En la mesa de Migraciones y ciudadanía se propuso instituir una Cédula de Identidad única que identifique a los ciudadanos de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) y permita la libre circulación y residencia en los países que conforman la comunidad. Además, se planteó la creación de una Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes, especialmente en zonas fronterizas.

Otras propuestas de la mesa son: Promover una legislación que propicie un trato igualitario de los emigrantes con los nacionales de cada país, permitiendo el acceso al derecho al trabajo, la educación, a la salud, etc. A su vez, propender en los países de la Comunidad a una difusión de los derechos de los mismos como así también en la inclusión de la Seguridad Social; eliminación de los impuestos sobre las remesas que los emigrantes envían a sus países de origen; denuncia del trabajo esclavo, tráfico y trata de personas, especialmente de los niños, adolescentes y mujeres, y contemplar como causal de migración a la orientación sexual, reconociendo los derechos a las diversidades sexuales.

Se plantó también la incorporación del tema de refugiados y desplazados ya que varios países de la región no poseen legislación al respecto; alfabetización, capacitación y educación a los emigrantes;

asistencia integral (psicológica, jurídica, entre otras) por parte de los Estados receptores; creación de Consejos de Consultas de Gobiernos y sensibilización y control social de los Diplomáticos;

Propuesta Punto 18:

Como consecuencia de las políticas neoliberales y de ajuste aplicadas en la región, millones de personas se ven a diario obligadas a emigrar en la búsquedas de alternativas para su vida.

Consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar. Aspiramos a una integración regional basada en otro modelo que adopte medidas contra las discriminaciones y que margine a los migrantes, las diversidades sexuales y genéricas. Al contrario de una visión reduccionista de las y los emigrantes como simple fuerza de trabajo, afirmamos que son personas y no mercancías y, por tanto, deben tener garantía de todos los derechos que les permitan desarrollarse y ejercer plenamente su ciudadanía en el goce de derechos de la seguridad social, laborales, sociales, culturales, económicos, civiles y políticos.

Solicitamos no sólo una libre circulación sino libre residencia de los ciudadanos de los países que conforman la CSN, creando un espacio sudamericano sin fronteras, fomentando una ciudadanía activa y participativa.

Denunciamos el tráfico y trata de personas, como así también el trabajo esclavo dentro de los países de la CSN, especialmente de niños, adolescentes y mujeres.

Exigimos que los países que no han ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas lo hagan a la brevedad y que aquellos que la ratificaron, la reglamenten y la pongan en práctica, como así también el Convenio 143 de la OIT y el Convenio 49 contra el Tráfico de seres humanos.

Reconocemos que la gestión migratoria es diferente a la protección de los refugiados y desplazados, pero que ambas se complementan, solicitando a aquellos países que no poseen legislación específica al refugio la propicien.

No se puede continuar con las políticas orientadas a criminalizar al inmigrante y caratularlo de "ilegal", eliminando la idea que la migración debe ser asociada como tema de seguridad. La CSN debe desarrollar políticas que garanticen libre circulación y residencia a los emigrantes y acciones compartidas para luchar contra la pobreza y la marginalidad asegurando a los habitantes de cada país las condiciones para desarrollarse plenamente y con bienestar.