción que hay en el presente.

También es importante señalar que el presente artículo es una primera exposición de estas ideas, por lo tanto su orden no refleja todavía una prioridad temática estricta; más bien señalan inquietudes, caminos y sugieren una ruta para comenzar a hilvanar una posterior y más sólida argumentación.

Conflicto e institucionalidad en la Segunda República

En términos muy generales, y aún considerando importantes excepciones, podemos afirmar que uno de los rasgos más significativos de la Segunda República, fue su capacidad de procesar el conflicto interclasista por la vía institucional. El discurso político dominante tras la Guerra Civil, reflejo de los intereses de la nueva burguesía nacionalista y desarrollista, puso énfasis en una forma de dominación que traía el conflicto a un terreno dónde resolverlo, en lo sustantivo, de acuerdo con los intereses del capital (6).

En efecto, esto se resolvió mediante al menos las siguientes políticas o disposiciones: a) Creación de mecanismos institucionalizados para la negociación del conflicto, con la mediación ‘neutral’ del Estado, tanto en el ámbito administrativo como judicial;

b) Reducción del conflicto a su aspecto económico-social, con una explícita exclusión de cualquier contenido político;

c) Reconocimiento y registro de organizaciones sindicales, comunales y otras, delegado en el Estado;

d) Creación de condiciones favorables para la creación y/o consolidación de organizaciones obreras o populares afines al nuevo modelo, con las que se desarrollaron vínculos orgánicos más o menos significativos (7);

e) Prohibición –o limitación extrema, de la huelga.

Estas cinco disposiciones favorecieron el control estatal del conflicto y disimularon el carácter de clase del mismo, aspectos esenciales del nuevo proyecto hegemónico, aunque es también necesario reconocer que ese control distó de ser absoluto y a lo largo de las cinco décadas que van desde los años cincuenta hasta el año 2000, diversos conflictos desbordaron o amenazaron seriamente el orden establecido.

Por otra parte, no debemos olvidar que después de la Guerra Civil, la represión, proscripción y persecución, por muchos años, del Partido Comunista y de las organizaciones obreras a él vinculadas (organizaciones cuyo papel en la transformación política y económica del país no ha sido suficientemente valorado todavía), fue un elemento central para la consolidación del proyecto hegemónico. Durante varias décadas después de la Guerra, la izquierda en Costa Rica o estuvo al margen de la legalidad o funcionó sujeta a limitaciones y obstrucciones de todo tipo, en el marco de la Guerra Fría. La proscripción de sus principales instrumentos políticos (el Partido Comunista y la Central de Trabajadores de Costa Rica, CTCR), por parte de la Junta Fundadora de la Segunda República, fue un paso importante para la consolidación de los nuevos poderes. Y aunque la izquierda logró recomponerse y alcanzó un importante grado de articulación en las décadas de los sesenta y setenta, no volvió a tener la significación sociopolítica que tuvo ante de los acontecimientos de 1948.

Volviendo a nuestro tema, si por un lado el nuevo Estado abría canales de negociación y diálogo con los componentes afines del movimiento popular, por otro adquiría cada vez mayor capacidad para satisfacer necesidades sociales, muchas de ellas fundamentales, todo lo cual confirió a su hegemonía, tal como la entiende Gramsci (es decir, como dominación de clase en un sentido amplio)(8), una significativa legitimidad popular. Los interlocutores de ese nuevo Estado, en sus años de oro, fueron los sindicatos del sector público, las asociaciones de desarrollo comunal, el movimiento cooperativo y más tardíamente el movimiento solidarista, regulados mediante el Código de Trabajo y otras leyes diseñadas por los aparatos del poder.

Como vemos, el desarrollo institucional al que hemos hecho referencia discurrió por caminos paralelos y convergentes: algunas instituciones ocuparon el papel de árbitros del conflicto (el Ministerio de Trabajo y los Tribunales de Justicia, por ejemplo), y otras tenían a su cargo la provisión de bienes y servicios que, mejorando las condiciones de vida de la población, contribuyeron de forma decisiva en la legitimación del modelo. Ahora bien, no estamos afirmando que la existencia de una determinada institucionalidad para procesar el conflicto redujera este último a un mero ritual burocrático; a lo largo de varias décadas, diversas luchas no pudieron ser mediatizadas por aquellas instituciones y desbordaron en un primer momento sus capacidades, llevando al gobierno incluso a una cruenta represión del movimiento popular, como en 1962, cuando el presidente Francisco Orlich ordenó la represión de una huelga contra el alza en las tarifas de la electricidad en Cartago, con un saldo de 3 personas muertas y más de 39 personas gravemente heridas. Pero llevada al límite, la institucionalidad pudo resolver satisfactoriamente, para los intereses dominantes, los principales conflictos vividos por el país, incluyendo la lucha contra ALCOA a mediados de los setenta y el alzamiento nacional del año 2000 contra el “Combo ICE”. (9)

Esa elasticidad institucional en materia de resolución del conflicto interclasista, no obstante, en el largo plazo no ha sido capaz de responder con la misma eficacia a la complejidad de los nuevos conflictos en una sociedad muy diferente a la de 1948. Sumado a esto, la evolución posterior del modelo socioeconómico bajo las premisas del neoliberalismo, a partir de los años ochenta, destruyó o socavó seriamente los logros antes dichos de la Segunda República e hizo que la legitimidad del bloque hegemónico se erosionara y fragmentara de manera profunda y progresiva.

