Con la finalidad de obligar al gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso a negociar la
permanentemente postergada reforma agraria, el Movimiento Sin Tierra (MST) inició el 2 de mayo la "Jornada
de Luchas" con la movilización de unos 300 mil militantes que ocuparon o rodearon oficinas públicas en 20 de
los 27 estados del país. El régimen se inclinó por la respuesta policial - que al primer día de la protesta, en el
estado de Paraná, dejó un saldo de dos víctimas mortales y 300 heridos -, bloqueando las posibilidades de
diálogo con miras a aislar y desarticular al MST. Se abre el riesgo de que se incremente la violencia en el campo
brasileñó.

El MST sostiene que la medida se ha visto motivada por la indiferencia y falta de política del gobierno ante el
problema agrario, pese a que los propios estudios oficiales indican que el sector se encuentra en una situación
calamitosa, por efecto del modelo aplicado. El Foro Nacional por la Reforma Agraria y Justicia en el Campo
reveló que, en los últimos años, en Brasil han quebrado 900 mil pequeñas propiedades, con menos de 100
hectáreas. De las 700 mil propiedades del sector patronal, apenas 88 mil se muestran viables, mientras que de
los 4 millones de agricultores familiares tan sólo 700 mil tendrían similar posibilidad.

En el agro existe un empobrecimiento generalizado, sostiene el Foro, precisando que, en promedio, ninguna
propiedad de hasta 50 hectáreas consigue tener una renta mensual superior a un salario mínimo. 2 millones de
asalariados rurales perdieron su trabajo. El crédito rural que en la década del 80 alcanzaba aproximadamente 18
mil millones de dólares anuales, ahora se limita a 4 mil millones. La producción de granos se encuentra
estancada desde hace 10 años, en un nivel de 80 millones de toneladas. Como resultado de esta situación, se
estima un potencial migratorio, solamente de la Región del Nordeste, de aproximadamente 13 millones de
personas.

En materia de reforma agraria, el gobierno ha preferido la propaganda virtual antes que encarar la realidad pura y
dura, sostiene el Foro, precisando que "no es verdad que se haya asentado a 80 mil familias, en 1999. Los datos
oficiales del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) revelan que fueron asentadas
apenas 25 mil, a través de expropiaciones". Y acota: "El Ministro prefiere ir a la prensa creando nuevas salidas
milagrosas como la transferencia a los gobernadores estaduales de la responsabilidad del Pronaf, el ITR, el
Banco de la Tierra, la decisión de establecer los asentamientos y sufrir las presiones sociales. Todos los
estudiosos revelan que el Pronaf es insuficiente y sus condiciones son burocratizadas y desajustadas para las
necesidades de los pequeños agricultores y asentados. El ITR sólo se viabiliza si hay voluntad política de cobro
de las asignaciones federales, que puede cruzarlo con el catastro del impuesto a la renta y con otras formas de
control. El Banco de la Tierra no pasa de ser una ilusión, todas las entidades que trabajan en el campo están en
contra, menos el Ministro, el Banco Mundial y los hacendados".

Criminalizar la protesta

Ante la gravedad de la crisis social en la agricultura, desde el mes de abril, las diversas organizaciones del campo
se han venido manifestando con ocupaciones de tierra, marchas y movilizaciones, para pedir al presidente
Cardoso ser escuchados en una audiencia pública, en la cual aspiran proponerle que tan sólo se concreticen las
promesas del gobierno federal para la reforma agraria.

Sin embargo, la respuesta oficial fue criminalizar la protesta social, alentando a los gobiernos estaduales a
utilizar la Policía Militar para contener los reclamos de las organizaciones del campo. Y es así que, acciones de
violencia policial innecesaria se registraron sobre todo en Sao Paulo, Pernambuco y Paraná.

La Comisión Pastoral de la Tierra sostiene que el estado de Paraná, bajo la administración del gobernador Jaime
Lerner, se ha convertido "en un gran laboratorio, donde se ponen a prueba los nuevos métodos de cómo enfrentar
los terribles enemigos de la nación, los sin tierra. La policía realiza entrenamientos específicos para esto. La
barbarie con la que son tratados, inclusive torturas, registrada en grabaciones de vídeo de la propia policía, y
testificada por agricultores, periodistas, abogados, obispos y otras personas, es sistemáticamente negada por el
gobernador y las autoridades de seguridad del estado". Durante el año de 1999, hubo 2 asesinatos, 8 casos de
tortura, decenas de desalojos ilegales y 173 detenciones arbitrarias.

