En un operativo sin precedentes en Costa Rica, aproximadamente 30 miembros de la fuerza pública ingresaron en el edificio de la Asamblea Legislativa y forcejearon con los ciudadanos y ciudadanas que estaban en las barras hasta arrebatarles las mantas, carteles y marcadores que utilizaban para manifestarse en contra del TLC y la agenda complementaria. A la vez, uno de los oficiales cargaba consigo una cámara de video con la que filmó el rostro de todas las personas que allí estaban.

El incidente comenzó a eso de las 3:40 minutos del 12 de febrero cuando el presidente de la Asamblea Legislativa Francisco Antonio Pacheco mandó quitar las pancartas con que un grupo de costarricenses opuestos al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) se manifestaban.

Luis Serrano, de la Central Social Juanito Mora, narró lo sucedido: “Pusimos unas pancartas un poco picantotas, con denuncias fuertes y mandaron a quitarlas con la seguridad interna pero nosotros nos rehusamos y hubo forcejeo”.

Pacheco, por su parte, aclaró que los manifestantes empujaron a la vigilancia interna. “La vigilancia ha actuado con serenidad y de ninguna manera ha actuado de forma violenta”.

Por otra parte, al preguntársele por qué mandó quitar los carteles dijo que “el asunto de los carteles es discrecional, el presidente de la asamblea legislativa puede mandar a quitar los rótulos que son ofensivos”.

Por su parte, Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), indicó que el contenido de las pancartas se refería a denuncias relacionadas con la posesión de frecuencias de telecomunicaciones por parte de diputados (as, así como las parcelas del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) adquiridas irregularmente por los hermanos Arias Sánchez.

Explicó que “estas verdades le resultaron ofensivas a Pacheco, quien ordenó quitar las pancartas. Como nos negamos a retirarlas hubo forcejeo con el personal de seguridad interna”

Ante el forcejeo para quitarles las pancartas y la negativa de éstos a entregarlas, el señor Guillermo Murillo llamó al abogado y notario Jonathan Canales para solicitarle que levantara un acta de denuncia por las violaciones a la libertad de expresión a las que estaban siendo sometidos. Así lo expuso el mismo Canales, a quien no se le permitió ingresar en el Congreso.

“El señor Murillo me llamó para solicitar que me apersonara a la Asamblea Legislativa a levantar un acta por violaciones a derechos de quienes estaban en ese momento en las barras. Sin embargo, cuando llegué aproximadamente a las 4:05 p.m. se me impidió la entrada tanto a mí como a otras 6 personas. A pesar de las negociaciones que hicieron algunos de los manifestantes para dejarnos entrar la Jefa de Seguridad de la Asamblea Legislativa, Magally Camacho, se rehusó a dar el permiso”, explicó Canales.

Medidas innecesarias

El ciudadano Rónald Barrantes fue una de las personas a quienes se le negó el acceso a la Asamblea Legislativa, él narra su experiencia: “Llegué con otra persona y encontré el portón cerrado y con candado puesto, lo cual me extrañó porque el Congreso siempre está abierto al público. Llamamos a la persona de seguridad pero no quería bajar a abrirnos, por lo que recurrimos al señor Arturo Robles, quien por casualidad se encontraba en el pasillo; Arturo conversó con el guardia pero éste indicó que tenía “‘órdenes de no dejar pasar a nadie’”.

Mientras se daba la discusión por el impedimento de acceso de estas 7 personas, aparecieron 17 policías en la puerta de entrada al edificio quienes fueron llamados por la seguridad interna.

El capitán Mauricio Gutiérrez indicó que a ellos los llamó el Comisario Sáenz Paterson quien está a cargo de la seguridad dentro de la asamblea, explica que al parecer hay un problema dentro del edificio pero que hasta el momento no tiene órdenes concretas “hasta el momento no sabemos para qué nos llamaron” dijo.

Albino Vargas, secretario general de la ANEP, tildó de “excesivas e innecesarias” las medidas tomadas por el congreso y así se lo hizo saber a los 17 policías que estaban fuera tratando de dispersar a las 7 personas que pretendían subir a las barras.

Prensa confinada

Ante el impedimento de entrada de los 7 manifestantes, la prensa nacional reaccionó velozmente y varios intentaron ingresar a las barras para ver lo que estaba pasando. Aunque en un primer momento sí se los permitieron, después se les confinó a la barra de prensa y no pudieron salir ni presenciar el operativo policial que se llevó a cabo acto seguido.

La periodista de Radio Costa Rica, Carmen Robles, narró lo sucedido a la prensa durante este incidente. Según explica Robles, los periodistas fueron confinados a la barra de prensa y sus alrededores, se les impidió el acceso a las barras públicas tanto a ellos como a fotógrafos y camarógrafos.

Posteriormente, estos dos últimos lograron escabullirse y acceder al área de las barras y a la parte externa de la Asamblea Legislativa para retratar parcialmente lo sucedido, no obstante, no se permitió el acceso a la prensa al área donde se encontraban los 30 policías preparando el operativo para ingresar.

En su narración Robles indica que el edificio del Congreso se llenó por completo de policías y externó su angustia por el impedimento que tenían los periodistas de pasar al área donde se desarrollaba el conflicto para retratar lo que estaba sucediendo.

Irrupción histórica en el perímetro del Congreso

Minutos después del impedimento de entrada del abogado junto con otras 6 personas y del confinamiento de la prensa fuera del área de los sucesos, la fuerza pública nacional ingresó por primera vez al perímetro legislativo en un acto histórico y nunca antes visto. Su orden, dictada por el viceministro de seguridad, era desalojar al público que se encontraba en las barras.

Un contingente de al menos 30 oficiales de la fuerza pública nacional se agrupó en la escalera de acceso y prepararon el ingreso a las mismas. Luego subieron todos al sector y trataron de bajar por la fuerza a los manifestantes.

Mientras los policías estaban forcejeando con los ciudadanos y ciudadanas en las barras, éstos (as) gritaban a coro “este es el régimen de Oscar Arias” haciendo alusión al operativo de seguridad que se practicaba en su contra.

Al final la policía no logró sacar a los y las manifestantes, aunque sí les arrebataron las mantas, pancartas y marcadores.

COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TLC COSTA RICA-EE.UU

San José, Costa Rica

Comisión Prensa Internacional