En el transcurso de las últimas dos décadas, la institucionalidad costarricense desarrollada desde la Guerra Civil, ha perdido significativamente su capacidad de garantizar el binomio acumulación capitalista/control del conflicto y legitimidad. En virtud de un proceso cuyos momentos altos y bajos sería difícil resumir aquí, las instituciones y las leyes que aseguraban el manejo del conflicto, cada vez menos pueden contenerlo de manera efectiva y manteniendo a salvo la legitimidad de la dominación de la burguesía.

Y cuando hablamos del TLC la situación se agrava. ¿A qué se debe esto? Sin querer simplificar en exceso, consideramos que a la naturaleza misma del Tratado, que atenta contra dicha institucionalidad y la vacía casi por completo de contenido, tanto en lo relativo a las garantías económico-sociales que legitimaban el orden público (naturalizándolo), como a los mecanismos de negociación que normalmente encauzaron las disputas y enfrentamientos entre las clases sociales, disputas que se expresaron muchas veces como una ampliación de la ciudadanía. El TLC ‘transnacionaliza’ los supuestos de una institucionalidad pensada en el marco de una forma histórica del Estado-nación (la Segunda República), reventando en mil pedazos su lógica de funcionamiento interno. Nos permitimos plantear aquí una de nuestras hipótesis principales: que el conflicto y la polarización que se expresan en torno al TLC no podrán ser resueltos por la institucionalidad de la Segunda República, por el hecho simple y llano de que el TLC tiene en su seno un dilema irresoluble: es la negación misma de esa institucionalidad, cuyas premisas fundacionales de crecimiento económico y desarrollo social son radicalmente contradichas por el Tratado, cuyo diseño favorece de forma exclusiva a las corporaciones transnacionales y una inserción todavía más subordinada de nuestro país en la economía mundial, con las consecuencias ya conocidas y ampliamente divulgadas que esto traería consigo.

Por eso, los actores que expresan la polarización no se reconocen ya en las instituciones y la superación del conflicto solo puede alcanzarse de dos formas: o mediante la represión y la violencia ejercidas por el Estado10, con miras a salvaguardar los intereses de la élite, pero manteniendo y agudizando las causas profundas de la actual situación; o por la superación de la contradicción mediante la refundación del Estado-nación. Sin embargo, esto último demanda del movimiento social y popular el despliegue de unas capacidades organizativo políticas que, a pesar del grado de cohesión del movimiento anti-TLC, no están lo suficientemente desarrolladas, por lo que existe el peligro de que una eventual refundación del Estado-nación sea, como ya ha ocurrido antes en otros contextos de lucha popular, más una restauración que una verdadera mudanza. A esto haremos referencia más adelante.

Estamos en una situación límite y los caminos que, como sociedad, atravesamos en el pasado, no sirven para enfrentar la crisis contemporánea. Por otra parte, debemos reconocer que el momento que vivimos no es resultado de ninguna ‘singularidad costarricense’: es el mismo conflicto que subyace en las crisis y transformaciones vividas en los últimos años por países de la región tan diversos como México, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil y Argentina, por citar solo algunos, y que puede ser calificado como una crisis profunda del capitalismo y de su expresión neoliberal, tanto en el ámbito de la economía como, fundamentalmente, en el de la política.

El asalto de la derecha a la institucionalidad

En el contexto anteriormente descrito, el asalto a la institucionalidad no ha provenido de alguna fantasiosa izquierda que busca sumir a Costa Rica en el caos, ni de elementos subversivos enviados por Cuba para destruir nuestra democracia, imágenes a las que de forma tan burda como reiterada han recurrido la burguesía y sus representantes mediáticos para atemorizar a la población y minar su organización y su capacidad de lucha.

Por el contrario, el asalto a la institucionalidad ha venido de esa misma derecha que, como bien nos señalaba Engels hace poco más de un siglo, ha sido su defensora y guardián. En la medida en que la institucionalidad vigente deja de servir a los intereses de la burguesía costarricense contemporánea (que renegó hace ya mucho de cualquier intento de construir un país libre y verdaderamente democrático), de forma abierta y descarada esta misma burguesía procede a romper el orden que tan celosamente dijo defender.