Sólo en los dos primeros meses de este año fueron ejecutados 12 desalojos violentos, con 96 detenciones y 46
heridos entre ellos mujeres y niños. El 2 de mayo, tales "métodos" de represión nuevamente fueron aplicados
cuando el grupo de Operaciones Especiales y la tropa de choque intervinieron para el impedir el ingreso de una
columna de autobuses con militantes del MST a la capital, Curitiba. 2 Muertos, 300 heridos y otro tanto de
detenidos fue el resultado.

Bajo estas condiciones, la impunidad se mantiene inalterable. Según los informes de la mencionada Comisión
Pastoral de la Tierra, en los 15 años de retorno constitucional fueron asesinados en el campo 1.169 personas,
entre líderes agrarios, sindicalistas, religiosos, abogados y hasta 2 diputados estaduales. De todos estos casos,
tan sólo 58 han sido juzgados en tribunales. Hubo 11 condenas. 8 de los condenados han fugado y sólo 3
cumplen la pena.

Campaña contra el MST

A la par de las medidas de fuerza para contener la protesta del agro, el régimen se ha empeñado también en
desplegar una gran operación mediática, contando para ello con el abierto respaldo de los grandes medios de
difusión, para tratar una vez más de desacreditar al MST, que Cardoso con dejo despectivo lo designa como "esa
gente", achacándole de ser antidemocrático y responsable de las protestas sociales.

Acogiendo una propuesta de diálogo formulada por el Ministro de Desarrollo Agrario, Raul Pinto Jungmann, el
MST remitió una carta al presidente Cardoso para pedirle una audiencia destinada a tratar los problemas
relacionados con la agricultura brasileña. En ella, los sin tierra le puntualizan cuáles son las raíces de las
protestas, anotando que: "El Modelo agrícola adoptado por su gobierno, las medidas que de él se derivan, la falta
de eficacia de la política de distribución de tierras y el desmantelamiento que viene sufriendo el INCRA, es lo
que ha generado cada vez más pobreza en el campo, lo que lleva a los trabajadores a organizarse y luchar por sus
derechos. Por eso, en este momento existen más de 500 acampamentos con más de 100 mil familias acampadas
en todo Brasil. Y son trabajadores que se organizan no sólo en el MST, sino muchas veces de forma espontánea
o apoyados por su sindicato de los Trabajadores Rurales, por la CPT, y por otros movimientos sociales,
inclusive el MAST de Sao Paulo, que está vinculado a su partido, el PSDB (Partido de la Socialdemocracia
Brasileña)".

Ante la persistencia de las acusaciones presidenciales, el dirigente Gilmar Mauro fue más tajante, al señalar:
"Qué moral tiene FHC y su gobierno para cuestionar al MST, cuando ha sido ampliamente divulgado que se
compraron votos de parlamentarios para garantizar la Enmienda Constitucional para la reelección; cuando
entrega más de 9 millones para socorrer banqueros en quiebra; cuando emite más de 1.000 medidas
provisionales; cuando autoriza a los gobiernos estaduales a utilizar la violencia militar contra los Sin Tierra,
incluso teniendo sobre sus espaldas la masacre de Eldorado de Carajás; cuando esta misma policía sitia a los
trabajadores rurales sin tierra, prohibiéndoles protestar".

Una apuesta por la violencia

En este ambiente polarizado, el 2 de mayo el MST inició las vigilias y ocupaciones de establecimientos
públicos, en su mayoría del Ministerio de Hacienda, para presionar por el establecimiento de un diálogo directo
con el mandatario y el frente económico. El pedido se debe a que en el curso del año las organizaciones rurales
han tenido numerosas audiencias con diversos estamentos del gobierno, sin resultado alguno, pues los
responsables gubernamentales, si bien han reconocido que las demandas son justas, han coincidido en señalar
que nada pueden hacer sin la decisión de los Ministerios del área económica.

Las reacciones de rechazo a la violenta represión policial registrada en el estado de Paraná, aceleraron la
intervención de diversas bancadas parlamentarias para propiciar un diálogo entre el gobierno y el MST. Para
facilitar el proceso, los militantes de esta organización comenzaron a desalojar las dependencias ocupadas, pero
antincipando que se mantendrán frente a ellas hasta que se reestablezca la interlocución con el gobierno. Pero
éste replicó con un paquetazo de medidas que pone por delante la represión y criminalización de la protesta
social, con particular dedicatoria al MST.

La primera medida anunciada autoriza la intervención de la Policía Federal para frenar las ocupaciones de tierra,
pues a juicio de Cardoso varias policias estaduales no han actuado con la dureza necesaria. También determina
que "tierra invadida" no sera afectada en un período de años, pudiendo ampliarse a 4 si hay reincidencia. Además,
establece elevadas multas para las "invasiones fraudulentas", con la pérdida del catastro de quien promueva la
ocupación. Mas no propone ninguna medida concreta para hacer la reforma agraria. Por este camino, el régimen
está empujando a un incremento de la violencia en campo.