No se trata aquí de hacer nosotros una defensa conservadora del orden vigente; de lo que se trata es de comprender qué es aquello con lo que la burguesía rompe y por qué lo hace: rompe con una determinada forma del Estado-nación y lo hace porque en ámbitos tan diversos como el régimen laboral, la seguridad social y la participación del Estado en la provisión de bienes y servicios, parte significativa de las instituciones y el marco legal costarricense son obstáculos para la plena realización del capitalismo neoliberal y de los intereses que en ello tienen empeñados las grandes corporaciones y sus socios criollos. Las nuevas condiciones para la acumulación de capital excluyen necesariamente la parte central del corpus institucional que hasta hace un par de décadas garantizaba su dominación política y su predominio económico. No les ha quedado otro camino que ser ellos mismos los abanderados de la sedición, con lo cual han también alterado profundamente las condiciones mismas de su hegemonía.

Pero también sabemos que esta ruptura no es nueva; en efecto, desde 1982 cuando se puso en marcha el Iº Programa de Ajuste Estructural, Costa Rica ha experimentado profundos cambios económicos, sociales, institucionales y legales, cuya culminación lógica y necesaria, desde el punto de vista de las élites, es el TLC. Pero para poder concluir el movimiento del péndulo, deben ser allanados los obstáculos que todavía quedan. En esta clave de lectura, hechos como la forzada reelección presidencial de Oscar Arias y las autoritarias disposiciones para votar el TLC, con fecha límite e irrespetando de pies a cabeza los procedimientos parlamentarios; las maniobras legislativas para modificar el reglamento así como la presión del gobierno para romper los monopolios públicos que todavía existen (violentando también los procesos internos del Congreso), adquieren una nueva dimensión porque son parte de un mismo y planificado asalto a la institucionalidad, perpetrado en nombre de esa misma institucionalidad y en supuesta delegación de un mandato popular11. El ejercicio cada vez más autoritario del poder se anunció ya a finales del 2005, cuando el entonces candidato Arias Sánchez señalaba que “La ingobernabilidad se ha adueñado de la administración Pacheco de la Espriella y por eso, las reformas importantes como el Plan Fiscal y el TLC no avanzan. Bajo esa premisa, creo que es mejor evitar el caos y la anarquía y promover la tiranía en la democracia, es decir, un mandato claro, con un líder que sabe qué es lo quiere y quiénes le pueden ayudar a conseguirlo”.12 Por todo esto, en un sentido solo aparentemente paradójico, uno de los componentes centrales de la lucha anti-TLC en Costa Rica ha sido la defensa de la institucionalidad del país. Pero no se trata de la institucionalidad en abstracto, sino de aquellas instituciones que hicieron posible el crecimiento económico con desarrollo social que vivió Costa Rica durante varias décadas, y que llegaron a formar parte de un imaginario colectivo muy arraigado que las identifica como baluartes de la ciudadanía: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y por supuesto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras.

Así, consideramos que la lucha por la preservación y mejoramiento de esas instituciones es un eje central para la articulación de una fuerza social anti-neoliberal, capaz no solo de derrotar el TLC, sino especialmente de formular con éxito, desde ahora y apuntando hacia un futuro próximo, un programa político que supere las contradicciones actuales. Esto es tanto más necesario, cuanto que el asalto de la derecha a la institucionalidad, ha hecho que dejen de existir las condiciones que hicieron posible el consenso institucional de las últimas décadas, creándose así las condiciones para que los movimientos sociales avancen en la construcción de nuevas potencialidades y configuraciones políticas, económicas y culturales que permitan perfilar un nuevo proyecto de sociedad. Es por eso que la cuestión de la derrota o ratificación del TLC tiene una particular importancia en la coyuntura histórica que vive el país y va mucho más allá que un simple debate sobre la política comercial.

Escenarios estratégicos para el movimiento social: Qué pasa si se aprueba el TLC, qué pasa si es derrotado

La eventual ratificación del TLC en el Congreso significaría, en el sentido más amplio del término, una involución social e histórica para Costa Rica. Esto queda claro cuando se estudian los trabajos de investigación y análisis de los más diversos especialistas, organizaciones e instituciones que se han referido al tema en los últimos cuatro años13. Sin embargo, no vamos aquí a referirnos a las consecuencias económico-sociales de la potencial aprobación del Tratado –o de su rechazo, sino que procuraremos poner la atención en un tema que no ha sido abordado aún: las repercusiones que un escenario u otro tendrían sobre el movimiento social costarricense, que hoy en día expresa una clara opción anti-TLC.

El movimiento social anti-TLC es amplio y complejo, pero es preciso reconocer que el mismo está poco cohesionado (o quizá sería mejor precisar que se encuentra coyunturalmente cohesionado pero orgánicamente disperso). Bajo distintos liderazgos y concepciones políticas, el movimiento reúne a sectores y organizaciones que confluyen en una misma lucha, pero sin compartir necesariamente objetivos y visiones de más largo plazo, en términos de un proyecto común. Además, participan del movimiento una se